La exclusión social golpea el doble a los canarios que a los gallegos

Uno de cada cuatro isleños (25,5%) se encuentra en situación de exclusión social, según la novena edición del Informe Foessa, elaborado por la fundación vinculada a Cáritas y presentado ayer. La tasa registrada en Canarias es la más alta de todo el país. Para dimensionar la situación del Archipiélago, sus niveles de marginación y aislamiento social duplican los de Galicia (12,7%), una comunidad con una riqueza y una población similar.

El estudio mide los niveles de inclusión a través de 37 indicadores relacionados con el empleo, la vivienda, la educación o la salud para después clasificar a la población en cuatro grados: integración plena, integración precaria, exclusión moderada y exclusión severa. De esta forma, ofrece una radiografía del territorio nacional, donde el crecimiento económico convive con la desigualdad estructural.

En las Islas, el 9,2% de los habitantes (más de 203.616 personas) sufre exclusión severa, un término que hace referencia a aquellos casos más extremos. En el lado opuesto, la integración social plena solo llega a uno de cada tres canarios. De este dato se extrae que solo el 33,3% del Archipiélago –746.593 isleños– vive ajeno a la exclusión, que el 41% está al borde de experimentarla y que el 16% ya la padece de una forma moderada.

La vivienda y el empleo, los principales frenos

Los principales motores de la exclusión son la vivienda y el empleo. Para revertir esta situación, España se había marcado un objetivo para 2018: lograr que la integración plena llegara a más de la mitad de la población en al menos once comunidades. Sin embargo, en 2024, esta estimación solo se había conseguido en cinco regiones (Cantabria, Castilla y León, Navarra, País Vasco y La Rioja). El Archipiélago, por tanto, no es el único enclave por debajo de las exigencias, pero sí el que más alejado está.

De hecho, en seis años, solo ha logrado reducir su tasa de exclusión en un 2,4%. Aunque registre cada vez menos personas en exclusión severa, el porcentaje de población en plena integración es inferior al de 2018.

El informe no solo mide los niveles de inclusión y exclusión social, sino que también calcula la pobreza de cada territorio. En 2008, Canarias tenía al 30,1% de sus habitantes en riesgo de pobreza, una cifra que solo ha logrado reducir un 4,3% en quince años. En 2023 –último curso con datos– uno de cada cuatro isleños (25,8%) vivía en la cuerda floja, frente al 20% nacional y al bajísimo 10% de País Vasco, el mejor dato por comunidades.

Por encima de la media

A pesar de las mejoras en algunas zonas, el sur de España y el territorio insular siguen destacando por la mayor incidencia de la pobreza. El informe evidencia que, mientras otras regiones como Asturias o La Rioja presentan niveles de desigualdad inferiores al conjunto nacional, el Archipiélago superaba notablemente la media incluso antes de la crisis de 2008, una tendencia que se ha mantenido en las Islas.

País Vasco y Navarra se sitúan como las regiones con las rentas por hogar más altas. La Comunidad de Madrid ocupa la tercera posición, pero a más de mil euros de Euskadi. En el otro extremo, las comunidades peor paradas son Murcia, Andalucía y Extremadura. Desde principios de siglo, este patrón ha registrado pocos cambios. Canarias, sin embargo, ha ido mejorando sus posiciones, aunque todavía no ha logrado saltar al grupo intermedio.

En el contexto nacional, el informe de Cáritas subraya que España –con una de las tasas de desigualdad más altas de Europa– atraviesa un proceso inédito de fragmentación social; la clase media se está contrayendo y muchas familias se han desplazado hacia estratos inferiores. En 2024, la exclusión severa se sitúa un 52% por encima de 2007, lo que arroja un saldo de 4,3 millones de personas.

Falla el sistema

La investigación también destaca que no son los ciudadanos lo que fallan, sino el sistema. En esta línea, subraya que tres de cada cuatro hogares activan estrategias de inclusión, es decir, que buscan empleo, se forman y ajustan o recortan gastos. Pese a estos esfuerzos, chocan con barreras estructurales como la escasez de recursos. «El mito de la pasividad de las personas en situación de pobreza y exclusión, esa idea de que viven de prestaciones sociales sin buscar soluciones o emprender acciones para su inclusión, es falsa. Esta realidad demuestra que no es culpa de las personas, que el que falla es el sistema», apuntó el secretario técnico de la Fundación FOESSA y coordinador del informe, Raúl Flores.

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