Canarias incrementa el servicio de teleasistencia a 12.000 dependientes

Las Islas se adelantan al cambio impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales para ampliar esta prestación

El servicio de teleasistencia es uno de los mejor valorados por los dependientes y personas de avanzada edad.

El servicio de teleasistencia es uno de los mejor valorados por los dependientes y personas de avanzada edad. / LP / DLP

Canarias incrementa el servicio de teleasistencia a 12.000 dependientes. La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias tiene previsto ampliar el servicio de teleasistencia hasta alcanzar a más de 12.000 dependientes de todo el Archipiélago. «Ya tenemos unas prescripciones técnicas preparadas que pretendemos contratar o hacer vía concierto social, se está estudiando la forma jurídica más adecuada para impulsar desde la Dirección General de Dependencia esa contratación o concierto de aproximadamente 12.000 teleasistencias en toda Canarias. Creemos realmente que es fundamental, y lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, que al menos las personas dependientes tengan esa prestación básica en las Islas y es en lo que estamos trabajando», explica Marta Arocha, directora general de Dependencia del Gobierno de Canarias.

Con esta acción las Islas se adelantan a la modificación que prepara el Ministerio de Derechos Sociales a la Ley de Dependencia que obligará a todas las comunidades autónomas a prestar este servicio primordial a todos los dependientes, independientemente de si reciben algún tipo de prestación u otro tipo de ayudas.

La memoria económica del anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia cifra en 32.536 los canarios con algún grado de dependencia y que no tienen teleasistencia

«Nosotros no podemos sino estar a favor de ese paso al frente que está dando. La cantidad de 32.000 a las que habrá que instalar la teleasistencia hay que depurarla un poco más porque de ellas hay que quitar las que está siendo atendidas en centros tanto en públicos como concertados que están siendo financiados por el Gobierno de Canarias a través de la prestación vinculada al servicio», subraya.

Seguridad

En la actualidad 3.500 dependientes de todo el Archipiélago cuentan con esta prestación considerada de primera necesidad y primordial, a través de los cabildos insulares. El primer objetivo del Gobierno de Canarias está en ampliar su alcance hasta las 12.000 personas aunque no descartan que pueda llegar hasta las 15.000 beneficiarias.

En la actualidad hay 3.500 personas con esta prestación que desarrollan los cabildos insulares

«No podemos olvidar que la telasistencia es una prestación complementaria con otra y no puede ser considerada como una prestación principal. La consideramos fundamental porque es una de las prestaciones mejor valoradas por los usuarios. Les da seguridad, tranquilidad y es, al menos, una prestación mínima que tienen que tener los dependientes siempre complementada con otras prestaciones», señala.

Esta prestación será compatible con una prestación económica, ya sea la vinculada al servicio o para cuidados en el entorno familiar. También lo será con la ayuda domicilio o con centros de día. Solo quedaría fueran los centros residenciales ya sean públicos o concertados ya que los dependientes con esta tipo de prestación se encuentran atendidos las 24 horas del día, por lo que no se hace necesario que cuenten con un servicio añadido de teleasistencia.

Además de contar con las prescripciones técnicas para poner en marcha la extensión de este servicio Canarias cuenta también con fondos para hacer frente a su coste. «Lo vamos a financiar con fondos europeos que tenemos una partida específica de 20 millones de euros para esa implantación de este servicio. Tenemos todo para poderla impulsar, tenemos las prescripciones técnicas, los fondos y solo falta una cuestión técnica que es definir que herramienta jurídica vamos a utilizar», explica. A nivel nacional el Ministerio de Derechos Sociales eleva hasta los 165 millones de euros el coste de ampliar la teleasistencia a más de 900.000 personas. Este coste tendrán que sufragarlos las comunidades autónomas.

Más cambios

La extensión de esta prestación no es la única modificación que prevé el Ministerio de Derechos Sociales. Hasta ahora las comunidades autónomas contemplaban una prestación económica para que el dependiente contratará un asistente, el cambio promoverá que sean las regiones las que ofrezcan este servicio de carácter público o concertado para ayudar a las personas dependientes no solo con las tareas relacionadas con su educación o trabajo, sino también con cualquier labor de su día a día. 

El otro gran cambio que plantean está relacionado con la eliminación de la incompatibilidades entre prestaciones, dentro del catálogo de servicios que recoge la ley. Hasta ahora solo se podían compatibilizar servicios o ayudas con la teleasistencia y los planes de promoción de la autonomía personal. Esta última modificación no tendrá impacto directo en el caso del Archipiélago al haber eliminado estas incompatibilidades con la Ley de Servicios Sociales del 2019.

Quedan fuera de esta cobertura los dependientes que tengan plaza en alguna residencia

«En las Islas son compatibles todas esas prestaciones, podemos tener una prestación económica para cuidados en el entorno familiar que es perfectamente compatible con un centro de día o con una ayuda a domicilio. En Canarias sí existen esas compatibilidades y creo que es algo positivo con respecto a otras comunidades autónomas. Nosotros sacamos normalmente prestaciones económicas en su doble vertiente, tanto para cuidados en el entorno familiar o vinculadas al servicio pero siempre se compatibilizan con algún servicio público porque la ley de Servicios Sociales en Canarias lo permite. Me parece perfecto que el estado lo haga extensible al resto», apunta Arocha.

Presupuesto

La modificación prevista también plantea seguir con el cambio de filosofía de mantener el máximo tiempo posible a las personas dependientes en sus entornos familiares y hogares, un cambio de paradigma que cuenta con el respaldo de las empresas del Tercer Sector. A todos estos cambios se suman un incremento de las intensidades de la ayuda domicilio y los importes de las ayudas económicas.

«Este año se han incrementado en casi 700 millones de euros la partida para dependencia a repartir entre las comunidades autónomas. Es una apuesta que hace muy importante el Ministerio y que tenemos que utilizar. Tenemos un escenario muy importante y potente para poder atender a los dependientes. De hecho, los datos de Canarias del último año demuestran que ha habido un avance considerable gracias al esfuerzo de los trabajadores del área», sentencia.

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