¿A quiénes reclutarían primero si España entrara en guerra?
Así funcionaría el sistema de reclutamiento en caso de conflicto armado

Lucía Feijoo Viera
La Constitución española establece que todos los ciudadanos tienen el derecho y el deber de defender el país en caso de que se declarara la guerra. Aunque un conflicto de gran escala parece poco probable, las llamadas de Europa a los ciudadanos para que aprendan a preparar kits de supervivencia ha desatado las dudas y son muchas las personas que se preguntan a quiénes reclutarían primero si España se viera obligada a entrar en guerra.
Desde la abolición del servicio militar obligatorio en 2001, España cuenta con un ejército profesional, compuesto por unos 120.000 militares. Estos soldados altamente capacitados serían los primeros en ser llamados a filas en caso de guerra. Sin embargo, el Ejército no solo depende de los militares profesionales. También están los reservistas, que son un grupo de ciudadanos que pueden ser llamados a servir si el ejército profesional no es suficiente para enfrentar una amenaza. La Ley de la Carrera Militar, vigente desde 2007, establece este sistema, que permite al gobierno movilizar a ciudadanos con formación o habilidades específicas para la defensa del país.
¿A quiénes llamarían primero a filas?
Si España se viera en la necesidad de aumentar sus tropas, el proceso seguiría este orden:
- Militares en activo: son los primeros en ser movilizados.
- Reservistas de Especial Disponibilidad (RED): exmilitares que han dejado el servicio pero pueden ser llamados de nuevo.
- Reservistas Voluntarios: civiles que han solicitado formar parte del sistema de reserva y han recibido formación militar.
- Reservistas Obligatorios: si los anteriores no fueran suficientes, el Gobierno podría llamar a ciudadanos de entre 19 y 25 años para un servicio militar obligatorio.
¿Es obligatorio ir a la guerra?
Si España activa el reclutamiento obligatorio, los ciudadanos convocados tendrían que presentarse. Sin embargo, existe el derecho a la objeción de conciencia, que permite a las personas negarse a participar por motivos éticos o religiosos. En estos casos, podrían ser asignados a servicios civiles alternativos.
¿Qué pasa si alguien se niega?
Si una persona es llamada al servicio y se niega sin una justificación válida, podría enfrentarse a consecuencias legales, ya que la Constitución Española establece el deber de defender el país.
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