Exigen 10.000 euros a dos canarios para no revelar que visitaban páginas de citas

La banda extorsionaba a las víctimas por medio de llamadas, mensajes de audio y vídeos amenazantes

Agentes de la Policía Nacional.

Agentes de la Policía Nacional. / LP / DLP

El Tribunal Supremo (TS) ha determinado que un Juzgado de Instrucción de Madrid investigue una trama de extorsión que, entre otras personas, ha afectado a un residente en Tenerife y otro de Arrecife de Lanzarote, a los que se exigía hasta 10.000 euros tras visitar páginas de contenido sexual.

La banda está integrada por cuatro personas y de la extorsión habrían sido víctimas, además de los dos canarios, otros cinco residentes en el resto del territorio nacional.

La primera denuncia fue presentada por un vecino de la localidad de El Ejido, en Almería, quien puso en conocimiento de la Policía Nacional un intento de extorsión después de que personas desconocidas le reclamaran dinero a cambio de no revelar que había estado navegando por páginas de internet de contenido sexual.

La exigencia se llevaba cabo por medio de llamadas y envío de mensajes de audio y videos amenazantes en los que se le reclamaba pagos que en el caso de este denunciante llegaron a sumar 2.800 euros.

Una vez iniciada la investigación se constató la existencia de un posible grupo criminal dedicado a cometer este tipo de delitos formado por cuatro personas con domicilio en Madrid, donde también estaban abiertas las cuentas y se recibía el dinero ingresados por los perjudicados.

Dado que la primera denuncia había sido presentada en El Ejido, un Juzgado madrileño consideró que era en esta localidad donde debían llevarse a cabo las investigaciones, lo que acaba de descartar el Supremo.

Hasta ahora lo que se sabe es que los investigados se ponían en contacto con personas que habían accedido por medios telemáticos a anuncios de citas o contactos de carácter sexual que finalmente no contrataban.

Entonces, bajo el pretexto de las molestias ocasionadas y el tiempo perdido, los investigados chantajearon y amenazaron a las víctimas, tanto con causarle daño a ellos como a su entorno familiar.

Por ello, exigían el pago de diversas cantidades de dinero que en algunos casos implicó el desembolso de hasta 10.000 euros por medio de una aplicación de móvil.

Las investigaciones han logrado identificar a un total de siete perjudicados que residen en distintos puntos del territorio nacional como es Jaén, Valladolid, Marín, Soria, El Ejido, Tenerife y Arrecife.

Todos ellos enviaron dinero a las cuentas abiertas en sucursales bancarias de Madrid, donde residen los integrantes del grupo.

Por esta razón, el Supremo cree que el tradicional criterio de la ubicuidad que se aplica cuando un mismo delito se comete en varias localidades diferentes a la vez, debe dar paso al determinado por el domicilio del autor, cuando coincida con el lugar donde se está llevando a cabo la investigación.

Este procedimiento, según el TS, puede resultar más operativo en los supuestos como el presente en el que los hechos objeto de investigación presentan en principio perfiles semejantes a los referidos con otras denuncias frente a las mismas personas y a las que se atribuye idéntica conducta y operativa.

Al respecto, se estima que la investigación será más eficaz si se realiza por un Juzgado del enclave donde tienen radicado sus domicilios los procesados y estaría constituida la pretendida organización y grupo que pretendía obtener los ilícitos beneficios. O lo que es lo mismo, Madrid en este procedimiento.