Las llamadas de emergencias a la sala del 1-1-2 para alertar de un posible caso de violencia de género no dejan de crecer en Canarias. El pasado mes de agosto, por ejemplo, se registraron 54 avisos diarios en las Islas hasta contabilizar 1.668 denuncias, lo que supone un 18% más de las situaciones de emergencia que se acumularon en el mismo periodo del año anterior.
El servicio dependiente del Instituto Canario de Igualdad (ICI) ha contabilizado 11.232 llamadas telefónicas en los primeros ocho meses de 2023, lo que reduce ligeramente a 46,2 las denuncias recibidas cada día: el aumento en relación al año anterior se cifra en un 13% (9.946 llamadas). En el último registro, Tenerife fue en agosto la Isla que más actividad generó en este apartado con 716 situaciones de riesgo [429 emergencias, 174 información y 113 urgencias] por delante de Gran Canaria, que sumó 651 [313 emergencias, 189 informción y 149 urgencias]. Por detrás de las dos capitales de provincia se situaron Lanzarote [98 emergencias, 17 información y 32 urgencias]; Fuerteventura [57 emergencias, 18 información y 12 urgencias]; La Palma [28 emergencias, 10 información y 24 urgencias] y La Gomera [2 emergencias, 1 información y 2 urgencias]. El Hierro fue la única en la que no hubo incidencias. Otro de los datos que dio a conocer ayer el ICI indica que 75 de las mujeres que denunciaron una supuesta agresión en agosto tenían alguna incapacidad.
927 emergencias
De las 1.668 llamadas al 1-1-2, un total de 927 fueron atendidas por los operadores como una emergencia, en 409 casos se solicitó información y 332 se trataba de una urgencia. En la interpretación de los cuadros se aprecia que el 70% de los agresores [denunciados] eran la pareja o expareja de la víctima, mientras que el 30% restante eran hijos, padres, hermanos, amigos o desconocidos. Para dar respuesta a estas amenazas la sala del 1-1-2 activó a 864 recursos policiales y 68 equipos sanitarios.
El 40% de las afectadas contactaron directamente con los operarios, el 25% fueron aletantes ocasionales, el 7% llegó tras una derivación del teléfono 016, el 4% por el servicio de vigilancia Atenpro y 3,5% por algún miembro de la familia de la persona agredida.
