¿Cómo evitar que se repita el escándalo de la vivienda protegida en Alicante?

La polémica adjudicación de viviendas protegidas en Alicante a personas vinculadas con el Ayuntamiento y la Generalitat, destapada por INFORMACIÓN, ha centrado la atención en torno a la regulación para hacerse con uno de esos inmuebles. La normativa, de ámbito autonómico, ha sufrido diferentes modificaciones en la última década, la más reciente en diciembre de 2024, por parte del Consell de Mazón. Ahora, con Juanfran Pérez Llorca al frente, la Generalitat Valenciana se plantea una nueva revisión del decreto. Para evitar que un escándalo similar pueda repetirse, veteranos en la materia de la vivienda, con experiencia en el Consell, apuntan a medidas como la adjudicación "por orden" y una doble comprobación de la renta: una vez cuando se adjudica la vivienda y otra justo antes de la entrega de llaves.

Entre los principales cambios que introdujo el decreto sobre vivienda de protección pública del ejecutivo autonómico de Mazón, destacaba elevar de 46.800 a 54.600 el límite de renta para acceder a estos inmuebles, pudiendo llegar a los 66.300 si se cumplían determinados requisitos. Además, se incrementaba hasta los 2.400 euros, el precio máximo del metro cuadrado y, en promociones protegidas de construcción privada (como el polémico residencial Les Naus y todo lo proyectado en el Plan Vive) se suprimieron requisitos de acceso como estar inscrito en un registro de demandantes, dejando toda la capacidad de adjudicación a las promotoras (en este caso, a la cooperativa).

María José Salvador (PSPV): "Hay que poner mecanismos de publicidad"

Para María José Salvador, consellera de Vivienda entre 2015 y 2019 (PSPV), "todo esto empieza con la Ley por la función social de la Vivienda, de febrero de 2017", que fue la primera impulsada por el Consell de Ximo Puig (al margen de la de presupuestos) tras su llegada al Gobierno autonómico. "Se quería garantizar el derecho a la vivienda y olvidar ese concepto de que es un negocio, así como poner fin a la especulación y las consecuencias de la crisis inmobiliaria", apunta Salvador. Además, "introducía elementos para evitar desahucios y establecía mecanismos para ampliar el parque público de vivienda".

"Hay que recuperar mecanismos para aumentar la publicidad en los procesos de adjudicación"

María José Salvador

— Consellera de Vivienda 2015-2019 (PSPV)

La socialista cree que un futuro decreto que garantice el acceso adecuado a estas promociones debería implementar y recuperar ciertos "mecanismos para aumentar la publicidad en los procesos de adjudicación", puesto que en esta ocasión se ha demostrado que la cooperativa "solo fue accesible para unos pocos privilegiados". En este sentido, destaca principalmente la creación de los registros públicos impulsados por aquel gobierno de Puig: uno de demandantes de vivienda protegida; otro de oferta de vivienda protegida y un tercer listado de inmuebles vacíos (de grandes tenedores con más de diez viviendas) con la obligación de comunicarlo a la Administración y ofrecerlos en alquiler social.

Rubén Martínez Dalmau (Unidas Podemos): "Sería fundamental una doble verificación"

También Rubén Martínez Dalmau (exconseller de Vivienda, por Unidas Podemos, entre el 2019 y el 2021) incide en que "lo primordial es ampliar el parque público, antes que incentivar la construcción privada" y cree que la reciente polémica parte de un problema de modelo. "En el Botànic había una protección y preocupación por la vivienda como derecho, ahora está considerada como negocio. Lo vemos en el Plan Vive y en las políticas actuales, que están en las antípodas de las que planteó el Botànic porque Susana Camarero no cree en el derecho a la vivienda".

"Lo primordial es ampliar el parque público, antes que incentivar la construcción privada"

Rubén Martínez Dalmau

— Conseller de Vivienda 2019-2021 (Unidas Podemos)

Para solucionarlo, considera que "sería fundamental una doble verificación" del nivel de renta y el cumplimiento de los requisitos, al principio y al final del proceso de adjudicación. "No podemos pensar que en dos o tres años no cambia la situación personal. Lo que hay que garantizar es que la persona que entra cumple los requisitos. Es muy normal en todos los sistemas de Europa un sistema de verificación en el último momento y no creer que la adjudicación es un derecho adquirido que no puede cambiar", sostiene. En cualquier caso, añade Dalmau en referencia al caso de Rocío Gómez, que se apuntó a la cooperativa antes de ser concejala y recibió su vivienda ya en el puesto, "es una vergüenza entrar en un proceso así cuando sabes que te vas a beneficiar de un cargo".

Vicente Dómine (PP): "Los baremos deben ser muy rígidos"

Para el que fuera (entre otros cargos) director general de Vivienda en la etapa de Isabel Bonig (PP) al frente de la conselleria, Vicente Dómine, "el porcentaje de inmuebles públicos es muy importante", ya que en países como Francia o Inglaterra, existen ciudades con más de un 15 % de pisos pertenecientes a las distintas administraciones. Al respecto, alude a un trabajo realizado por el Colegio de Ingenieros estatal sobre la problemática del suelo y reclama poner la mirada en modelos de éxito en toda Europa.

"Los baremos deben ser muy rígidos y formar parte del conocimiento general de las personas jóvenes"

Vicente Dómine

— Director general de Vivienda 2011-2015 (PP)

"En otros países, la gestión del parque público se hace a través de entidades de interés social que están unidas por un concepto: son sin ánimo de lucro y gestionan de forma directa o concesionada los inmuebles de la Administración, lo que sería perfectamente aplicable en la Generalitat Valenciana". En estos casos, apunta Dómine, predomina también un modelo "de rotación", mediante arrendamientos, que suele ser por un tiempo determinado y atendiendo primordialmente casos de emergencia habitacional. "En Europa se focalizan las ayudas en gran parte en el mercado del alquiler, entendiendo que la contribución del Estado debe ser para que los ciudadanos atraviesen un contexto de dificultad que se contempla como transitorio, no permanente", según explica.

Consultado sobre los mecanismos para el acceso a la vivienda protegida, el ex director general vuelve a dirigir la mirada al continente y apuesta por que "los baremos deben ser muy rígidos y formar parte del conocimiento general de las personas jóvenes". A su vez, sostiene que sería conveniente clasificar estos límites "en segmentos, en función del tamaño de la familia, la capacidad económica y factores de vulnerabilidad como si son monoparentales o cuentan con personas con discapacidad".

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