El modelo de acceso a la ayuda a domicilio en Canarias: ¿público o privado?

En Canarias, unas 20.000 personas reciben el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) a través de sus ayuntamientos. Durante la tramitación de los presupuestos de 2025, una enmienda introducida por los grupos parlamentarios de CC, PP, ASG y AHI ha suscitado posturas en contra de ayuntamientos, cabildos, así como colectivos sociales y sindicatos. En sucesivos comunicados y protestas han alzado la voz porque entienden que se cambia el sistema vigente y permite sustituir el funcionamiento actual por una ayuda económica, lo que interpretan como una privatización del servicio.

El mismo día que se aprobaron las cuentas autonómicas en el Parlamento de Canarias, el pasado 17 de diciembre, colectivos sociales y sindicales protestaban a sus puertas en Santa Cruz de Tenerife al estimar que con esa modificación se ponía en riesgo la calidad del servicio. En concreto, consideran que el nuevo modelo permite a los ayuntamientos desentenderse del SAD al otorgar ayudas económicas que dejan la responsabilidad de la contratación y la gestión con las empresas especializadas en manos de los propios usuarios. Además, los colectivos estiman que estas prestaciones supondrían un aumento de sus rentas, que a su vez tendrían que declarar, lo que podría poner en peligro el cobro de otras fondos o bajar las cuantías que perciben, como las pensiones contributivas.

Colectivos sociales y sindicatos denuncian la "privatización" del nuevo modelo de ayuda a domicilio

Fuentes de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias dicen que ha sido "el parlamento, no el Gobierno" quien "ha acordado modificar una parte de la Ley de Servicios Sociales para modificar la ayuda a domicilio municipal" que "no afecta a la Ley de Dependencia". Los cabildos fueron de las primeras instituciones en alzar la voz en contra, sobre todo en islas como La Palma y El Hierro. En Gran Canaria, la consejera de Políticas Sociales e Igualdad de la Corporación Insular, Isabel Mena, también critica que la modificación "empeora la calidad del SAD porque, en lugar de recibir un servicio por parte de la administración pública, lo que dan es dinero, con el que tendrán que buscarse una empresa y que, por el importe concedido, se preste el servicio".

Mena agrega que con "esta nueva modalidad de prestación de ayuda a domicilio no se garantiza que ese dinero que le entra a los usuarios no se contabilice a la hora de hacer la declaración de la renta o sea compatible con su jubilación, lo cual les puede suponer un prejuicio económico importante". En este sentido, la consejera considera que la medida es un intento de "privatizar" este servicio.

"Canarias ha decidido su modelo de atención a personas dependientes a través de servicios sociales y un catálogo de prestaciones. Al igual que la Ley de Servicios Sociales, ha sido debatido por todas las fuerzas políticas, con todos los agentes sociales. Por tanto, ha habido un consenso en Canarias de cómo debemos prestar los servicios de atención a las personas dependientes. Y ahora, obviando todo ese debate social, el Gobierno de Canarias introduce una modificación de gran calado a través de la Ley de Presupuesto, que no solo cambia y empeora la calidad del modelo, sino que encima lo hace hurtando el debate al resto de agentes sociales", critica Mena.

En el caso del Cabildo de Gran Canaria, que también contribuye al SAD a través de convenios con ayuntamientos o entidades del tercer sector, Mena zanja que no se va a acoger a esa modalidad y preferirá "garantizar que se preste directamente a los usuarios", puesto que la modificación se aplica en "aquellas administraciones públicas que se quiera acoger a ella".

Modelos de gestión

En Canarias, la prestación del SAD generalmente se realiza a través de licitaciones públicas, es decir, los ayuntamientos suelen contratar a empresas especializadas para ofrecer este servicio a la ciudadanía. Es el caso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que tradicionalmente ha usado esta fórmula a través de empresas como Ralons, Clece y, la última adjudicataria, Servisar.

Sin embargo, este modelo de gestión también ha generado críticas, como mostró la huelga de las trabajadoras del SAD en Las Palmas de Gran Canaria del pasado mes de noviembre, que demandaba una subida salarial. El Consistorio aclaró entonces que es la empresa la que debe asumir las condiciones económicas estipuladas en el convenio del sector.

El Ayuntamiento tuvo que prorrogar el contrato con Servisar un año más al quedar desierta la licitación que publicó el pasado mes de julio, con un presupuesto de 74,6 millones de euros, un 95% más que el actual, lo que supone un incremento económico que mejora las condiciones del servicio. Además, actualizó el estudio económico y sacó nuevamente a concurso el Servicio de Ayuda a Domicilio. El pasado mes de noviembre, el SAD atendió a 3.239 beneficiarios, según datos facilitados por el Consistorio, que también aclaró que seguirá ofreciendo el SAD bajo el mismo modelo, puesto que le avala un índice de satisfacción de 9,25 sobre 10 y un 95% de recomendación por parte de las personas usuarias.

En cambio, en Santa Cruz de Tenerife -donde se ha seguido el mismo modelo que en Las Palmas de Gran Canaria- el grupo de gobierno lleva desde el verano planteando explorar otras formas de prestar el servicio con la intención de mejorarlo, ya que también ha generado descontento entre sus trabajadores. Actualmente está prorrogado a Atende mientras el Instituto Municipal de Atención Social lleva a cabo el cambio de modelo hacia la prestación, que tuvo que paralizar porque eran necesarias modificaciones legislativa para poder ejecutarlo bajo amparo legal, entre las que se incluían las enmiendas a los presupuestos.

En la primera sesión plenaria del Consistorio tras la protesta de los colectivos sociales y los sindicatos a las puertas del Parlamento de Canarias, la concejala del Instituto Municipal de Atención Socia (IMAS), la nacionalista Charín González, defendió el trabajo realizado para continuar con el proceso y emplazó al PSOE -que se ha mostrado muy crítico con este planteamiento desde el primer momento- a pedir al Gobierno central que la prestación no se declare en la renta para así evitar una merma en el cobro de pensiones.