Las personas consultadas coinciden en la idea de que la agresividad, la violencia o el conflicto han aumentado en nuestra realidad cotidiana, ya sea en el supermercado, en un hospital, en una calle con mucho tráfico o de madrugada en una zona de ocio nocturno. Muchos policías o guardias civiles tienen la sensación de que cada vez cuentan con más elementos en contra para evitar o prevenir actos delictivos.
Los sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil reclaman endurecer las penas por agredir a agentes, pues la progresiva reducción de las mismas desde 1995 les ha hecho perder el «principio de autoridad» ante muchos delincuentes y ciudadanos. Sin embargo, el catedrático de Psicología de la Universidad de La Laguna (ULL) Luis García considera que resulta necesaria una reeducación y campañas para inculcar valores como la convivencia o el respeto, ya que muchas personas no tienen en cuenta que un policía o cualquier otro funcionario es «la autoridad», sino que debe resolverle su problema de forma inmediata, que no está ejerciendo su función y que no tiene por qué frenarlo en sus intenciones.
Tanto numerosos policías como el citado profesor universitario coinciden en que las agresiones a agentes se han incrementado de forma notable durante los últimos años. Las causas pueden ser muy diversas, desde evitar pagar por una infracción penal cometida hasta por problemas de salud mental, miedo, frustración o malestar con la vida que se lleva.
García, director de la cátedra Organizaciones saludables, bienestar y creatividad en la ULL, matiza que tal aumento de episodios violentos no sólo los sufren policías, sino también profesores, médicos, enfermeros o vigilantes de seguridad, por poner unos ejemplos. Es decir, profesionales que trabajan de cara al público. Las discusiones o ataques pueden surgir en supermercados, centros educativos u hospitales. Aunque el profesor universitario admite que los policías afrontan estas realidades en «puntos críticos», es decir, en la vía pública, de madrugada, con varios implicados que han podido consumir alcohol o drogas, a los que se pueden sumar familiares, amigos o vecinos si se establece algún altercado con dichos agentes. Y, además, es muy probable que el suceso sea grabado y difundido en las redes sociales o medios de comunicación poco después, con lo que el funcionario acaba juzgado, casi siempre de forma negativa, por quienes ven tales vídeos. Para el catedrático, todos los ciudadanos deberían tener claro que un guardia civil o un policía es «un trabajador que está para darnos seguridad, no para imponer su criterio personal».
Marcos Santiago, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Canarias, dice que «el principio de autoridad lo tenemos totalmente perdido entre la juventud». Explica que agredir a un agente se puede saldar con el pago de una simple multa. Pero si el acusado se declara insolvente, ni siquiera llegará a eso. Para Santiago, esa realidad genera sensación de impunidad entre quienes les atacan, al igual que si el juicio tarda un año o más en celebrarse.
Ante esa decadencia de la percepción de «la autoridad», «los agentes hacemos lo que podemos; pero quien más pierde es el ciudadano» que quiere vivir seguro, «pues, si estoy desprotegido yo, cómo voy a defender a ese vecino del delincuente».
Illada (CSIF): «El malo no tiene nada que perder; los agentes sí: salud mental o recibir expedientes»
El secretario provincial de la Unión Federal de Policía (UFP) en Santa Cruz de Tenerife, José Delgado, apunta que, «con el paso del tiempo, más y más ciudadanos muestran una actitud hostil y de enfrentamiento hacia los agentes cuando estos sólo realizan su trabajo». «En lugar del respeto y la colaboración que se espera, sufrimos por la incomprensión de muchas personas, que no valoran ni contextualizan de forma adecuada nuestra labor», dice Delgado.
Jesús Illada, delegado sindical de CSIF y policía local de Santa Cruz de Tenerife durante más de 20 años, plantea que «el principio de autoridad es inversamente proporcional al de impunidad; cuanto más baja el primero, más sube el segundo». Opina que lo ideal es que haya equilibrio. Recuerda que, durante la dictadura de Franco, la balanza se inclinaba, sin oposición alguna, hacia el lado de los policías, fueran cuales fueran las circunstancias de la intervención. Y aclara que tampoco se trata de eso. En algunas intervenciones en la calle en situaciones de conflicto, según Illada, hay que tomar decisiones en un segundo o menos, por experiencia, instinto o necesidad de autodefensa. «Pero esas acciones son grabadas, analizadas e interpretadas al detalle», tanto por quienes ven los vídeos como por los jueces, indica. Muchos policías tienen más miedo a que los graben que a ser denunciados e ir a juicio.
Y algunos prefieren ser prácticos y quedarse «cortos» en su actuación antes que tener a jefes, políticos, ciudadanos y jueces en su contra, apunta Illada. Explica que un policía no tiene nada personal contra el delincuente, aplica los recursos que tiene a su alcance y respeta la Ley; «todo antes de usar el arma de fuego». Sin embargo, el malo sí que se toma esa intervención del agente como algo «muy personal» y «lo da todo» para evitar ser detenido, a la vez que puede tener problemas psiquiátricos, o bien haber consumido alcohol o sustancias estupefacientes.
Para el SUP, la impunidad crece si sólo hay multas, si no se pagan y si el juicio tarda en celebrarse
Para el portavoz del CSIF en la policía santacrucera, «el delincuente no tiene nada que perder, pero el agente sí: su salud mental, estabilidad laboral, noches sin dormir, expedientes de los mandos...». Y eso si, tras una detención o denuncia, no les reconocen por la calle o en un centro comercial y les propinan una paliza o causan daños en sus bienes, refiere Illada. Y lo peor sería ser identificado cuando van con su familia, matiza. Admite que ser agente de seguridad es «un trabajo vocacional, pero un trabajo al fin y al cabo».
Santiago comenta que todas las patrullas de la Policía Nacional deberían contar con pistolas eléctricas de inmovilización y cámaras que graben cada servicio con tales equipos, «pues ahora estamos en precario». Illada dice que la Policía Local de Santa Cruz cuenta con esos recursos de forma reglamentaria desde 2020, lo que valora de manera positiva para que haya información real de esos servicios.
