Los veterinarios de Las Palmas piden retrasar el uso de ‘Presvet’
El colectivo está obligado a utilizar esta herramienta informática para prescribir antibióticos desde el 2 de enero
Los colegios de profesionales y las clínicas se suman al paro contra la normativa

La sede del Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas, este martes, durante el cierre reivindicativo. / Andrés Cruz
El Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas pide retrasar el uso del sistema Presvet, una herramienta informática que están obligados a utilizar todos los profesionales del gremio desde la entrada en vigor del Real Decreto 666/2023 el pasado 2 de enero. Este recurso centraliza toda la información para controlar el uso de antibióticos a través de una base de datos que supervisa el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ahora bien, el conflicto radica en las numerosas incidencias técnicas que se producen en la aplicación, la carga burocrática que supone para el sector y las elevadas sanciones que contempla en el caso de trasladar datos erróneos. De hecho, los colegios de profesionales y numerosos centros veterinarios de todo el país cerraron este martes sus puertas, entre las 11.00 y las 12.00 horas, como muestra de rechazo a la nueva norma.
«Este sistema se utiliza desde hace años para recetar antibióticos a los animales de producción, pero ahora su uso se ha extendido a las mascotas. La herramienta está dando fallos y prevé sanciones de miles de euros si no llegan las notificaciones o se introducen datos incorrectos, lo que supone una carga burocrática extra para los veterinarios y además pone en tela de juicio nuestra profesión», valoró Sergio Martín, vicepresidente de la citada agrupación colegial.
Funcionamiento
Pero, ¿cómo funciona Presvet? Según indicó el vicepresidente del colegio provincial, para empezar a utilizar el sistema es necesario que los profesionales accedan a un portal web y que gestionen el alta con el certificado digital. El siguiente paso consiste en registrar todas las prescripciones mediante la introducción de una gran cantidad de datos.
«Precisamente, esto es lo que está dando problemas, ya que hay apartados que generan mucha confusión. Es cierto que hemos recibido formación y que su uso no es complicado, pero como muchos compañeros han reportado fallos, consideramos que la herramienta se puede mejorar y que se debe aplazar la entrada en vigor del real decreto», aseveró.
Otro de los aspectos de la normativa que preocupa al colectivo guarda relación con la dispensación de los medicamentos, pues impide que los veterinarios puedan ceder las dosis exactas de antibióticos.
Por poner un ejemplo: el propietario de una mascota tiene que administrarle diez pastillas de un antimicrobiano a su animal por decisión clínica. No obstante, el real decreto autoriza a los profesionales a pautar el tratamiento necesario para un solo día, por lo que, en este caso, el veterinario debería hacer la receta pertinente para que el dueño vaya a una farmacia a comprar el medicamento. Sin embargo, puede ocurrir que las boticas carezcan de existencias, lo que pondría en riesgo la salud del animal.
«También es frecuente que los envases cuenten con más pastillas de las necesarias, lo que se contradice con la lucha contra el uso indiscriminado de antibióticos y además representa un gasto extra para los tutores de las mascotas», subrayó Sergio Martín.
Para más inri, los profesionales sienten que el real decreto «anula el criterio clínico» de los veterinarios, ya que se ven obligados a justificar todos los tratamientos. Según aclaró Martín, los antibióticos veterinarios se dividen en cuatro categorías: A, B, C y D, siendo las dos primeras las más restrictivas. «Para justificar una terapia de estas categorías no basta con aplicar nuestro criterio profesional, hay que hacer un cultivo y esperar el resultado, algo que retrasa la aplicación del tratamiento a los animales», detalló el experto.
Hay que señalar que esta nueva norma emana de una directiva europea que fija el plazo máximo para su cumplimiento en el año 2030. «No entendemos por qué España ha tenido tanta prisa en aplicar el real decreto. Pedimos una moratoria y, sobre todo, que se tenga en cuenta la opinión de la profesión veterinaria a la hora de aplicar este tipo de normas», concluyó el vicepresidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas.
Con el fin de analizar la situación, la Organización Colegial Veterinaria(OCV) ha convocado el viernes a los presidentes de las instituciones de profesionales a una asamblea general extraordinaria.
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