«El Código Ético refleja todos los principios y valores a seguir por toda la comunidad educativa, se configura como el elemento central de la cultura ética de una organización y del modelo de compliance penal, además de servir como punto de partida para elaborar el resto de políticas y procedimientos de cualquier organización», manifestó Antonio Abril Abadín en las jornadas nacionales sobre Tendencias y desafíos del compliance en la universidad española: hacia una cultura de integridad y buen gobierno, que se celebran en Maspalomas, organizadas por el Consejo Social de la ULPGC, la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas y la Fundación para Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público (Fiasep).
Antonio Abril, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, intervino, junto a Javier Camacho, doctor en Economía y Empresa por la Universidad Pontificia Comillas, Executive MBA por el Iese, Capability Development Program Coach, por la Universidad de Strathclyde (Glasgow), en la ponencia Cómo hacer un código ético en una organización. Aplicación a la universidad española.
En su intervención, explicó que el Código Ético no es «un documento meramente programático, sino un documento con vocación de generar obligaciones», que establece expectativas para las personas vinculadas a cada organización, además de medidas que «garantizan su correcta aplicación y constituye el vértice del árbol de políticas internas de cualquier organización». Abril manifestó que la finalidad de este se basa en: concretar y adaptar los requisitos legales y compromisos éticos adquiridos por cualquier universidad; uniformar los valores y cultura en el seno de la universidad; definir las conductas y patrones específicos de conducta para la comunidad universitaria y establecer los elementos precisos para facilitar su aplicación efectiva y garantizar el tono ético de sus actividades. «Para ello, las políticas en materia de compliance suelen elevar el umbral de exigencia en relación con el marco jurídico de obligado cumplimiento y reforzar el contenido de las normas de aplicación general», destacó.
