Tráfico no permite renovar el carnet a una mujer de Canarias en quimioterapia

"Fue la primera vez que me hicieron sentir enferma. Según me argumentaron debido a los efectos secundarios, era un peligro para conducir", según alegó

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Imagen de archivo / LP/DLP

La Diputación del Común de Canarias remitirá al Defensor del Pueblo una queja presentada por mujeres con cáncer de mama que han denunciado la oposición de la Dirección General de Tráfico a que puedan renovar su carnet de conducir mientras se someten a un tratamiento de quimioterapia.

El diputado del Común de Canarias, Rafael Yanes, y la adjunta de Igualdad y Violencia de Género, Beatriz Barrera, ha conocido esta situación durante una reunión con la presidenta de la Asociación de Cáncer de Mama Amate, Carmen Bonfante, y con una tinerfeña afectada por esta enfermedad, Arahiza Moujir.

Ambas han comunicado a Yanes el problema que encuentran estas mujeres en tratamiento de quimioterapia para renovar el carnet de conducir ya que, según han expuesto en una nota de la Diputación del Común, la Dirección General de Tráfico no permite la renovación del permiso y ofrece como alternativa hacerlo durante un año siempre que se presente un informe favorable.

La tinerfeña afectada por esta situación, Arahiza Moujir, aunque presentó el informe correspondiente, ha señalado que Tráfico le renovó el permiso de conducir solo durante un año.

"Fue la primera vez que me hicieron sentir enferma. Según me argumentaron debido a los efectos secundarios, era un peligro" para conducir, indica en el comunicado.

También ha señalado que si la paciente está en tratamiento de quimioterapia y tiene un accidente, si no cuenta con un informe oncológico favorable el seguro del vehículo no se hace responsable.

La presidenta de Amate, Carmen Bonfate, ha indicado que el grupo de abogados de la Asociación recurrirá la normativa de la Dirección General de Tráfico.

Por consiguiente, Arahiza Moujir presentará una queja ante la Diputación del Común de Canarias y su titular, Rafael Yanes, la trasladará al Defensor del Pueblo de España, por ser competencia de la Administración del Estado, para que se cambie la Ley en este ámbito.