Canarias no es un país para discapacitados

En Canarias, los retrasos en el reconocimiento del grado de discapacidad se han convertido en un obstáculo insalvable que condena a las personas afectadas a una situación de vulnerabilidad extrema. Desde 2022, la normativa establece un plazo máximo de seis meses para resolver estas solicitudes, sin embargo, en la práctica, los plazos pueden extenderse hasta varios años. Esta demora vulnera derechos fundamentales y priva a las personas con discapacidad de acceder a los beneficios esenciales para su adaptación y reinserción laboral, perpetuando su exclusión y la de sus familias.

Hay varios casos paradigmáticos, los cuales los protagonistas han preferido no dar sus nombres para no ser objeto de represalias por una administración que los tiene más que abandonados. El primer caso paradigmático es el de un hombre de 37 años, exprofesional de la hostelería, que enfrenta la pérdida progresiva de la vista y el oído debido a dos patologías degenerativas. Solicitó el reconocimiento de su grado de discapacidad en octubre de 2022. A día de hoy, enero de 2025, sigue esperando una respuesta. Durante estos dos años, ha perdido la oportunidad de acceder a formación adaptada que le permitiría reconvertirse profesionalmente y encontrar una nueva salida laboral. Esta formación, que debería estar al alcance de personas con discapacidad para facilitar su reincorporación, podría haberle abierto puertas en sectores como la administración digital o la atención al cliente en línea, donde las limitaciones físicas no son una barrera insalvable.

La demora ha tenido un impacto devastador en su vida personal: es padre de dos hijos y, al no poder generar ingresos suficientes, la carga económica ha recaído sobre su exesposa, con quien mantiene una buena relación y custodia compartida. La normativa actual establece que las familias con dos hijos pueden ser consideradas familias numerosas en casos de custodia compartida, tal como recoge la Ley 40/2003 de Protección a las Familias Numerosas y su actualización en el Real Decreto 1621/2005, siempre que uno de los progenitores sea considerado parte de una familia monoparental por su condición de discapacidad. La madre, al ejercer prácticamente sola la responsabilidad económica y logística, podría ser reconocida como familia monoparental de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1414/2006 sobre los beneficios aplicables a familias en situación de vulnerabilidad. Sin este reconocimiento formal, la familia ha quedado excluida de ayudas esenciales, como bonificaciones fiscales, becas escolares y descuentos en actividades extraescolares. Por lo que no hay que olvidar que la inacción del Gobierno de Canarias no solo recae en la persona objeto del reconocimiento, sino de su familia, y en especial sus hijos, dejándolos sin acceso en momentos muy concretos de sus vidas y generándoles un daño irreparable, ya que ya son tres cursos académicos en los que podrían haber tenido acceso a la condición de familia numerosa, con lo que supone, sin haberlo podido ejercer.

La Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, de ámbito nacional, así como la Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030 de la Unión Europea, subrayan la urgencia de garantizar la igualdad de oportunidades y la integración efectiva de las personas con discapacidad. Pero la realidad en Canarias dista mucho de estas directrices. Mientras en otros países europeos los procesos de certificación y acceso a ayudas son rápidos y eficientes, en las islas el colapso administrativo ha generado una situación crónica de abandono y desesperanza.

Otro caso que ilustra esta situación es el de un ganadero de 38 años que, tras años de esfuerzo físico en el campo para abastecer de alimentos a la población canaria, ha desarrollado una discapacidad sobrevenida. Problemas graves en las rodillas y manos le impiden realizar labores básicas, como cargar peso o trabajar durante jornadas prolongadas. La falta de reconocimiento oficial de su discapacidad le ha impedido acceder a ayudas para adaptar su vivienda a sus nuevas necesidades físicas o subvenciones para el transporte. En zonas rurales, donde el transporte público es escaso o inexistente, las ayudas para transporte privado son vitales. Sin embargo, al no tener el certificado correspondiente, este hombre ha quedado aislado y sin posibilidades de reinserción laboral.

Además, la ausencia de este reconocimiento le ha impedido acceder a cursos de formación subvencionada, programas de reciclaje profesional o incluso la universidad que podrían haberle permitido reconvertirse en otro ámbito laboral. La formación en comercio y marketing, administración y dirección de empresas o derecho son solo algunos de los campos a los que podría haberse incorporado con el apoyo adecuado. En este contexto, la Ley 6/2018 de Igualdad de Oportunidades en la Formación Profesional establece que las personas con discapacidad deben ser prioritarias en los programas de capacitación. Sin embargo, al carecer del certificado de discapacidad, se le ha negado esta oportunidad, condenándolo al desempleo y al aislamiento.

Estos retrasos no solo afectan a los individuos, sino que también repercuten en sus familias. La imposibilidad de acceder a ayudas económicas, subvenciones para la formación o beneficios fiscales supone un golpe durísimo para economías familiares ya de por sí frágiles. En el caso del ganadero, la pérdida de su actividad económica no solo ha generado un vacío en sus ingresos, sino que también ha truncado su proyecto de vida y ha incrementado la dependencia de su entorno.

La ineficiencia administrativa del Gobierno de Canarias en la gestión de estos expedientes es una de las causas principales de esta situación. La falta de personal y la burocracia excesiva han sido señaladas en reiteradas ocasiones por entidades como la Diputación del Común, que ha abierto investigaciones de oficio para esclarecer los motivos de los retrasos. Informes de organismos oficiales y de medios de comunicación evidencian que Canarias ocupa uno de los últimos puestos en España en cuanto a la resolución de expedientes de discapacidad, con tiempos de espera que pueden superar los dos años.

A nivel comparativo, el incumplimiento de los plazos establecidos coloca a Canarias en la cola de la Unión Europea en cuanto al cumplimiento de derechos sociales. Mientras que en países como Dinamarca o Alemania los procedimientos de reconocimiento de discapacidad son ágiles y accesibles, en Canarias miles de ciudadanos siguen atrapados en un limbo administrativo que les priva de su autonomía y los condena al ostracismo.

La falta de reconocimiento oficial de la discapacidad también dificulta la contratación de estas personas por parte de las empresas, que podrían beneficiarse de bonificaciones y ayudas si se formalizara el grado de discapacidad de los afectados. Este obstáculo representa una pérdida no solo para los ciudadanos, sino también para la economía regional, que deja de incorporar talento y experiencia en sectores clave.

La normativa actual es clara: la Ley 6/2022 establece que los expedientes de solicitud de discapacidad deben resolverse en un plazo máximo de seis meses. Sin embargo, esta legislación se ha convertido en letra muerta para muchas familias canarias, que deben esperar años para obtener una resolución. La espera, en muchos casos, supone la diferencia entre poder acceder a un programa de reinserción laboral o quedar permanentemente excluido del mercado de trabajo.

La situación es especialmente preocupante en las zonas rurales, donde las oportunidades laborales son más escasas y las infraestructuras de transporte son insuficientes. Sin acceso a subvenciones para transporte adaptado, muchas personas con discapacidad se ven obligadas a permanecer recluidas en sus hogares, sin posibilidad de asistir a cursos de formación o realizar actividades cotidianas con normalidad.

El impacto de esta situación trasciende el ámbito individual y afecta a la infancia, a los menores que dependen de estos progenitores que, al quedar fuera del sistema de ayudas, no pueden proporcionarles una estabilidad económica y social. La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño establece que los Estados deben garantizar el bienestar de los menores, algo que en Canarias está lejos de cumplirse.

Los afectados piden que el Gobierno de Canarias tome medidas efectivas "de forma urgente" para solucionar esta crisis. La digitalización de los expedientes, el refuerzo de las plantillas y la implementación de sistemas de control que garanticen el cumplimiento de los plazos legales son algunas de las acciones que podrían revertir la situación. Asimismo, se debe reforzar la colaboración con asociaciones y entidades de apoyo a las personas con discapacidad para garantizar una atención integral y eficiente.

El abandono institucional de las personas con discapacidad y sus familias representa una violación de derechos fundamentales y una muestra de desigualdad inadmisible en una sociedad que se proclama moderna y justa. No se trata solo de cifras o plazos burocráticos, sino de vidas humanas que dependen de decisiones administrativas que, al retrasarse, condenan a miles de ciudadanos a una existencia marcada por la incertidumbre, la exclusión y la falta de esperanza. La situación exige un cambio inmediato y una política de gestión pública más eficiente, empática y respetuosa con quienes necesitan con urgencia un reconocimiento que, hasta ahora, se les ha negado.