Familiares de alumnado con necesidades especiales piden más recursos para garantizar su inclusión

La Federación de Ampas de Gran Canaria, Fapa Galdós, demanda al Gobierno de Canarias más recursos para garantizar la inclusión del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) o Necesidades Educativas Especiales (NEE). En un comunicado del pasado 3 de enero, la comisión NEE/NEAE de Fapa Galdós elevaba un deseo a los Reyes Magos para que los estudiantes más vulnerables "no sean excluidos ni discriminados".

Marian Álvarez, presidenta de FAPA Galdós, recuerda que los familiares del alumnado NEAE y NEE quisieron emplear "el lenguaje mágico de los niños con los Reyes Magos" para remarcar la necesidad de contar con el presupuesto suficiente que permita una atención adecuada. "Fundamentalmente, recursos humanos, auxiliares que estén con ellos, que los ayuden, que los calmen en momentos de crisis o que los orienten cuando se desconcentran", indica Álvarez, quien a su vez reivindica que los docentes tengan formación especializada en "diversidad".

El presupuesto destinado para Educación asciende hasta los 2.155.507.785 de euros, lo que supone un aumento de 61 millones más respecto al año pasado; si bien, la inversión se redujo respecto al Producto Interior Bruto (PIB), al quedarse en un 4,08%, por lo que los fondos autonómicos volvieron a incumplir la Ley Canaria de Educación que obliga a alcanzar el 5%. En este sentido, Álvarez asegura que "a quien más afecta ese desequilibrio financiero e inversor es al alumnado más vulnerable".

El sindicato docente Anpe recuerda que "este curso ha comenzado con problemas en la dotación de auxiliares educativos en los centros públicos", al existir en "muchísimos colegios una urgente necesidad de estos profesionales", así como de "más especialistas de Audición y Lenguaje y otros docentes especialistas en apoyo a las NEAE". También reitera la necesidad de reducir las ratios de alumnado por docente en todas las etapas y niveles para facilitar una atención más individualizada; en concreto, "que sea más acentuada" cuanto mayor sea la proporción de alumnado NEAE o NEE en el aula.

El alumnado NEAE precisa de necesidades educativas especiales por dificultades de aprendizaje; por trastornos por déficit de atención con o sin hiperactividad; por especiales condiciones personales o de historia escolar; por incorporación tardía al sistema educativo o por altas capacidades intelectuales, por lo que requieren de determinados apoyos en parte o a lo largo de su escolarización. Por su parte, el alumnado NEE presenta una discapacidad, un Trastorno del espectro del autismo o un Trastorno Grave de Conducta. Además de en aulas ordinarias, estos estudiantes son escolarizados en aulas enclave y en centros de educación especial, en los que se les ofrece una respuesta adaptada con recursos extraordinarios.

La Consejería de Educación atiende este curso a más de 4.689 estudiantes NEAE o NEE con 1.076 profesionales no docentes, en su mayoría a través de la empresa Aeromédica. El área que dirige Poli Suárez trabaja para sacar a licitación el servicio, que se encuentra en situación de nulidad desde 2021. "Es inminente la publicación del nuevo pliego, que permitirá mejorar servicios y condiciones del personal", aseguran fuentes de la Consejería de Educación.

Desde el área también defienden que el alumnado NEAE y NEE "son una prioridad" para el equipo de gobierno, recordando que desde que tomaron posesión del cargo en julio de 2023 han puesto en marcha Neae+21 -que pretende dar respuesta a las personas con discapacidad una vez finalizan su periodo de escolarización-, un nuevo modelo de FP Adaptada y se han abierto nuevos centros y aulas enclave. Además, Poli Suárez se ha marcado como objetivo para este curso cambiar y actualizar la normativa que regula la atención a la diversidad para mejorar la atención que recibe el alumnado NEAE y NEE.

Álvarez reconoce la voluntad de la Consejería de Educación para avanzar en ese sentido y además considera que "no se les puede culpar de la herencia recibida, no sería justo", puesto que se trata de "un problema histórico". Sin embargo, sí demanda "ser partícipes del proceso" de elaboración de la nueva normativa, tal y como pidieron en la reunión celebrada el 28 de octubre entre Poli Suárez y representantes de distintas federaciones y asociaciones de madres y padres de alumnos (ampas) del archipiélago.

Álvarez también se muestra crítica con el funcionamiento del propio sistema a través de aulas enclaves y centros de educación especial porque "desarrolla la discriminación" y "la segregación" en lugar de una inclusión real. "Los niños deben estar en el aula ordinaria con los apoyos que dicta la ley, como un auxiliar, aprendiendo conocimientos como matemáticas o lengua. Tenemos muchos niños en aulas enclave que son perfectamente autónomos, saben comer solos, lavarse los dientes y todo lo que se supone que es el programa del aula enclave. Lo que necesitan son contenidos. (...) No queremos más colegios especiales. Queremos educación inclusiva", manifiesta Álvarez.

En este sentido, Fapa Galdós también reclama que se respete la potestad de las familias en la toma de decisiones para la escolarización del alumnado. "Que las discrepancias entre la administración y la decisión de las familias no se conviertan en un interminable, incierto y doloroso proceso administrativo o judicial, precedido de presiones y chantajes", citaba el comunicado.