El sindicato Anpe cuestiona la prohibición normativa del uso de móviles en las escuelas

Una decisión de la comunidad educativa o del gobierno. La prohibición del uso del móvil en los centros educativos es un debate que "está sobre la mesa" en la Consejería de Educación del Gobierno regional, tal y como reconoció el titular del área Poli Suárez, aunque matizó que cualquier decisión al respecto será consensuada con los centros, el profesorado y las familias, con el objetivo de que sea una iniciativa consensuada con la comunidad educativa.

En este sentido, el sindicato Anpe, mayoritario entre los docentes, se muestra reacio a que el veto sea impuesto desde la administración autonómica. "Entendemos que cada comunidad educativa debe tomar la decisión. No compartimos que se realice una prohibición de los móviles en todos los centros", expone Pedro Crespo, presidente de Anpe en Canarias.

Para defender esta postura, sostiene que hay docentes que usan esta tecnología para proyectos educativos, pedagógicos o para desarrollar su programación, por lo que si se impide su uso en la normativa, se "coarta esa libertad" en los centros.

En las Islas, la decisión de restringir el uso de los móviles corresponde a cada centro educativo, dando como resultado una amalgama de situaciones. Por ejemplo, hay institutos en los que solo está permitido si es con fines pedagógicos; para cualquier otra motivación, el alumnado recibe una anotación negativa e, incluso, el aparato puede ser requisado. Otros privan de su consumo durante toda la actividad lectiva, a excepción del recreo y, si se contraviene esta norma, el móvil queda confiscado hasta la salida.

Crespo aclara que Anpe no defiende un uso indiscriminado y, como analogía, plantea: "¿El alumnado se puede comunicar en el aula? Hay momentos en los que no. Si el profesor o profesora está explicando o hay un trabajo cooperativo en un momento determinado, no se puede estar hablando con tu compañero Ocurre igual con el uso del móvil".

A su juicio "es evidente" que se debe limitar en determinados momentos, en los que incluye tanto "las clases" como los recreos, "porque no socializan". Y cree que la mayoría de los centros "así lo tienen".

En Canarias aún no hay datos de los centros que implantan medidas para regular el uso del móvil, como sí ha ocurrido en Cataluña, donde el debate ha llegado al Parlament y el Govern ha impulsado un proceso participativo para elaborar un marco regulador consensuado con la comunidad educativa.

Desde septiembre, tanto la Asociación Española de Pediatría (AEP) y la Asociación Española de Protección de Datos (AEPD) pidieron abordar el uso de los móviles en los centros educativos en el ámbito nacional. En concreto, alertaron del aumento de casos de ciberacoso en los entornos escolares a través de la tecnología y defendieron que prohibirla contribuiría a reducirlos. Además, demandaron un pacto de Estado para llevar a cabo esta medida.

Además, desde un pueblo de Barcelona se ha iniciado un movimiento nacional de padres y madres a través de grupos de WhatsApp o Telegram que demandan la prohibición del uso de los móviles a los menores hasta los 16 años. La propuesta ya ha tomado forma en change.org, donde hasta este 14 de noviembre iba por 50.000 firmas. "Esta petición no se refiere únicamente a la prohibición de llevar el dispositivo móvil al centro escolar, puesto que en la mayoría de estos centros ya existe una regulación estricta y prohibición del uso del teléfono por parte de los alumnos. Se trataría de una prohibición total", aclara la propuesta.

Tres autonomías

En España solo tres comunidades autónomas tienen regulado en su marco normativo el uso del teléfono móvil en los centros escolares. Castilla-La Mancha fue la primera, en 2014, que incluyó en una ley su prohibición, permitiendo solo emplearlos en situaciones excepcionales y justificadas. En 2015, Galicia dio luz verde a un decreto para restringirlos durante los periodos lectivos. Y la Comunidad de Madrid ha sido la última: para el curso 2020/2021 también autorizó un decreto que solo abría el consumo de móviles en los centros educativos como herramienta didáctica o por razones de salud; además, también se permitía un margen a las escuelas para que puedan permitir el uso de estos medios.