Salud

Mujer, 69 años y afección neurológica, el rostro de la eutanasia en Canarias

De las 117 solicitudes recibidas desde 2021 en el Archipiélago, sólo 47 personas han recibido ayuda para morir

Una persona le da la mano a otra mayor en un centro hospitalario. | | LP/DLP

Una persona le da la mano a otra mayor en un centro hospitalario. | | LP/DLP

Claudia Morín

Tres años después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2021 de Regulación de la Eutanasia en España, 47 personas han recibido ayuda para morir en Canarias. En total, en las Islas se han presentado 117 solicitudes desde el 25 de junio de 2021 hasta el 5 de junio de 2024. Los datos facilitados por la Consejería de Sanidad revelan que el principal perfil de quienes demandan acogerse a esta prestación es el de una mujer, de 69 años y con alguna patología neurodegenerativa.

Para acogerse a la eutanasia la persona debe ser mayor de edad y encontrarse en una situación de sufrimiento grave, crónico, imposibilitante e insoportable para la misma, ya sea físico o psicológico. La mayoría de solicitantes pertenecen al colectivo de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), pues son quienes suelen estar más concienciados de la realización de las últimas voluntades.

En general, las enfermedades neurológicas (24 prestaciones) y oncológicas (18) son el principal padecimiento en el que se fundamentan las solicitudes de la prestación. Los problemas respiratorios, psiquiátricos y las pluripatologías (es decir, cuando el paciente cuenta con varias afecciones) son otras de las causas que encabezan esta lista de peticiones.

Casi un tercio de los solicitantes ha fallecido durante la tramitación

Por género, las mujeres presentaron menos solicitudes, pero reciben más prestaciones que los hombres, con 24 y 23 respectivamente. Aunque apenas hay diferencias, el número total de personas que han recibido ayuda para morir en Santa Cruz de Tenerife (22) es inferior al de la provincia oriental (25). La media de edad en el Archipiélago es de 67 años, la persona más joven tenía 41 y la mayor, 89.

La asistencia médica para morir está recogida como un derecho individual y gratuito, incluido en la cartera común de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, supervisado y realizado por profesionales sanitarios. La ley es garantista porque el procedimiento para completar la solicitud implica que, en un mínimo de quince días, hay que completar de manera obligatoria dos instancias de conformidad. Fuentes de la Consejería aseguran que hay bastantes personas que inician el procedimiento, pero, o bien no cumplen los requisitos, o no concluyen la segunda petición. Este es el principal motivo que explica por qué la cifra de solicitudes (117) es bastante superior a la de ayudas prestadas (47). Además, durante la tramitación fallecieron 46 pacientes, principalmente con cáncer en fase terminal, y otras once peticiones fueron rechazadas.

La Asociación en defensa de este derecho considera que la tramitación es farragosa y compleja

La comisión de Garantías y Evaluación de Canarias, compuesta por cinco profesionales de la medicina, dos de enfermería y cinco juristas, es la encargada en última instancia de la concesión de la prestación. En concreto, siete personas pidieron un aplazamiento tras tener el visto bueno definitivo a su eutanasia. A su vez, otras seis revocaron su solicitud, cinco antes de presentar su segunda petición y una después de la resolución favorable.

El presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), Javier Velasco, denuncia que el archipiélago canario es una de las siete comunidades autónomas que no ha publicado ningún informe de evaluación desde que la ley nacional de eutanasia entró en vigor en 2021.

El Artículo 18 e) de la Ley Orgánica recoge como una obligación hacer públicos los datos. Hace escasos días, Galicia compartía el informe, por lo que ahora Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia y Navarra componen la lista de regiones con la tarea pendiente. Velasco afirma que se desconocen las razones por las que el Archipiélago, pese a habérselo pedido, no ha difundido los datos.

La Consejería regional de Sanidad, por su parte, detalla que el informe está pendiente de publicación. «Canarias debe tener una mayor transparencia, pero también precisa de comisiones insulares que realmente funcionen en todas las Islas», alega el presidente de DMD en referencia al grupo de profesionales que asesoran a los médicos que reciben las peticiones. Pese a que Sanidad asegura que estas figuras se encuentran repartidas por todo el territorio, Velasco insiste en que hay lugares en los que no funcionan como deberían.

Javier Velasco revela que quienes solicitan ayuda para morir esperan una media de 75 días, cuando por ley no deberían superarse los 35 días. La Asociación ofrece ayuda y asesoramiento, pero considera que la tramitación de la eutanasia es farragosa y compleja. Una cuestión que explicaría que casi un tercio de las personas han muerto durante la espera.

Quienes solicitan ayuda para morir esperan una media de 75 días, pero no debe superar los 35

En España unas 750 personas solicitaron la eutanasia en 2023, un 30% más que el año anterior. 350 pacientes lograron ejercer su derecho a una muerte digna, según los datos que ha dado a conocer la entidad.

Las estimaciones avanzadas en rueda de prensa por el vicepresidente de DMD, Fernando Marín, desvelan que el número de prestaciones realizadas en el pasado año ha aumentado entre un quince y un veinte por ciento con respecto a 2022. Sin embargo, las cifras son bastante menores que las que esta asociación, que lleva 40 años luchando por la legalización de la eutanasia en España, estimaba para los tres primeros años de la ley. En concreto, la tasa de eutanasias registradas en 2022 fue inferior al 0,07 % del total de muertes registradas en España.

La asociación destaca la «enorme desigualdad» entre comunidades, con cifras altas en Navarra, Cataluña y País Vasco y hasta 10 veces más bajas en Murcia, Extremadura y Galicia. Los datos de Canarias, por su parte, se sitúan en la media nacional. Por otro lado, DMD denuncia el «maltrato institucional» al que se enfrentan las personas que intentan ejercer un derecho: «El proceso se convierte en una pesadilla cuando la comisión inventa requisitos, cuando te exigen el informe de un trabajador social que no figura en la ley, cuando se suspende la tramitación o cuando un ciudadano busca el amparo de la justicia y choca contra un muro de incomprensión».