Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los médicos de Canarias celebran que el TSJC haya reconocido su séptimo día de permiso: "Era una desigualdad frente a otras regiones”

El alto tribunal autonómico confirma que la instrucción interna de Sanidad queda sin efecto tras la aprobación de una ley estatal en 2023

Manifestación de médicos en Tenerife

Andrés Gutiérrez

Santa Cruz de Tenerife

Los médicos canarios tendrán al fin un séptimo día de asuntos propios que, pese a estar recogido en la norma estatal, hasta este momento estaba siendo denegado por el Servicio Canario de Salud (SCS). Ahora, en cambio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado tres resoluciones judiciales que reconocen el derecho de los facultativos a disfrutar de este permiso -también conocido por los profesionales como día verde-. 

Las sentencias ratifican fallos previos de juzgados de primera instancia y concluyen que la negativa de la Administración sanitaria a conceder ese día adicional no se ajustaba a derecho. La denegación se había basado en una instrucción interna del SCS que, según el tribunal, quedó sin efecto tras la aprobación de una norma estatal. 

Todo este conflicto comenzó cuando varios médicos del sistema sanitario de las Islas solicitaron el séptimo día de permiso por asuntos propios, un derecho que consideraban vigente para el personal público. El secretario general del Sindicato de Médicos de Canarias, Levy Cabrera, explica que la Consejería no ofreció ninguna respuesta a sus solicitudes, por lo que se produjo lo que en el ámbito jurídico se conoce como silencio administrativo.

Diferencias con otras comunidades

Por este motivo, los profesionales optaron por acudir a los tribunales, para reclamar que se les reconociera este permiso. “Estábamos en condiciones desiguales, éramos de las pocas regiones, quizás la única, que tenía este problema”, añade. 

Desde el sindicato celebran esta resolución como un logro y señalan que "no es una casualidad", sino que es una consecuencia directa de la presión ejercida en reuniones y mesas de negociación, así como de las anteriores sentencias favorables. Sanidad, por su parte, alega que todos sus trabajadores recuperaron el séptimo día de libre disposición desde la entrada en vigor de la Instrucción 14/25.

Pese a conseguir este avance, Cabrera sostiene que, para que el servicio canario sea atractivo para futuros profesionales, se deben mejorar otros aspectos como la equiparación retributiva de carrera profesional a las tres mejores comunidades autónomas y el incremento de la hora de guardia.

¿Cuándo se suprimió el derecho?

En Canarias, este permiso se estableció en 2003 mediante un acuerdo alcanzado entre el Gobierno regional y las organizaciones sindicales que representaban a los trabajadores del sector público. Por ese entonces, se fijó el mismo número de días para el personal funcionario y para el estatutario, lo que incluía a los sanitarios del servicio público. Durante la crisis, este derecho sufrió modificaciones y, en 2012, llegó incluso a suprimirse. Más de una década después volvió a reconocerse en todo el territorio español, pero el Archipiélago se quedó al margen de esta actualización. 

Esta cuestión generó un tira y afloja entre Administración y trabajadores que terminó elevándose al alto tribunal autonómico, órgano que ayer dio la razón a los médicos. La Sala, por tanto, ratifica que la instrucción 15/06 del SCS que suspendía el séptimo día quedó sin efecto tras la aprobación de una norma de rango estatal: la Ley 31/2022, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, un texto que, a su vez, levantaba las medidas de ajuste económico que se había recogido en el Real Decreto-ley 20/2012. Sobre esta base, concluye que la sentencia impugnada “estima correctamente la reclamación” al no apreciar error en la interpretación de la normativa aplicable.

Puede haber más casos pendientes

Las resoluciones conocidas afectan a tres casos concretos, aunque en un comunicado el propio Tribunal advierte que no se descarta que haya otros procedimientos parecidos pendientes de resolución. Como resultado de la desestimación de los recursos de apelación, el TSJC impuso a la Administración autonómica el pago de las costas procesales correspondientes a la segunda instancia, es decir, que el Gobierno regional tendrá que asumir los gastos derivados del proceso judicial en esta fase. 

La queja de los médicos

Cabrera denuncia que Sanidad recurre todas las sentencias que se les remiten de manera sistemática, un hecho que “eterniza” los procesos judiciales. “Ocurre también con otras cuestiones, cada vez que se presenta una reclamación, recurren para obligarnos a ir al siguiente tribunal; cuando han perdido tres o más deberían reconocer estas reivindicaciones de oficio porque así lo único que consiguen es sobrecargar a los juzgados”, critica el secretario general del CESM. 

Suscríbete para seguir leyendo

Tracking Pixel Contents