Francisco J. Venzalá, presidente de Anpe: «Cada vez resulta más difícil atraer nuevos profesionales a la docencia»

Canarias llevará a cabo una reducción de ratios progresiva en las aulas durante los tres próximos cursos, tras un acuerdo entre la Consejería de Educación y los sindicatos. ¿Cómo lo valora?

Cualquier avance que vaya en la dirección de mejorar las condiciones en el aula es bienvenido. La reducción de ratios ha sido una reivindicación histórica del profesorado y de ANPE en particular, por lo que valoramos positivamente el paso que se ha dado en Canarias. Disminuir ratios supone más tiempo para que el profesorado dedique a las necesidades educativas de sus alumnos. Ahora bien, creemos que estas medidas deben ir acompañadas de otras complementarias, asociadas, entre otros aspectos, a la mejora de la atención a la diversidad, en la que queda aún camino por recorrer.

Esta legislatura, la Consejería de Educación ha elaborado un plan inédito para adaptar las infraestructuras al calor y destina una inversión de 235 millones de euros a renovarlas. ¿Qué diagnóstico hace sobre el estado actual de las infraestructuras educativas en Canarias y qué medidas considera prioritarias para adaptarlas a los retos climáticos?

Como en todos los territorios, hay centros educativos que están en buen estado y otros que necesitan una renovación en profundidad. Muchos centros educativos de las Islas no están preparados para afrontar las condiciones climáticas actuales y las que se prevén en el futuro próximo. La climatización y la eficiencia energética se han convertido en necesidades urgentes. En algunas épocas del año, los centros de determinadas zonas alcanzan temperaturas difíciles de soportar, tanto para el alumnado como para el profesorado y para el resto del personal. Hay que garantizar un entorno de aprendizaje saludable y para eso hace falta una inversión importante y sostenida. A nivel general, hemos pedido al Ministerio que coordine, con participación del resto de administraciones, un informe en el que se evalúe el estado de las infraestructuras educativas en todo el país, con el objetivo de que sirva de base para planificar y financiar las actuaciones necesarias.

El colegio como refugio: manual de inclusión para aulas multiculturales

Canarias acoge a miles de menores no acompañados que tienen derecho a ser escolarizados. ¿Le parece que se destinan los recursos necesarios?

El derecho a la educación debe estar garantizado para todos los menores, sin excepción. Ahora bien, esa responsabilidad no puede recaer únicamente en las comunidades autónomas. Es imprescindible que el Estado asuma un papel mucho más activo y comprometido en la dotación de recursos para atender esta realidad. Hablamos de un fenómeno migratorio que requiere una respuesta solidaria y coordinada a nivel nacional. Desde ANPE defendemos una escuela inclusiva, en la que todo el alumnado tenga las mismas oportunidades para formarse. Es evidente que los menores que llegan a las Islas y a otros lugares del país sin ni siquiera conocer el idioma y sin estar familiarizados con nuestro sistema educativo requieren de una atención específica. Es fundamental que se dote de los recursos necesarios a Canarias para que pueda responder adecuadamente a esta realidad.

La Unesco ha publicado recientemente un informe en el que alerta de la falta de vocaciones docentes en todo el mundo. ¿Cómo ve la situación en España?

El informe de la Unesco es muy claro acerca de los riesgos que afronta la profesión. Lamentablemente, España no es ajena a la tendencia mundial. Cada vez resulta más difícil atraer a nuevos profesionales a la docencia, especialmente en determinadas áreas y especialidades. Es un asunto que debería preocupar al conjunto de la sociedad, porque el profesorado, especialmente el de la enseñanza pública, es el pilar de un sistema que permite a todas las personas acceder a una formación de calidad. Sin docentes, no hay escuela; y sin vocaciones, no hay futuro para la educación.

¿Por qué cree que se da esta falta de docentes y qué se puede hacer para paliarla?

En primer lugar, la inestabilidad normativa ha generado incertidumbre. Cada nueva ley educativa ha traído consigo cambios de calado sin que haya tiempo suficiente para consolidarlos. A esto se unen la pérdida de poder adquisitivo del profesorado en los últimos quince años, la escasa proyección profesional, las desiguales condiciones laborales en las distintas comunidades autónomas y la falta de reconocimiento social, que han hecho mella. Además, el profesorado se enfrenta a una carga burocrática que lo aleja de su verdadera labor, que es la propiamente docente. Y todo esto se da sin un marco laboral claro ni una proyección profesional sólida. Si no dignificamos la profesión docente, si no ofrecemos estabilidad, formación continua y una carrera profesional atractiva, será muy difícil revertir esta situación. En ANPE venimos advirtiéndolo desde hace mucho tiempo: la vocación ha de estar ahí, pero también debe estimularse e incentivarse desde la Administración. 

ANPE y el resto de sindicatos docentes están inmersos en una negociación con el Ministerio de Educación para impulsar un estatuto de la función docente. ¿Cuáles son sus demandas?

Al Ministerio siempre le hemos exigido mayor liderazgo a la hora de coordinar las políticas educativas en todo el país y armonizar las condiciones en las que se ejerce la docencia en las diferentes comunidades autónomas. Después de mucha insistencia por nuestra parte, ya se están comenzando a poner en marcha los grupos de trabajo para la reforma de la profesión docente. El primero en iniciar su labor ha sido el grupo centrado en el marco de competencias profesionales docentes y en la formación inicial del profesorado. En breve arrancará otro grupo, al que le damos mucha importancia, relativo a las condiciones del desempeño docente. En general, este proceso de negociación es una prioridad para ANPE. Necesitamos un estatuto que reconozca la especificidad de la labor docente, que defina bien la carrera profesional, que establezca mecanismos de acceso, formación, evaluación y promoción acordes a la realidad del aula. Este estatuto no es solo una reivindicación sindical; es una necesidad del sistema educativo para recuperar el prestigio y la motivación de una profesión clave para el futuro de nuestra sociedad. n

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