Estas serán las primeras declaraciones ante el juzgado que investiga las polémicas adjudicaciones de Les Naus en Alicante

Primeras declaraciones en la investigación judicial por el escándalo de las viviendas protegidas en el residencial Les Naus de Alicante. La magistrada de Alicante que investiga las presuntas irregularidades, Amparo Rubio, ya ha acordado las primeras citaciones por estos hechos. La cita será en el juzgado a mediados del próximo mes de abril donde la magistrada ha llamado a los tres técnicos de la Conselleria de Vivienda que firmaron el informe sobre las 140 adjudicaciones. Se trata de un documento que se redactó a instancias del propio juzgado y que ahora los funcionarios deberán explicar en sede judicial en calidad de testigos. En dicho trabajo los funcionarios examinaron vivienda por vivienda los criterios de adjudicación. Los testigos citados son el director territorial de la Conselleria en Alicante, la jefa del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante y el secretario territorial adjunto de Vivienda. La magistrada también ha emplazado a la conselleria a aclarar si algún otro técnico más ha intervenido en el informe por si fuera necesario citarle a él también.

La Conselleria de Vivienda ya remitió a la jueza los expedientes de nueve de las 140 adjudicaciones del complejo por irregularidades, al detectar que en seis de ellas se incumplen los requisitos que la normativa marca para acceder a este tipo de vivienda protegida y que en las otras tres directamente sus propietarios no respondieron al requerimiento de documentación realizado por la conselleria tras destapar INFORMACIÓN el escándalo del residencial de La Condomina. Los incumplimientos estarían relacionados mayoritariamente con los ingresos y/o el patrimonio inmobiliario de los adjudicatarios, que superarían el tope que marcaba la Generalitat para poder acceder a estos pisos.

Las indagaciones sobre si los componentes de unidades familiares estarían o no realmente separados, treta de la que supuestamente se habrían valido en algunos casos para burlar el límite de ingresos e incluso de patrimonio inmobiliario, es algo que tendrá que indagar el juzgado, de así considerarlo necesario el Ministerio Público y la instructora.

Una de las tres adjudicaciones que adolecen de toda la documentación al no haberse atendido el requerimiento de Vivienda es la de Elsa Lloret, la arquitecta municipal del Ayuntamiento de Alicante cuyo marido, técnico de la conselleria, ha sido suspendido de empleo y sueldo por validar irregularmente su visado para el residencial de vivienda protegida. Otra corresponde a la tesorera del Consistorio de Sant Joan, Sira Pérez, que volvió a su puesto municipal el pasado año tras unos seis años desempeñando funciones en la Administración autonómica.

Ambas habían trasladado su voluntad de "devolver" sus viviendas junto a otros tres adjudicatarios, entre los que está la pareja que compró dos pisos contiguos (un piso cada uno) y que ha comunicado también su intención de renunciar a ellos por "amor" ya que han vuelto a tener un proyecto de vida en común, según alegaron ante la Administración.

Entre la información que el departamento que dirige la consellera y vicepresidenta Susana Camarero envió a la magistrada Rubio se encuentra también la relativa a las viviendas donde la inspección realizada por la Policía Local detectó personas residiendo en régimen de alquiler.

Estas casas solo se pueden arrendar si, acogiéndose a alguno de los supuestos que marca la ley, se ha solicitado y concedido la autorización para ello. Ninguna de las 140 viviendas del residencial cuentan con ese permiso, que ni ha llegado a pedirse, cuando la inspección señala la existencia de al menos tres casas alquiladas, aunque podrían ser más.

En dos de las detectadas están empadronadas personas distintas a sus propietarios. En ambos casos, los …

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