Educación
El drama de la vivienda ya entra en las aulas de Alicante y dificulta el aprendizaje
Los profesores detectan cada vez más estudiantes que viven en una habitación con toda la familia, que están pendientes de un desahucio o asfixiados por el alquiler
Dos profesores del IES 8 de Marzo de Alicante que ayudan a sus alumnos con problemas de vivienda. / PILAR CORTES
«El último caso de una alumna me ha partido el corazón, después de ocho años tiene que volverse a su país, porque el alquiler ha pasado de costar 500 a 900 euros mensuales. Viven madre e hija y la progenitora cobra el sueldo mínimo. Es imposible», relata Luis Jesús Juan, profesor de Filosofía del IES 8 de Marzo e integrante de la plataforma que acaba de echar andar en Alicante bajo el nombre de Docents pel dret a la vivenda.
La crisis habitacional que tiene su máximo exponente en los desorbitados precios del alquiler ya ha entrado en las aulas y está sobrepasando a los estudiantes que están afectados por esta situación. El profesorado, que está implicado en esta red con el objetivo de ayudar desde los centros educativos al alumnado sacudido por este drama, asegura estar detectando cada vez más niños y adolescentes que viven en una sola habitación con toda su familia, en condiciones de hacinamiento; que están pendientes de un desahucio o que se ven obligados a cambiar de domicilio hasta tres veces por curso debido a la constante subida del precio de la vivienda.
«Un alumno que tiene una amenaza de que lo expulsen forzosamente de su casa no puede estudiar, no puede concentrarse como el que tiene un hogar sólido. Hay estudiantes que no tienen espacio para tener un escritorio en su habitación, que no pueden quedar con otros compañeros para hacer trabajos en casa por las condiciones en las que viven. Toda esa falta de estabilidad afecta a las notas y genera problemas de socialización entre los chavales», añade el docente alicantino.
Un alumno que tiene una amenaza de desahucio no puede concentrarse como el que tiene un hogar sólido
La habitación de una familia residente en Alicante. / AXEL ALVAREZ
Según datos que manejan los sindicatos de vivienda, en Alicante se producen entre tres y cuatro desahucios al día y en torno al 30% de ellos hay menores implicados. Sin embargo, estas organizaciones solo se acaban haciendo eco de una parte de los casos.
«Nos llegan ocho o diez desahucios al mes, pero sabemos que hay muchos más con niños a los que no estamos alcanzando», advierte Llorenç Saval Devesa, representante de la plataforma de docentes que está conectada con sindicatos de vivienda de la ciudad (Carolinas y Zona Norte) para detectar y frenar este tipo de situaciones que sacuden de lleno a los menores. Su lema es «sin vivienda no hay educación».
Y es que el aumento de alumnos azotados por esta cruda realidad se ha convertido en un tema de conversación constante en los claustros de profesores, entre otras cosas, porque estas situaciones están mermando el rendimiento académico del alumnado y les preocupa que pueda acabar desembocando en un abandono temprano de los estudios.
No obstante, los docentes coinciden en que la gran mayoría de veces los chavales cargan a sus espaldas en silencio este problema.
«Les da vergüenza hablar de la situación, es un tema que hay que tratar con mucho respeto, no es nada fácil y menos en una etapa tan complicada como es la adolescencia», agrega Luis Jesús Juan, quien achaca este despropósito a que Alicante «se ha convertido en un lugar para vivir a precio de hotel, enfocado directamente en los turistas».
Alicante es un lugar para vivir a precio de hotel, enfocado a los turistas
Alumnos en los pasillos de un instituto de Alicante. / ALEX DOMINGUEZ
Media de mil euros
La escalada de precios ha abocado a los inquilinos a tener que hacer frente desde este año a una media de 1.000 euros mensuales por el alquiler de su vivienda en la capital de la provincia, según los portales inmobiliarios. No solo eso, los arrendamientos de una casa suman ya un 70 % de incremento en la provincia desde que se inició la actual escalada, que arrancó a finales de 2020.
«Estamos viendo cómo la vivienda está afectando muy grave al futuro de nuestros hijos. Hay muchos niños con talento que no pueden prosperar porque viven hacinados», lamenta el representante de Docents pel dret a la vivenda, también miembro del Sindicat de Vivenda, que, recientemente, ha alertado de que las personas que viven de alquiler dedican casi la mitad de su sueldo a pagar la renta, y que en algunos casos el porcentaje llega al 80 % o al 90 %.
Hay muchos niños con talento que no pueden prosperar porque viven hacinados
Además de estas duras situaciones, otra realidad que se está encontrando el profesorado de Secundaria y Bachillerato es la de estudiantes que necesitan clases extraescolares de refuerzo que sus familias no pueden permitirse porque no tienen apenas dinero para pagar la casa.
Ante casos como estos, docentes alicantinos han decidido movilizarse y dar, de forma altruista, un paso más allá de su labor en la enseñanza. Los que se han decidido involucrar en este movimiento, presentes ya en varios centros, como Las Lomas, Figueras Pacheco, Da Vinci o San Vicente, mantienen un hilo directo con los departamentos de Orientación de cada instituto, porque son los que más pueden enterarse de la situación de las familias, y con la dirección.
La propuesta de esta plataforma que acaba de nacer (fue presentada en público en febrero) pasa por crear en cada centro educativo un PI (Punto de Información de Vivienda), formado por dos o tres profesores que, en coordinación con orientación, tutorías y, si es posible, el equipo directivo, detecten y hagan seguimiento de casos de alumnado con problemas habitacionales.
Defender el derecho a la educación pasa también por defender el derecho a una vivienda digna
¿Cómo actúan?
Estos equipos actuarían como enlace con los sindicatos de vivienda para derivar los casos y activar una respuesta coordinada. Inspirados en el colectivo catalán «Docents 080 per un habitatge digne», nacido en Barcelona hace cuatro años con objetivos similares, los docentes alicantinos han decidido trasladar el modelo a la provincia
Entre las posibles actuaciones, se contempla incluso la elaboración de informes por parte de los centros que acrediten el perjuicio que un desahucio supondría para el derecho a la educación del menor. En algunos casos, docentes y equipos directivos podrían acompañar a las familias en los procesos, como medida de presión institucional y social para evitar el lanzamiento, así como ofrecer ayuda psicológica a los menores.
El objetivo final, insisten, no es solo evitar desahucios, sino romper el estigma y garantizar que las familias sepan que no están solas. «Muchas veces se callan por vergüenza. Queremos que sepan que si lo cuentan, podemos ayudarles. Defender el derecho a la educación pasa también por defender el derecho a una vivienda digna», concluye el vocal de la plataforma.
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