Asuntos Sociales
Varias residencias canarias mantienen la limitación de visitas de la pandemia
La directora de Odesocan, Emma Colao, critica que los complejos parecen centros de hacinamiento
Un familiar denuncia que solo ve a su madre 45 minutos al día

Una mujer, en una residencia. / CARLOS MONTAÑÉS
Claudia Morín
A sus 87 años, tras pasar los últimos 22 hospedada en la Residencia de la Tercera Edad de Acorán, la madre de Francisco González no puede disfrutar de las fechas especiales en compañía de sus familiares y seres queridos. Con la Navidad casi a la vuelta de la esquina, su hijo denuncia que el centro en el que reside es «muy restrictivo con las visitas», pues solo puede acudir a verla tres días a la semana, durante 45 minutos y sin posibilidad de darle de comer.
La directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (Odesocan), Emma Colao, señala que no se trata de un caso aislado en el Archipiélago y que esta situación limita el derecho de las familias y personas usuarias. «Muchas residencias de las Islas parecen más bien centros de hacinamiento porque incumplen el estado de bienestar y salud de los mayores que viven en ellas».
Pese a que se trata de un centro privado, la Viceconsejería de Bienestar Social confirma que ha trasladado el caso al servicio de inspección para verificar la situación. La principal queja de González es que el complejo ha mantenido las restricciones impuestas durante la pandemia -sin dar explicaciones al respecto- y no les permiten siquiera entrar a las habitaciones. Aunque es consciente de que no podrá estar ahí 24 horas, al menos solicita una mayor flexibilidad. «Me preocupa que en Nochebuena o en su cumpleaños mi madre cene sin compañía y se sienta sola», apunta. Colao argumenta que estos horarios de visita también están implantados en otros centros como el Hogar Santa Rita, en el Puerto de la Cruz.
Vuelta a la normalidad
La Consejería de Derechos Sociales del anterior gobierno modificó el decreto en relación a las restricciones para evitar contagios, por lo que Colao explica que deberían haberse eliminado para dar paso a la normalidad. Eso sí, siempre a excepción de que se produjera un nuevo brote. En esta línea, sostiene que es muy probable que las residencias limiten las visitas para esconder que no cumplen con todas las medidas necesarias, bien de ratio de personal, de cuidados o de infraestructuras.
No considera que sea una forma de proteger a los mayores, sino que lo hacen por comodidad y para evitar perder la acreditación de servicio. «La dignidad y el bienestar de la persona usuaria quedan en entredicho ante esta situación, nadie puede vivir aislado en un centro sin visitas», añade. Francisco González coincide y, por el momento, no contempla cambiar a su madre de residencia. Vive ahí desde hace más de dos décadas y se podría desorientar.
Antes de la pandemia los horarios eran muy diferentes: de lunes a domingo, de 11:00 a 19:00 horas. Ahora, según asegura, el complejo está blindado y los días de visita solo se puede acceder a las zonas ajardinadas del exterior. El resto, si quiere ver a su familiar debe sacarla fuera, un procedimiento que se le complica por el estado actual y el grado de dependencia de su madre. Además, comenta que el deterioro que ha sufrido la mujer en los últimos cuatro años ha sido bastante notable: «Tampoco sé si come, si tiene úlceras en partes no visibles y desconozco cómo está su habitación».
Para su familia, la residencia -de carácter privado- supone un coste mensual de 1.800€ y, aun así, subraya que tiene que llevarle sus productos de aseo, y lavarle la ropa porque en la lavandería le han perdido dos pantalones y le han manchado algunas prendas. «Hay una falta de empatía total. A nivel psicológico, la impotencia es terrible», declara.
Junto a Odesocan, ha presentado una queja para que la situación cambie en este y otros centros de Canarias. En el Observatorio reciben quejas semanales del estado de las diferentes residencias del Archipiélago, sin discriminaciones e independientemente de su carácter público o privado.
Para la jurista, uno de los principales desencadenantes es que «Canarias tiene un cuerpo de inspección infradotado». Detalla que el personal no es suficiente para que supervisen y garanticen el cumplimiento de la ley, pues el documento anuncia que las inspecciones deben ser anuales. A esta problemática se suma que acceder a una plaza en una residencia es un proceso tedioso que implica, o bien pagar entre 1.800 y 2.400 euros, o esperar años en una lista. «Lo peor es que, en muchos casos, las dificultades no terminan cuando se incorporan al centro», relata.
El caso de Garachico
En estos momentos, Odesocan investiga a cinco residencias. Una es la citada en Acorán y otra el Geriátrico Nuestra Señora de la Concepción, en Garachico, tras las quejas públicas de varios familiares. El resto de centros aún no pueden enunciarse porque se están valorando a raíz denuncias que han llegado de manera interna.
El pasado mes de julio, la directora de Odesocan presentó un oficio contra el complejo residencial de Garachico porque no había personal suficiente para garantizar un buen servicio y buenas condiciones de higiene. Las familias también han denunciado que encontraron hasta ocho personas en una misma habitación. Por su parte, la Diputada del Común, María Dolores Padrón, ha elevado una petición de información y ha exigido con urgencia «una respuesta clara y una inspección exhaustiva a la residencia de ancianos».
Presupuestos que no cumplen con Dependencia
La directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (Odesocan), Emma Colao, participó en el Consejo General de Servicios Sociales donde se presentó el borrador del nuevo Decreto que pretende agilizar y mejorar el servicio de Dependencia. En esta materia, la jurista señaló que hay un incumplimiento reiterado de los derechos sociales de la ciudadanía que se ha eclipsado entre los conflictos laborales y técnicos de la Administración. Colao asegura que, para cumplir los cambios propuestos en el borrador presentado, la Consejería debería aumentar su presupuesto para los próximos seis meses en más de 50 millones de euros. El Observatorio se encuentra realizando un estudio sobre el total presupuestario que va a precisar la Consejería de Bienestar Social para cumplir el decreto durante el ejercicio del año 2025, pero estiman que al menos deberá duplicar su presupuesto. «Hasta ahora hemos estado inmersas en un debate basado en las competencias profesionales y no en el derecho de las personas en situación de dependencia y sus familiares, que ven como se incumplen sus demandas cada día», alega. Además, a Odesocan le preocupa en especial la segunda lista de espera que se creará de no dotar con el presupuesto suficiente a las prestaciones, servicios y plazas que la ciudadanía espera desde hace años. Para Colao, las prioridades del Gobierno se reflejan en los presupuestos. Por ello, «estamos muy pendientes de cómo se distribuyen este año para intervenir en la propuesta de 2025». | LP/DLP.
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