Canarias se desmarca de Europa en la lucha contra la violencia infantil

El modelo canario para luchar contra la violencia que sufren los niños y los adolescentes continúa afianzándose como el protocolo nacional de referencia y ha logrado situarse como la principal alternativa europea frente a las actuaciones que se llevan a cabo en los países nórdicos. El magistrado e impulsor del juzgado pionero en la materia de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín, ha remitido un informe al Consejo General del Poder Judicial en el que llama a expandir por todo el país los juzgados especializados, las salas Gesell, las unidades de valoración forense y los protocolos sanitarios y educativos.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias mostró su apoyo en su último pleno a las consideraciones realizadas por el juez, que advierte de que el modelo que siempre había sido tomado como referencia en Europa es incompatible con el sistema penal español. "El análisis comparado evidencia que Barnahus, tal y como ha sido concebido e implantado en los países nórdicos, presenta graves dificultades de encaje en el entramado normativo, competencial y procesal español", señala.

Las consecuencias que tendría realizar este tipo de acciones, advierte el magistrado, serían un retroceso jurídico, un gasto innecesario, un riesgo procesal, una duplicación de servicios y una desviación de los recursos que la Justicia necesita con urgencia. En España, concreta, no hay ninguna norma que permita que un centro privado coordine entrevistas, diligencias procesales o recogida de prueba anticipada, sino que la investigación penal recae exclusivamente en los juzgados y la Fiscalía.

Aplicar el modelo de referencia en Europa supondría un "gasto multimillonario"

Además, el protocolo que se sigue en Islandia, Suecia y Noruega nació limitado al abuso sexual infantil y ha mostrado grandes dificultades para afrontar la violencia física, psicológica y digital, las negligencias, la trata y explotación sexual, las macrocausas y los delitos cometidos por menores. Los informes de estos países documentan también saturación, falta de personal cualificado y problemas de cooperación con la Policía y la Fiscalía.

Para poder implantar este modelo habría que aprobar un "gasto milmillonario" porque implicaría crear nuevos edificios, contratar más personal, adquirir sistemas de grabación, equipar salas, mantener centros externos y coordinar estructuras paralelas. El coste por unidad en los países nórdicos oscila entre 800.000 y dos millones de euros y España necesitaría decenas de centros para cubrir su territorio.

Entornos seguros

Martín concluye que "desviar fondos a centros privados dificultaría cumplir las obligaciones legales" e insta, en su lugar, a modernizar las sedes existentes, instalar salas Gesell para tomar declaración a los menores en toda España y desarrollar entornos seguros.

Como ejemplo de referencia pone la labor realizada en los últimos años en el juzgado de la capital, que ya ha sido evaluado científicamente y figura como buena práctica del Instituto Nacional de Administración Pública. Este protocolo tiene la ventaja de que atiende a todos los tipos de violencia, coordina a profesionales del ámbito sanitario, educativo, servicios sociales y policía judicial. Además, permite tomar declaración por vía telemática a las víctimas que se encuentran fuera del territorio, integra informes sanitarios y forenses y ofrece una atención eficaz, rápida y garantista.

Martín prioriza la expansión de las salas Gesell y un enfoque público multidisciplinar

"Esta experiencia constituye una prueba empírica irrefutable: el modelo judicial español ya funciona cuando se dota correctamente", subraya el magistrado. La clave de este protocolo se basa en una estructura pública que coordina la intervención judicial, policial, forense, sanitaria y educativa.

Desde su implantación, el juzgado especializado ha logrado reducir los tiempos de tramitación, mejorando la protección de los menores y la calidad probatoria. También permite la toma de declaración de víctimas o testigos ubicados en cualquier punto del territorio nacional o incluso fuera de España e integrar la intervención sanitaria y educativa conforme a las actuaciones vigentes en la comunidad autónoma.

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