La nueva selectividad para extranjeros no exigirá castellano

La actual ley educativa (Lomloe) obliga a que el alumnado extranjero no comunitario se someta a una selectividad específica si quiere estudiar en una universidad española pública o privada. La nueva PAU no afectará a los estudiantes de la UE ni tampoco a todos aquellos que, con independencia de su nacionalidad, posean el título de bachillerato internacional o europeo. El examen tendrá un carácter competencial y para superarlo no será necesario saber castellano. Con el inglés, y con otra lengua adicional, será suficiente. Así se establece en el real decreto al que ha tenido acceso este diario y que se discutirá el lunes en una reunión previa a la que mantendrán la ministra de Educación y FP con los consejeros del ramo.

La PAU para extranjeros de fuera de la UE -que, hasta ahora, entraban en los campus españoles sin una prueba específica y con reserva de huecos- constará de dos partes. La primera será el examen de idiomas, en el que el aspirante podrá escoger dos lenguas entre un total de seis: castellano, inglés, alemán, francés, italiano y portugués. La otra parte de la prueba permitirá comprobar “el grado de consecución de las competencias específicas de las materias”. Los enunciados de estos ejercicios deberán ofrecerse, al menos, en castellano y en inglés. Las respuestas podrán redactarse en cualquiera de estas dos lenguas, a elección del alumno. Si la comisión organizadora así lo decide, estos ejercicios podrán ofrecerse y responderse también en alguna de las otras lenguas extranjeras susceptibles de evaluación.

Muchas facultades españolas exigen el castellano para poder graduarse, así que el alumno que haya pasado la PAU solo con el inglés y otra lengua tendrá que aprender castellano a lo largo de la carrera si quiere conseguir el título.

Al real decreto le queda un camino por delante hasta su aprobación definitiva, su entrada en vigor todavía no está fijada. El objetivo del texto es “asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el ejercicio del derecho a la educación”, así como “contribuir a la atracción de talento internacional” al sistema universitario español.

Con la nueva norma, el Gobierno no quiere poner frenos a la llegada de estudiantes extranjeros. De hecho, los campus están inmersos en la búsqueda de nuevos alumnos y alumnas. La caída de la natalidad y el alto nivel de competencia (50 universidades públicas y 34 privadas) están provocando la urgente necesidad de encontrarlos donde sea. España -y toda Europa- tiene la mirada puesta en América Latina para poder jugar en la misma liga que EEUU, que, de momento, sigue siendo el destino favorito de los estudiantes universitarios latinoamericanos.

Los campus españoles tienen 34.485 universitarios de grado originarios de países de la UE sin contar los que están cursando un máster o el doctorado, según los datos disponibles (2021). Otros 20.230 son de América Latina y Caribe, que, sin embargo, es la zona de donde proceden más estudiantes de máster: casi 41.000. De Asia y Oceanía hay 8.836 estudiantes de grado y del norte de África, casi 7.000.

Homologación

Los alumnos no comunitarios que quieran estudiar un grado en España deberán tener el título de bachillerato o el de técnico superior en FP. Lo deberán tener homologado. Al menos, haber solicitado la convalidación y cumplir con los requisitos. El objetivo de la prueba es “valorar con carácter objetivo la madurez académica y los conocimientos adquiridos”, así como la capacidad para seguir con éxito las enseñanzas universitarias oficiales. El examen, insiste el real decreto, evaluará la “competencia comunicativa” del alumnado.

Todos los ejercicios -que durarán 90 minutos- tendrá un diseño competencial y requerirán del alumnado “creatividad y capacidad de pensamiento crítico, reflexión y madurez”. Las preguntas podrán requerir respuestas cerradas, semiconstruidas y abiertas. Estas dos últimas supondrán, como mínimo el 70%. Al igual que en la PAU para estudiantes españoles, habrá un único modelo de examen en cada material, aunque existe la posibilidad de elegir entre varias preguntas o tareas. Además de que la respuesta sea correcta, el tribunal valorará la coherencia, cohesión y la corrección gramatical, léxica y ortográfica de los textos, así como su presentación.

El alumnado, que tendrá 90 minutos en cada examen, podrá disponer de diccionarios y calculadoras, pero su uso queda condicionado a las características de cada materia y los criterios de evaluación.

La UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) será la encargada de organizar la PAU, que se celebrará en los centros asociados de esta universidad. Habrá, al menos, dos convocatorias al año. Las fechas se decidirán teniendo en cuenta las “circunstancias especiales de este alumnado” como los plazos establecidos para los procedimientos de admisión e ingreso en los campus. Quienes quieran mejorar la calificación, podrán volver a presentarse tanto en las nuevas convocatorias como en sucesivas y se tomará en cuenta la nota más alta. Al igual que ocurre en el sistema español, la nota final será una mezcla de PAU (40%) y las calificaciones del bachillerato (60%).

La comisión organizadora de la PAU para no comunitarios estará integrada por profesorado de la UNED y del Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD), el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el de Educación y FP. Al inicio de cada curso escolar, la comisión organizadora hará públicos los criterios de organización, la estructura básica de los ejercicios y los criterios generales de evaluación.

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