Medio ambiente

Vía libre del Consejo de Estado al Plan del Tajo que reducirá al mínimo el trasvase de agua a Alicante

Los miembros avalan por unanimidad todos los planes hidrológicos de España que se aprobarán la próxima semana en Consejo de Ministros

El agua que llega del Tajo comenzará a recortarse a partir de febrero.

El agua que llega del Tajo comenzará a recortarse a partir de febrero. / Tony Sevilla

F. J. Benito

F. J. Benito

Sentenciado. El Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno aunque sus decisiones no sean vinculantes, ha dado su visto bueno este jueves al Plan Hidrológico del Tajo que, de esta forma, pasará a un próximo Consejo de Ministros para aprobarse sin recortar un solo metro cúbico el caudal del Tajo y sin incluir, de nuevo, la disposición que abría la puerta a negociar a la baja en 2026 al cantidad de agua del caudal ecológico del río, que será de 8,65 m³/ segundo, recortándose así el agua del trasvase en más de 100 hm³ al año. Duro revés para los regantes, empresarios y los 35 ayuntamientos de la provincia y para el Consell, lo que lleva Ximo Puig a llevar al Juzgado a la vicepresidenta Teresa Ribera, ya que la batalla política ser perdió hace meses. La ministra para la Transición Ecológica puede hacer caso a las observaciones que le ha trasladado el Consejo de Estado pero estas no son vinculantes.

El Sindicato Central del Regantes del Acueducto Tajo-Segura se muestra convencido de que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes el Plan del Tajo obviando las observaciones que se hayan podido incorporar al respecto y anuncian que unos 800 regantes estarán protestando frente al Palacio de Moncloa.

El Consejo de Estado no hace públicos los dictámenes hasta que el consultante, este caso el Ministerio para la Transición Ecológica, no lo hace público o se resuelve el proceso (en este caso también, al ser un Real Decreto, cuando el Consejo de Ministros apruebe el Real Decreto y este se publique en el BOE). Es entonces cuando el resultado de los informes se publica en el BOE y en la web. Quien sí puede darlo cuando quiera una vez lo ha recibido es el consultante, en este caso, el Ministerio.

El Consejo de Estado sostiene que es equivocado hablar de dictamen ‘favorable o desfavorable’, porque estos no son ‘blanco o negro’, si no que van analizando todo el texto legal que nos remiten y se realizan varias observaciones esenciales o no. Los dictámenes no son vinculantes y que se aprueban prácticamente la totalidad de ellos por unanimidad de toda la Comisión Permanente. Eso asegura el incorporar todas las sensibilidades y los conocimientos de los miembros de la Comisión.

El pleno del Consejo de Estado ha aprobado por unanimidad el dictamen del proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas y que incluye la modificación de los caudales ecológicos del río Tajo.

Además, también ha aprobado por unanimidad, entre otros asuntos, el proyecto de Real Decreto de los planes de ordenación del espacio marítimo de las cinco demarcaciones marinas españolas.

El informe preceptivo del alto órgano consultivo incorporará los comentarios realizados por los consejeros y será enviado esta misma tarde al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, según han confirmado a Europa Press fuentes del Consejo de Estado.

Una vez que el dictamen esté en el departamento que dirige la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ese departamento tendrá que estudiar e incorporar al proyecto de Real Decreto los comentarios de la institución.

Así, una vez modificado el texto, los planes de cuenca para el tercer ciclo de planificación 2022-2027 se elevarán al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva y posterior remisión a la Comisión Europea, con retraso, ya que España debía haberlo hecho antes de finalizar 2022.

En concreto, el Real Decreto contempla la planificación hidrológica de las demarcaciones Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, SeguraJúcar, así como de la parte española de los ríos internacionales, compartidos con Portugal: Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana; y con Francia: Cantábrico Oriental y Ebro.

El complejo expediente analizado por el Consejo de Estado sumaba entorno a 5.000 folios entre los que figura la polémica modificación de los caudales ecológicos del trasvase Tajo-Segura, que han sido criticados por Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía y defendidos por Castilla-La Mancha.

El expediente del Real Decreto llegaba al Consejo de Estado con todos los documentos acumulados en su tramitación y con la petición de audiencia de las citadas comunidades autónomas, que discrepan fundamentalmente del establecimiento de caudales ecológicos en el río Tajo y que afectan a los volúmenes de agua transferibles de esa cuenca al trasvase Tajo-Segura.

El Gobierno remitió al Consejo de Estado su propuesta de Real Decreto y solicitó a la institución consultiva un dictamen por el procedimiento de urgencia con el fin de recibirlo antes del 20 de enero.

El trámite recayó en la sección octava del Consejo de Estado, que preside el consejero permanente Enrique Alonso García. El Pleno también ha analizado este jueves el proyecto de Real Decreto por el que se aprueban los planes de ordenación del espacio marítimo de las cinco demarcaciones marinas españolas, un asunto aprobado también por unanimidad y cuyo dictamen también será remitido este mismo jueves al Ministerio para la Transición Ecológica.

Para la Generalitat, el texto modificado "de manera unilateral" por el Ministerio para la Transición Ecológica, sin comunicar con anterioridad el contenido de ese cambio ni al Consell ni al propio Consejo Nacional del Agua, es el que finalmente llegó al Consejo de Estado.

La Abogacía de la Generalitat acredita que, con la actuación del Ministerio para la Transición Ecológica, “se han vulnerado los principios de seguridad jurídica, lealtad institucional, transparencia y buen gobierno”. Considera en su informe que no se ajusta a la legalidad el hecho de cambiar, posteriormente y sin aviso previo, un texto que fue sometido a votación y aprobado por el Consejo Nacional del Agua. Pide que se introduzca de nuevo la versión original de la disposición adicional novena sobre la fijación de los caudales ecológicos porque la nueva redacción adolece de “falta de criterio y rigor técnico”.

La Abogacía de la Generalitat llamó la atención en su informe jurídico sobre el hecho de que el nuevo texto del Ministerio mencione estudios y evaluaciones cuando, al mismo tiempo, fija previamente unos caudales ecológicos al alza sin ningún compromiso de establecerlos en función de un análisis previo, tal y como sí preveía la versión original suprimida a última hora por el Ministerio.

En consecuencia, la introducción de este programa de seguimiento al que se alude en la redacción modificada de la adicional novena, tal y como subraya la Abogacía de la Generalitat, “ha quedado totalmente desnaturalizada y se ha convertido en ilógica y inútil”, por lo que el nuevo texto enviado por el Ministerio al Consejo de Estado peca de “falta de criterio y rigor técnico”.

Así las cosas, y tras alertar de que la nueva redacción "cuestiona el trasvase y no tiene en cuenta los impactos económicos que ocasiona", señala que es indispensable recuperar la versión inicial de la disposición novena "para alcanzar la seguridad hídrica, ya que la propia instrucción de planificación hidrológica considera la necesidad de un análisis previo a la fijación de los caudales ecológicos en el plano”.

"Pase lo que pase continuaremos trabajando y dialogando para encontrar soluciones"

El presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, señaló horas antes de conocerse el visto bueno al plan del Tajo, que no tenía información sobre el dictamen que pueda el Consejo de Estado en torno al caudal ecológico del río Tajo, del que depende el trasvase al Segura, y subraya que "pase lo que pase continuaremos trabajando y dialogando para encontrar soluciones".

"No tengo ninguna información al respecto", admitió en Fitur antes de poner de manifiesto que el Consell ha presentado alegaciones pensando en el interés general y también en el de la Comunidad Valenciana, como no puede ser de otra manera".

Puig asegura que es respetuoso "con todos los estamentos de las instituciones y, por supuesto, también con el Consejo de Estado", y asevera que el plan A y B de su ejecutivo "es siempre el diálogo y buscar una solución para un 'agua para siempre'".

Para ello, busca "un 'mix' de todas las fuentes que tenemos a nuestra disposición" donde el trasvase Tajo-Segura "es irrenunciable como es también es fundamental la desalinización y todas las obras que lleva adosada en estos momentos la iniciativa del Gobierno. Por lo tanto, pase lo que pase continuaremos trabajando y dialogando para encontrar soluciones", ha apostillado el presidente.

"Con esta decisión se consuman los planes del PSOE para dejarnos sin agua"

Por su parte, el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, lamenta que "con esta decisión se consuman los planes del PSOE para dejarnos sin agua. La acción de Pedro Sánchez y la abstención de Puig nos terminan de condenar. En la mesa provincial del agua vamos a analizar esta decisión para tomar las decisiones oportunas y adoptaremos todas las medidas a nuestro alcance".

"En el Tajo nos quitan la mitad de agua para regadío, y el 20% del abastecimiento: la muerte del trasvase"

"Hoy se han aprobado los doce planes hidrológicos el Consejo de Estado, que han salido como han entrado y el martes se aprobarán en el Consejo de Ministros. Los tres planes que afectan a esta provincia, el Segura, el Júcar y el Tajo demuestran la incapacidad de los gobernantes de nuestro territorio. En el Tajo nos quitan la mitad de agua para regadío, y el 20% de abastecimiento: la muerte del trasvase. En el Júcar nos quitan el agua de Bellús, se lo dan a La Mancha y desaparece del plan el poder acceder a la compensación de la amortización, y en el Segura sale 400 hm3 de déficit incluidos los acuíferos sobreexplotado, que siguen sin solución", denuncia Ángel Urbina, portavoz de la Junta Central de Usuarios de Trasvase Júcar-Vinalopó y regantes también del Tajo-Segura.

Alicante y Murcia necesitan como mínimo 330 hectómetros cúbicos de agua trasvasada al año, lo que supone el 4,5% de la reserva que hay actualmente en la cabecera del río Tajo, que en su totalidad alcanza los 7.147 hectómetros en Entrepeñas y Buendía. La reserva del Tajo se encuentra al 64,65% de su capacidad total, mientras que la del Segura está al 33,95%.

La cantidad de agua que supone el trasvase Tajo-Segura es, según los regantes, que remarca, además, que es fundamental no solo para el futuro de la provincia, sino para el desarrollo medioambiental y social de España, por lo que insisten en exigir al Gobierno central que impere el sentido común y que escuche a “los expertos que son los que tienen que decidir, con criterios técnicos, sobre la planificación hidrológica nacional”.

ASAJA-Alicante, por su parte, muestra su tajante disconformidad a la decisión del Consejo de Estado en la que, por unanimidad, se ha dado el visto bueno al Plan Hidrológico del Tajo que consuma el recorte del trasvase Tajo-Segura. Además, lamenta que no se haya contemplado la disposición que abría la puerta a negociar a la baja en 2026 la cantidad de agua del caudal ecológico del río, que será de 8,65 m³/ segundo, recortándose así el agua del trasvase en más de 100 hm³ al año.

"La ministra ha apostado por la unilateralidad y la mentira y los ciudadanos deben saberlo"

"Lamentamos que un órgano que está concebido para dictaminar sobre las consultas que formula el Gobierno, velando por la observancia de la Constitución, la del resto de ordenamiento jurídico y por el correcto funcionamiento de la Administración Pública y de los Servicios Públicos, como expresión de los derechos de la ciudadanía, avale una decisión que va totalmente en contra del interés general de este país y sus ciudadanos, como es el reparto equitativo del agua entre comunidades". denuncia José Vicente Andreu, presidente de la organización agraria, y apoye un decreto cuyo coste va a ser el recorte en las transferencias del Tajo al Segura en 105 hectómetros cúbicos anuales; la pérdida de 6.300 empleos directos en Alicante y 9.000 en Murcia; de 27.000 hectáreas de regadío; y un coste económico que alcanzará los 5.692 millones de euros”, denuncia Andreu. 

“Nos hemos manifestado en la calle, hemos protestado en Alicante, Murcia, Almería y Madrid, hemos pedido la dimisión de la ministra Teresa Ribera, hemos informado a la sociedad sobre el alcance de este recorte y las graves consecuencias socioeconómicas que conllevará. Ahora, a las puertas de unas elecciones, consideramos que el ciudadano, la sociedad en general y los sectores productivos cuentan con toda la información para manifestar su repulsa ante una ministra que ha apostado por la unilateralidad y la mentira”. 

ASAJA Alicante acudirá al acto de protesta convocado por los regantes el próximo martes 24 frente al Palacio de Moncloa para seguir defendiendo la continuidad del trasvase.