Día de la Infancia
El Gobierno aprueba una declaración institucional que contempla la prestación universal por crianza que impulsa Sumar
El texto aprobado indica que el Ejecutivo "avanza hacia una prestación por crianza diseñada desde la universalidad y la equidad fiscal"

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, el pasado 25 de marzo en La Moncloa. / JOSÉ LUIS ROCA
Redacción
El Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional, con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, que tendrá lugar el próximo jueves, 20 de noviembre. La declaración recoge que "la desigualdad económica condiciona vidas enteras desde la infancia" y señala que el Gobierno "avanza hacia una prestación por crianza diseñada desde parámetros de universalidad y equidad fiscal".
La prestación universal por crianza es una de las demandas que Sumar y el Ministerio de Juventud e Infancia lleva reclamando que se apruebe toda la legislatura. Se trata de una ayuda para las familias de 200 euros por cada hijo o hija a cargo. Una fórmula que, según el partido liderado por Yolanda Díaz, "permite dejar de lado el actual modelo asistencial y permitiría reducir la tasa de pobreza infantil a la mitad". El riesgo de pobreza afecta al 28,9% de los niños en España.
Ante ello, la declaración institucional plantea que el abordaje de la pobreza infantil debe realizarse desde una perspectiva integral, reconociendo que se trata de un fenómeno multidimensional que va más allá de la falta de ingresos.
Los derechos
Además, la declaración plantea la necesidad de construir una sociedad que incluya a la infancia, la tenga en consideración como sujeto de derechos, y les garantice una vida libre de violencia, discriminación y desigualdades.
El texto hace referencia a la ampliación de la ley contra la violencia infantil, que impulsa el Ministerio de Juventud e Infancia, al proyecto de Ley Orgánica de Protección de las Personas Menores de Edad en los Entornos Digitales, en trámite en el Congreso de los Diputados y a la necesidad de luchar "contra fenómenos como el ciberacoso o el aprovechamiento económico de las personas menores de edad en su calidad de personas consumidoras vulnerables".
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