Una prueba de acceso a la administración autonómica genera indignación: “Es un insulto al opositor”

Meses y meses de preparación. Lecturas y relecturas, muchos subrayados, folios repletos de resúmenes y apuntes, estrés, ansiedad, aislamiento... Llega el final. El temido examen que tiene el poder de decidir un futuro laboral. Sesenta minutos para responder 50 preguntas tipo test que llenan 13 páginas. Extensas opciones que llegan a formar párrafos enteros, que varían en tan solo apenas unas pocas palabras, tensan y dificultan las elecciones. Mónica (nombre ficticio) no podía creer lo que tenía enfrente. Es personal de la administración de la comunidad autonóma de Canarias, se ha presentado a numerosas oposiciones en busca de la deseada plaza fija y nunca había visto nada parecido. Cuando acabó, sin tener siquiera tiempo de contestar todas las cuestiones, pudo comprobar que su percepción de que los contenidos no se adecuaban a las funciones a ejercer era generalizada entre los aspirantes. "Ha sido un insulto al opositor", sentencia.

El pasado 1 de octubre, los campus universitarios de Tafira (Gran Canaria) y La laguna (Tenerife) acogieron el primer ejercicio del proceso para seleccionar, por el sistema general de acceso libre, 64 plazas de administrativos (grupo C, subgrupo C1) de la administración pública de Canarias, para los que había un total de 11.440 personas admitidas en la convocatoria (que no son todas las que se presentaron), que suponen un ratio de 211 opositores por puesto. Y la prueba ha generado una gran indignación entre los opositores que consideran que su dificultad ha sido ridículamente desbocada.

211 aspirantes compiten por cada plaza de administrativo en la administración canaria

Mónica aclara que el examen directamente era "inviable", pero por lo "absurdo" del tipo de preguntas reflejadas que, a su juicio, ni siquiera implicaban una valoración del conocimiento del opositor sobre las materias exigidas. "Por mucho que haya estudiado una persona, eran preguntas inviables de contestar", ilustra Mónica.

En concreto, en la prueba se exigió un conocimiento forense de las disposiciones vigentes en la normativa y un ejercicio memorístico de alta intensidad. Sobre la parte ofimática, el nivel de las preguntas no se correspondía con las exigencias y conocimientos inherentes a las funciones o tareas a desarrollar por el personal.

Quejas

El sentimiento de injusticia entre los aspirantes se fue compartiendo por redes sociales y mensajería hasta el punto de que ya han presentado quejas ante la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y, una vez se publique la resolución de admitidos, si procede, pretenden acudir al Diputado del Común. "El examen debería repetirse porque es de vergüenza, no se ha valorado el conocimiento de la ley", resume Mónica.

De momento, ya el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) se ha pronunciado al respecto para pedir a la Dirección General de la Función Pública que se interese por esta prueba "y determinar si hubiera motivo para alguna acción por su parte" con el fin de garantizar que el personal que entra al servicio de las administraciones públicas cumpla con los principios de igualdad, mérito y capacidad en su justa medida.

En un comunicado, Sepca revela que desde el pasado día 2 de octubre, cuando se celebró la prueba, ha recibido numerosas críticas y quejas que, según resume, aputaban a que el ejercicio "contenía preguntas con enunciados excesivamente largos, de una dificultad teórica sobredimensionada y abundante exposición al fallo en las opciones de respuesta". Y sugiere que la pretensión de poner una prueba tan exigente obedece a la imposición de un cribado ante el alto número de aspirantes.

En este sentido, recuerda que la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público obliga a adecuar estas pruebas al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados, algo a lo que la propia Consejería se comprometió, es decir, reducir aquellos ejercicios que valoran los conocimientos sobre bases memorísticas en favor de los que puntúan sobre "la capacidad real de las personas participantes para asumir las competencias".

Suspensión de la prueba

Y todo ello ha sucedido después de que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) solicitara la suspensión de la celebración de la prueba ante los recursos de reposición presentados por aspirantes que resultaron excluidos de las listas y, por ende, no pudieron realizar el primer ejercicio el 1 de octubre. A juicio de la organización, no se debería haber celebrado el examen hasta la resolución de los recursos. Pero quienes están a la espera de una respuesta para saber si finalmente pueden optar a una plaza, si se estima faborablemente su recurso, serán citados para una convocatoria próxima.

El director de Función Pública del Gobierno de Canarias, Francisco Javier Rodríguez, ha defendido la independencia de los tribunales en las oposiciones y aclara que su intervención en este ámbito es limitada. Respecto a la indignación generalizada por el primer ejercicio del proceso de selección, Rodríguez ha reconocido estar al tanto de ello durante una entrevista en Radio Club Ser Tenerife.

"Como director, evidentemente, no tengo conocimiento previo de la prueba que pretende poner un tribunal a unos opositores. Yo tengo conocimiento de la prueba una vez que es realizada. El valor de la prueba vendrá determinado por los resultados, si impide o no que los aspirantes puedan continuar en el proceso", ha dicho Rodríguez.

En cualquier caso, recuerda que los opositores tienen la opción de impugnar preguntas ante el tribunal y, en última instancia, pueden elevar un recurso de alzada ante la Dirección de Función Pública. Sin embargo, Rodríguez ha sostenido que "el éxito de un proceso selectivo como este radica en que la totalidad de las plazas sean cubiertas dentro de la legalidad vigente y atención al mérito y capacidad", es decir, que "las plazas que se han convocado sean cubiertas" y "las mejores personas que se han presentado al proceso selectivo sean nombrados funcionarios de carrera".