El Gobierno acelera para empezar con los traslados de menores migrantes a finales de agosto: "Es de obligado cumplimiento"

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que establece las actuaciones necesarias para la acogida de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, un paso más para dar comienzo a las reubicaciones entre los distintos territorios del país de manera sostenible y solidaria. "Avanzamos en la protección de niñas, niños y adolescentes que llegan a nuestro país solas y solos, a menudo tras vivir situaciones extremas y perder a quienes les cuidaban", ha dicho la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien ha recordado que los primeros traslados, desde Canarias y Ceuta y Melilla, de los 3.000 menores están previstos a finales de agosto. Por su parte, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha advertido a las comunidades gobernadas por el PP de que es "de obligado cumplimiento". "Me niego rotundamente a pensar que no cumplan con la ley, no me puedo imaginar que se conviertan en insumisas", ha añadido Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Rego ha recalcado que esta normativa prioriza la protección de los menores mediante un sistema "eficaz, coordinado y ágil" que involucra a todos los territorios y administraciones, con el apoyo y la financiación del Gobierno central. La ministra ha recalcado que el sistema también apoya a los territorios de llegada que acogen a la mayor parte de la infancia migrante, como es ahora el caso de Canarias, Ceuta y Melilla. El reglamento, ha añadido la ministra, incluye una articulación para que la ley "se cumpla". "Si no es así intervendrá la Fiscalía de Menores y las Fuerzas de Seguridad", ya que "evidentemente hay un protocolo que está habilitado en el propio decreto que permite concretar de qué manera se va a habilitar todo esto".

Reubicaciones

El Real Decreto aprobado este martes, impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia, establece las actuaciones que deberán realizar las comunidades y ciudades autónomas de origen y destino para llevar a cabo las reubicaciones de niños y niñas no acompañadas en los plazos establecidos, así como los procedimientos a cargo del Estado central y sus administraciones.

Así, la norma ofrece un despliegue procedimental para gestionar los traslados de los nuevos menores, que lleguen a Canarias a partir de septiembre, en menos de un mes: "Se habilitará para que las nuevas llegadas se traten en 15 días y para que los niños que llevan ya un tiempo en Canarias tengan el mecanismo para hacer esta acogida vinculante de la manera más eficiente posible".

Rego ha recordado que los primeros traslados están previstos a finales de agosto, una vez el Gobierno haya aprobado un segundo real decreto que recoge la capacidad ordinaria con la acogida por comunidades autónomas y su financiación.

El Real Decreto de desarrollo establece la protección del interés superior del menor y los derechos de la infancia migrante que llega sola a territorios declarados en situación de contingencia migratoria extraordinaria. Los niños, niñas y adolescentes que lleguen a territorios que se encuentren en esta situación serán reubicados en otros en un plazo máximo de 15 días naturales desde su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados.

Dispositivos de emergencia

También se priorizará a aquellas personas menores que actualmente ya se encuentran en dispositivos de emergencia. El plazo máximo para ejecutar estos traslados de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en la actualidad en territorios declarados en contingencia migratoria de emergencia será de un año desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2025 aprobado el pasado 18 de marzo.

Además, el RD -del que también son proponentes los Ministerios del Interior, de Política Territorial y Memoria Democrática, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones- aclara las responsabilidades de los distintos poderes estatales y regionales de cara a la declaración de contingencia migratoria extraordinaria, y la definición de los territorios de destino.

Incluye también cuestiones relacionadas con la atención, instrucción y la asunción de la tutela y custodia de la infancia no acompañada. Además, apunta que la ejecución de las reubicaciones corresponderá a la comunidad o ciudad autónoma de origen, con la financiación y el apoyo de la Administración General del Estado. Concreta también los datos que deberán remitir los territorios al Ministerio de Juventud e Infancia antes del 15 de enero de cada año, y sienta la posibilidad de crear mecanismos bilaterales para garantizar la coordinación entre administraciones públicas.

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