Los trabajadores de ambulancias de Canarias irán a la huelga indefinida el 17 de mayo tras fracasar las negociaciones con Sanidad

CCOO pide al Gobierno de Canarias que rescate el servicio para que sea prestado en su totalidad por las administraciones públicas

Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC)

Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) / 1-1-2 CANARIAS

Los trabajadores del sector de ambulancias de Canarias iniciarán una huelga indefinida a partir del próximo miércoles, 17 de mayo, tras no llegar a un acuerdo con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, informa el sindicato CCOO, y constatar en la reunión mantenida este viernes "el nulo interés de la Consejería de Sanidad y de las empresas concesionarias por resolver las múltiples deficiencias que ofrece este servicio esencial para la ciudadanía".

Los paros se llevarán a cabo cada miércoles en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y los jueves en la provincia de Las Palmas.

El Tribunal Laboral Canario volvió a convocar a las partes hoy para buscar un punto de encuentro que evitara la huelga de ambulancias en el ámbito de toda la comunidad canaria. Al encuentro asistieron las empresas concesionarias del servicio y una representación de Gestión Sanitaria de Canarias, pero no así del Servicio Canario de Salud (SCS), según CCOO, "a pesar de que le constaba la solicitud, por parte de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias, de rescatar el servicio para que sea prestado en su totalidad por las administraciones públicas".

Carencias del servicio en todo el Archipiélago

El SCS presentó el mismo escrito al Tribunal Laboral Canario, "sin molestarse en atender la nueva documentación aportada", lo que a juicio del sindicato, "muestra la desidia y el desinterés de la Consejería de Sanidad por la forma deficitaria en la que se está prestando este servicio en todas las Islas".

Por su parte, las empresas, continúan explicando CCOO, han argumentado que "no existe ningún incumplimiento, a pesar de las múltiples denuncias, sentencias judiciales y actas de la Inspección de Trabajo que demuestran todo lo contrario".

En opinión de FSC-CCOO, esta situación constituye "un manifiesto uso irregular del dinero público que no se ajusta a lo que recogen los pliegos de concesión del servicio", por lo que no descartan presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.