El Gobierno canario pide diálogo ante la reforma de la ley de consejos sociales

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, ha defendido la importancia del diálogo entre el rectorado de la ULPGC y el Consejo Social ante las discrepancias por la modificación de la Ley 11/2003, de 4 de abril, de Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario.

Durante el acto de inauguración de la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades Españolas, que se celebra entre el 26 y el 27 de junio en el Paraninfo de la sede institucional de la ULPGC, Machín recordó que la norma ha sido tramitada en el Parlamento y tan solo falta su votación en el pleno, aunque previsiblemente será aprobada en el mes de julio.

La consejera ha apelado a la voluntad de ambas partes para que se puedan encontrar a medio camino entre el respeto a la autonomía universitaria, que reivindica el rectorado, y el incremento de la importancia del papel de los consejos sociales. "Y siempre digo también que yo no quiero universidades que me bailen el agua, quiero universidades que sean reivindicativas", agregó.

«La universidad es una construcción colectiva de todos», expuso Ana Suárez

"Rector, quiero pensar que un mal día lo tiene cualquiera. Yo creo que estamos en la misma sintonía. Sabemos que lo que es bueno para el Consejo Social, es bueno también para nuestra universidad". Con estas palabras respondía la presidenta del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Ana B. Suárez, a Lluis Serra, quien había mostrado su disconformidad con la nueva norma.

Aunque ambos han mostrado sus discrepancias durante sus intervenciones a colación de la reforma de la Ley, también han reconocido su predisposición al diálogo. "Las relaciones entre el equipo rectoral y el Consejo son buenas. Pero ello no quiere decir que no podamos disentir en algunos puntos y para eso estamos en la universidad, estamos acostumbrados a esto y a discutir sin que haya ningún tipo de problema", agregó Serra.

Gobernanza compartida

Las discrepancias en torno a la modificación de la norma están vinculadas al modelo de gobernanza universitaria. Durante su intervención en el acto, la presidenta del órgano de participación ciudadana abogó por “una nueva cultura de gobernanza compartida”, basada en la idea de que la autonomía universitaria y la participación social no son conceptos opuestos, sino complementarios.

En esa línea, recordó que los consejos sociales tienen como misión velar por el buen uso de los recursos, fomentar la conexión con el entorno y garantizar que la universidad responda a las necesidades reales de la sociedad. Desde esa perspectiva, comparte un objetivo común con el equipo rectoral: construir una universidad excelente en lo académico, eficiente en su gestión, innovadora y comprometida con su territorio. “Los logros de una parte son logros de todos. Pensar lo contrario es inoportuno y demuestra tener las luces cortas”, afirmó.

Por ello, Suárez consideró imprescindible que se escuchen todas las voces implicadas: la de la propia universidad, pero también las del ámbito empresarial, institucional y social. “La universidad no es solo de quienes trabajan en ella, es una construcción colectiva. Y solo si la sociedad la siente como propia estará dispuesta a apoyarla, defenderla y sostenerla con decisión”, concluyó.

Garantizar la autonomía

Por su parte, Serra inició su intervención destacando el papel del Consejo Social, con quien mantiene una relación "excelente y que seguirá siéndolo". Para ilustrarlo, citó que el presupuesto que destinan las universidades públicas canarias a los órganos de participación ciudadana asciende a los 750.000 euros, mientras que "en grandes universidades de Madrid o en la propia Universidad de Barcelona no superan los 400.000 euros".

Serra recordó que las relaciones son «excelentes y siempre seguirán siéndolo»

Recordó que la LOSU amplía las funciones del Consejo, que incluían supervisar las actividades económicas de la universidad, promover la colaboración social en su financiación, adaptar la oferta educativa a las necesidades sociales y fomentar políticas de becas y ayudas. Como ejemplo de esa nueva atribución de competencias, señaló que "no deberían suscribirse convenios que afecten directamente a la universidad sin la participación del rector, ya que es imposible desarrollar acciones concretas con la comunidad universitaria si no están respaldadas por la máxima autoridad".

Aunque reconoció que son detalles mejorables, defendió firmemente la importancia de respetar la autonomía universitaria, la cual garantiza que la institución se rija por los principios de libertad académica, responsabilidad institucional y servicio público. Subrayó que esto no implica "cerrar puertas", sino más bien "abrirlas desde dentro".

En el acto de inauguración también participaron el vicepresidente primero del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo y el presidente de la Conferencia de Consejos Sociales y Presidencias de las Universidades Españolas, Antonio Abril.

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