El atasco judicial duplica los asuntos pendientes en los juzgados de Canarias
La Sala de Gobierno solicita once nuevos órganos judiciales para soportar la carga de trabajo
Nueve unidades esperan a empezar a funcionar desde hace dos años

Juan Luis Lorenzo Bragado, presidente del TSJ de Canarias, en la presentación de la memoria anual. / Miguel Barreto (Efe)
Irene Mederos
Canarias registró un aumento de las cifras de asuntos judiciales pendientes de resolución, que ya ascienden al 20,3% del total anual. Así lo refleja el Tribunal Supremo de Justicia de Canaria (TSJC) en su memoria anual, en la que destaca que la cifra sigue una tendencia ascendente desde el 2022, un año en el que este indicador ya había llegado al 11%.
La Sala de Gobierno demandó este lunes más órganos judiciales que entren en funcionamiento a tiempo para conseguir una justicia en las Islas «más eficaz y eficiente». En la actualidad hay 211 órganos judiciales, los cuales registraron, el pasado año, algo más de 417.000 asuntos en los cuatro órdenes jurisdiccionales (civil, penal, contencioso-administrativo y social). Esta cifra supone un 5,9% más que en el ejercicio previo. En la memoria se destaca una mayor actuación, sobre todo, en el ámbito civil, seguido del penal y por último en el social.
El presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo Bragado, subrayó este lunes en una comparecencia en el Parlamento de Canarias el alto nivel de rendimiento de las unidades judiciales. El total de resoluciones ascendió a los 380.394 asuntos, un 1,3% más que en el ejercicio anterior. Con estos datos, las Islas cuentan con la tasa más alta de España de sentencias por cada juez, 322 por encima de la media nacional que es de 277. La alta tasa de litigiosidad volvió a situar a Canarias, por cuarto año consecutivo, como la Comunidad con la tasa más alta de pleitos iniciados judicialmente. En concreto, 188,6 asuntos por cada mil habitantes.
La principal preocupación del Órgano de Gobierno giró en torno a la sobrecarga de trabajo de las unidades de justicia. De los 211 órganos judiciales de Canarias, 118 superaron el 130% del módulo de entrada. Este porcentaje marca el límite del volumen de trabajo que le corresponde a un juzgado en cada tipo de instancia. Asimismo, determina la necesidad de adecuación de los edificios a las necesidades reales para no comprometer el derecho a la tutela judicial efectiva sin dilaciones indebidas. Es especialmente grave la situación de los órganos unipersonales civiles con una media de 232%; los órganos mercantiles, con un 160%; los sociales, con más del 156% y los mixtos, con casi un 158%.
La Sala de Gobierno reclama más órganos judiciales. Para este 2024 piden al menos once. No obstante, y según los datos de actividad que registran, precisan que serían necesarios «muchos más».
El presidente del TSJC recuerda que la creación es competencia estatal pero la entrada en funcionamiento depende de que la administración prestacional (en este caso, el Gobierno de Canarias) procure los medios personales y materiales necesarios, «para que comience su entrada en funcionamiento a la mayor brevedad posible».
La memoria del TSJC registra un 20,3% de juicios pendientes de resolución en el Archipiélago
En el año 2022 se crearon cinco unidades judiciales de las cuales, a día de hoy, tres de ellas siguen sin estar en funcionamiento: el juzgado nuevo de Granadilla, en Tenerife, y dos de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria. Son, precisamente, los dos partidos judiciales más colapsados de Canarias. Recientemente se publicó la resolución del Ministerio de Justicia en la que está prevista su puesta en marcha para el día 30 de septiembre. Según Juan Luis Lorenzo, se constata un notable retraso en el comienzo de su actividad.
En el 2023 también se crearon nuevas unidades. En concreto, son seis que aún no están en funcionamiento. Se prevé que lo hagan el 30 de junio. «No es la fecha ideal, pero supone una mejora con respecto a 2022», resaltó Juan Luis Lorenzo en su comparecencia.
La obligación de disponer de más y mejores dotaciones es un asunto clave en la memoria anual del TSJC, pues, a día de hoy, siguen sin ver la luz nuevos servicios comunes de notificaciones y embargos, y tampoco se han establecido las oficinas de atención a las víctimas ni se han dotado de los suficientes recursos a los gabinetes psicosociales. Además, el funcionamiento de los dos institutos de medicina legal es, en palabras del presidente del TSJC, «notablemente mejorable».
Juan Luis Lorenzó abordó dos temas que destacó por su «sensibilidad y gran importancia». Por un lado, subrayó la necesidad de abordar sin prejuicios la unificación de los partidos de Arona y Granadilla de Abona más allá de los intereses localistas. «Consideramos desde el conocimiento de la realidad, que es la única solución viable para que el partido de Granadilla sea viable», añadió. Por otro lado, hizo referencia a la necesidad de crear juzgados de ámbito insular que se centren en la violencia sobre la infancia. A este respecto situó al juzgado de instrucción número tres de Las Palmas de Gran Canaria como referente a nivel nacional e internacional. Asimismo, presentó la propuesta de exportar este modelo a todo el Archipiélago y que se comarcalice: «para que se creen juzgados de ámbito insular específicos para esta materia».
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