Los juristas canarios advierten: "El proceso judicial no debe convertirse en una segunda agresión hacia las mujeres"
El Colegio de Abogados de Las Palmas acoge unas jornadas formativas sobre violencia de género que llaman a abordar un "problema estructural y público"

El letrado de Justicia Adrián Gómez y la diputada del Colegio de Abogados, Pino de la Nuez, este viernes en las jornadas. / José Carlos Guerra

Un halo de dudas sobre las declaraciones de las víctimas de violencia machista. Testimonios que se cuestionan. Preguntas incómodas. Un caldo de cultivo para que las mujeres que sufren abusos físicos, verbales, psicológicos o económicos por parte de sus parejas en ocasiones guarden silencio para no enfrentarse a un proceso judicial que muchas veces "se convierte en una segunda agresión". Así lo han expuesto algunos de los ponentes de las primeras Jornadas Formativas por una Justicia más Eficaz frente a la Violencia de Género, que acoge el Colegio de Abogados de Las Palmas y organiza la Asociación Profesional de Letrados de la Administración de Justicia (PROLAJ) para formar a los operadores jurídicos que tratan a diario este tipo de casos.
"Cuando lo llamamos conflicto familiar a lo que es violencia, invisibilizamos al agresor y desplazamos la causa del problema. Cuando reducimos la violencia a sus manifestaciones más extremas, olvidamos las formas cotidianas que las sostiene hoy. Por eso, incorporar la perspectiva de género en la interpretación judicial no es un gesto de corrección política, sino una exigencia democrática", aseguró el primero de los intervinientes, el magistrado del Tribunal Constitucional y exministro de Justicia Juan Carlos Campo.
Las ponencias arrancaron este viernes y fueron inauguradas por el propio juez junto al decano del Colegio, Rafael Massieu, el viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Cesáreo Rodríguez, y el presidente de PROLAJ, Alejandro Asencio. La formación, que continuará este sábado entre las 9:45 y las 12:45 horas, habilita además el acceso al turno de oficio en materia de violencia sobre la mujer.
"El silencio es una herramienta del poder que sostiene la impunidad", señala Juan Carlos Campo
La primera de las mesas versó sobre la construcción de la igualdad de género e hizo un repaso de la lucha por la conquista de derechos, que "está siendo muy ardua y demasiado larga", señaló Campo. "El silencio es una herramienta del poder que sostiene la impunidad y hay que romperlo", subrayó el ponente, que apuntó como claves para alcanzar una sociedad igualitaria las leyes eficaces, instituciones sensibles al género, una educación libre de privilegios y una ciudadanía comprometida.
El magistrado apeló a un abordaje del problema desde todos los ámbitos: "Cuando la sociedad se organiza, cuando la sociedad escucha, cuando la justicia escucha, cuando las instituciones protegen y acompañan, entonces es cuando podemos concluir que las realidades han cambiado. La violencia deja de ser, por tanto, un problema privado para convertirse en una cuestión pública, en una cuestión que nos interpela a todos ciudadanos y a todos los poderes del Estado".
El impacto del 'Me Too'
Como ejemplo de que esto es posible puso el movimiento del Me Too, que ha servido para visibilizar la magnitud de la violencia y el acoso sexual y para cuestionar la "falsa sensación de igualdad" en la que vivimos. Millones de mujeres que comparten experiencias que antes quedaban silenciadas y que desplazan el debate desde casos aislados hacia la revisión de jerarquías, la impunidad y la cultura de la violación.
Campo aludió al sistema judicial como un "espacio clave para romper el silencio", pero matizó que también ha sido en ocasiones un espacio que lo perpetúa al revictimizar, al dudar en exceso del testimonio de las mujeres o al aplicar normas sin perspectiva de género. "Una justicia eficaz frente a la violencia de género no puede contestarse con responder al daño una vez producido, debe prevenirlo, debe reforzar de manera integral y garantizar que la víctima no vuelva a sentirse sola", añadió.
La segunda de las charlas analizó el impacto de la ley de violencia de género en el ordenamiento jurídico español y fue impartida por el letrado de la Administración de Justicia Adrián Gómez Linacero. En el curso de la misma se abordó el impacto de la ley de eficiencia de la Justicia, también conocida como ley Bolaños, y los cambios que introduce sobre la aplicación de los medios adecuados de solución de controversias (MASC).
Auxiliadora Díaz: "Los niños son víctimas directas y deben ser objeto de los sistemas de protección"
En concreto, el ponente aseguró que los asuntos civiles y de familia no pueden estar sujetos a los MASC porque incumple normas nacionales e internacionales: "Es inadmisible en procedimientos en los que hay menores implicados". A criterio del letrado, mediante este método se alcanzan conformidades que chocan con el protocolo de protección de la mujer.
"La ley presenta algunos puntos de fuga que se prestan a instrumentalizaciones ajenas al fin que se persigue", señaló Gómez, quien aludió directamente a una "pena de calabozo". "Las detenciones policiales tienen que estar bien justificadas y deberían estar fundamentadas en los atestados. No estoy conforme con que una llamada conduzca al hombre al vía crucis del calabozo", argumentó.
Pase inmediato a disposición
Esta última afirmación dio pie a un vehemente debate con intervenciones del público, entre los que se encontraban distintos operadores jurídicos vinculados a la violencia machista. Una de las soluciones que se propuso fue que nada más se interponga denuncia por una agresión de este tipo se pase al detenido a disposición para que sea la autoridad judicial quien adopte las medidas cautelares oportunas.
Sin embargo, trabajadoras del servicio de atención a las víctimas recriminaron estas intervenciones como algo "frívolo" y negaron que una llamada de la mujer maltratada sea suficiente para enviar al calabozo a su presunto agresor. "Se hace una valoración por parte de la policía que evalúa el riesgo de la víctima y muchos no van al calabozo", afirmó una de las asistentes.
La tercera de las mesas giró en torno a la violencia vicaria y fue impartida por la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, María Auxiliadora Díaz. Precisamente los juzgados especializados de Canarias fueron los primeros en asumir un caso de sustracción de menores, que tras la última reforma legislativa pasan a ser los competentes en la materia. En menos de 10 días, se logró la restitución del menor a la madre, que de forma involuntaria se le había impedido tener contacto en su vida. "Para eso es necesaria la aplicación de la perspectiva de género y de infancia", apuntó.
Los juzgados de violencia sobre la mujer de Canarias fueron los primeros en asumir la sustracción de menores
También la magistrada fue la primera en sentenciar que la muerte de una mascota para hacer daño a una mujer es otra forma de violencia vicaria, que al contrario de lo que se suele pensar va más allá de los hijos e hijas de la pareja e involucra a otros allegados. "Con la intervención inmediata y maravillosa del Instituto de Medicina Legal se pudo valorar el duelo y, gracias a eso, pudimos establecer un concurso ideal del delito de matar al animal junto con el daño adhesivo que se le produce como consecuencia de ese acto", explicó.
Díaz afirmó que la sociedad continúa siendo "bastante tolerante" con los delitos que afectan a los niños y a los adolescentes. "Parece que a ellos no les afecta en nada, seguimos pensando que si atentamos contra la integridad de una mujer no van a ser capaces de atentar contra ellos", remarcó. Sin embargo, "los niños son víctimas directas del delito y deben ser objeto de los sistemas de protección".
Interés del menor
Los datos están ahí. Según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial la tasa de condenas en materia de sustracción de menores se reduce a un 1,33% en toda España, en su mayor parte por casos internacionales.
"El interés superior del menor no es relacionarse con el padre maltratador, es vivir libre de toda violencia y entender que le puede afectar de manera significativa en el desarrollo de su personalidad y, en definitiva, en el futuro", aseguró la magistrada. En esa línea, indicó la necesidad de que el menor sea escuchado de forma directa por el órgano decisor y no a través de otros profesionales.
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