Funcionarios de prisiones protestan a las puertas de las cárceles por la agresión sexual sufrida por una compañera

Cientos de funcionarios de prisiones se han manifestado a lo largo de este martes en las puertas de los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior, y también ante la sede de la Delegación del Gobierno en Sevilla, como protesta por la agresión sexual que sufrió una psicóloga de la cárcel de Sevilla II, en Morón de la Frontera.

El suceso tuvo lugar el pasado 8 de julio, durante una entrevista profesional. Un preso con antecedentes de violencia y agresiones sexuales, golpeó a la mujer, la mordió y le arrancó pelo al tiempo que le hizo tocamientos sexuales. Los vigilantes de la prisión tuvieron que intervenir ante un preso que "pese a su peligrosidad, se encontraba inexplicablemente clasificado en un módulo de respeto, reservado en teoría para reclusos con buena conducta", ha explicado este martes los sindicatos ACAIP-UGT y CSIF, convocantes de las protestas, en una nota pública.

Ambas centrales sindicales creen que en el origen del suceso está "un fallo en cadena provocado por una negligencia institucional". Este martes han contado que "el historial del interno era conocido, y se había solicitado hasta cuatro veces su traslado al Hospital Psiquiátrico Penitenciario", negándose Instituciones Penitenciarias. Tras la agresión, el traslado se autorizó finalmente.

Una agresión cada 16 horas

El agresor acabó en el módulo de respeto, de régimen de vida más laxo, tras diversos pasos por otros módulos, en los que protagonizó incidentes graves. "No nos encontramos ante un hecho aislado. En Sevilla II, en el último año ya se han registrado al menos tres agresiones sexuales y múltiples episodios de acoso a trabajadoras", han denunciado ACAIP y CSIF, deplorando que "en la Administración no se haya adoptado ninguna medida estructural".

Según estos sindicatos, en las prisiones bajo dirección del Gobierno central se produce una agresión cada 16 horas, pese al "maquillaje estadístico" del que acusan a Interior en el marco de "una política penitenciaria 'buenista', opaca e irresponsable, que pone en peligro real a los trabajadores".

CSIF y ACAIP-UGT exigen la dimisión del director y del jefe de seguridad de la prisión de Morón, pero también de la subdirectora general de sanidad penitenciaria y el director general de ejecución penal. Además, piden a revisión del sistema de clasificación de presos, que el personal sea dotado de botones de alarma, un nuevo protocolo de agresiones y el reconocimiento de los funcionarios como agentes de la autoridad, lo cual agravaría el castigo penal de los internos que cometan agresiones.