Dependencia: más del 85% de las cuidadoras son mujeres, la mitad tiene más de 45 años y una de cada cuatro es migrante

Más del 85% de las profesionales del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) son mujeres, la mitad de ellas tiene más de 45 años y una de cada cuatro, es migrante. Además, los salarios en el sector son de media entre un 35% y 38% inferiores al promedio nacional, lo que supone unos 10.000 euros anuales menos respecto al resto de empleos. Uno de cada cuatro contratos en residencias es temporal, y en los servicios de ayuda a domicilio solo el 60 % de los contratos son indefinidos, 13 puntos porcentuales por debajo de la media nacional.

Son datos que se han aportado este jueves durante el acto 'Las trabajadoras de cuidados del Sistema de Dependencia', organizado por el Ministerio de Derechos Sociales. Ha tenido lugar tras la aprobación en el Consejo de Ministros del proyecto de ley para reformar la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.

Las mejoras

Una reforma que, precisamente, incluye varias medidas destinadas a mejorar las condiciones laborales del sector. La primera es la incorporación de un artículo que establece que el Gobierno y las comunidades autónomas, a través del Consejo Territorial, desarrollarán indicadores sobre la calidad del empleo. Estos marcadores estarán desagregados por origen, edad o sexo. Por otro lado, la reforma dispone la creación de un nuevo servicio de provisión de productos de apoyo para la autonomía personal, como grúas o camas articuladas, que reducirá los riesgos físicos en el trabajo.

En la jornada, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha puesto en valor el trabajo de las profesionales y cómo el proyecto de ley se centra en mejorar la calidad de vida de las cuidadoras que trabajan en el sistema con unas condiciones de trabajo marcadas por la inestabilidad y la precariedad económica. Así, se han avanzado datos del estudio que la Secretaría de Estado de Derechos Sociales está elaborando junto a las consultoras Afi y 40dB que, además de identificar el perfil de las trabajadoras, aporta otras pinceladas interesantes.

Salud física

La mayoría de las trabajadoras destacan que esas condiciones laborales precarias se suman a la percepción de que no existen posibilidades reales de promoción y a la falta de reconocimiento profesional. Las tareas que afrontan afectan a su salud física y emocional con dolencias musculares crónicas y accidentes laborales más frecuentes que la media. En 2023, los accidentes en residencias con baja laboral fueron un 75% mayores que los del promedio nacional, mientras que en los servicios sociales sin alojamiento, el exceso llegó hasta el 25%.

Según datos de Derechos Sociales, los accidentes con baja ocurridos en desplazamientos al trabajo duplican la media nacional

En este último caso, se ha explicado, destaca la alta siniestralidad in itinere: para estas trabajadoras los accidentes con baja ocurridos en desplazamientos al trabajo duplican la media nacional, con una tasa de 904 por cada 100.000 trabajadoras, frente a 446 en el conjunto del mercado laboral. Las cuidadoras explican que la exposición continuada a esfuerzos físicos, posturas forzadas y estrés no solo deteriora la salud, sino que incrementa la rotación y las bajas laborales, afectando también a la calidad del cuidado que se presta.

260.000 cuidadoras

Durante la jornada, el ministro Bustinduy ha resumido algunos de los datos más significativos del estudio encargado por su departamento para afrontar los retos del sistema y que hablan de fuga de personal por esas condiciones laborales. Una realidad que afecta no solo a las gerocultoras, es decir, a las profesionales que prestan atención directa, apoyo personal y acompañamiento a personas en situación de dependencia, sino también a otros perfiles como fisioterapeutas, personal de enfermería o profesionales de la psicología.

La evolución demográfica prevé un aumento de más de 400.000 personas dependientes en los próximos cinco años, y en 2030 habrá 1,2 millones más de personas mayores de 65 años que en 2023. La situación exigirá incorporar, como mínimo, 260.000 nuevas trabajadoras al sector, augura Derechos Sociales.

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