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Los Consejos Sociales de las universidades públicas canarias piden acelerar el plan de financiación para que entre en vigor en 2027

Los Consejos Sociales de las universidades públicas canarias piden al Gobierno de Canarias un plan de financiación plurianual operativo desde 2027 para asegurar la estabilidad y modernización del sistema universitario

Los Consejos Sociales de las universidades públicas canarias piden acelerar el plan de financiación para que entre en vigor en 2027

Los Consejos Sociales de las universidades públicas canarias piden acelerar el plan de financiación para que entre en vigor en 2027 / LP/DLP

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Los Consejos Sociales de las dos universidades públicas canarias han trasladado al Gobierno de Canarias la necesidad de avanzar con rapidez en la definición del futuro plan de financiación plurianual del sistema universitario, con el objetivo de que pueda estar plenamente operativo a partir de 2027.

La petición fue expuesta durante un encuentro mantenido por los presidentes de ambos órganos, Francisco Almeida y Ana B. Suárez, junto a sus respectivos secretarios generales, Víctor Díaz y Miguel Ángel Acosta, con el presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, y la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín.

Durante la reunión, los Consejos Sociales trasladaron al Gobierno distintas propuestas orientadas a reforzar la estabilidad, la financiación y la proyección estratégica del sistema universitario público canario. Entre ellas, defendieron la necesidad de contar cuanto antes con un instrumento económico estable, suficiente y predecible que permita afrontar tanto los retos estructurales de las universidades como sus procesos de modernización.

En este contexto, se abordó el estado de elaboración del futuro plan plurianual de financiación, actualmente en fase de definición. Los representantes universitarios insistieron en la conveniencia de concretarlo a la mayor brevedad posible para que las universidades dispongan de ese marco desde 2027.

Una dotación de 100 millones de euros

Además, los Consejos Sociales plantearon que, en el marco de la revisión del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), se incorpore una dotación específica de 100 millones de euros para cada universidad pública en un plazo de diez años, lo que equivaldría a 10 millones anuales por institución. Esa financiación adicional, con autonomía presupuestaria directa para las universidades, estaría destinada a infraestructuras, investigación, desarrollo, innovación y transferencia de conocimiento, como complemento al futuro plan general.

La propuesta también contempla la creación de un programa plurianual que permita consolidar en el tiempo inversiones estratégicas para el sistema universitario. En paralelo, los Consejos Sociales defendieron que su papel debe verse reforzado dentro de este proceso, de modo que los proyectos susceptibles de financiación cuenten con su pronunciamiento, en línea con su función de vínculo entre la universidad y la sociedad.

Durante el encuentro, Fernando Clavijo reiteró el compromiso del Gobierno de Canarias de disponer antes del próximo verano de un marco plurianual de financiación para las universidades públicas. Según se trasladó en la reunión, el documento sigue avanzando, aunque aún depende de la incorporación de determinada información por parte de las propias instituciones académicas.

En materia de acceso y equidad, los Consejos Sociales también propusieron aplicar un tipo cero del IGIC a los precios públicos de residencias y colegios mayores universitarios, con la intención de rebajar el coste de estos servicios y facilitar el acceso del alumnado.

Asimismo, plantearon la elaboración de una estrategia canaria de educación superior que marque una hoja de ruta compartida para las universidades públicas y permita responder de forma más eficaz a las necesidades sociales del archipiélago, además de reforzar su competitividad en el ámbito internacional. Esa estrategia, subrayaron, debería diseñarse mediante un proceso participativo en el que estén presentes universidades, consejos sociales y agentes institucionales, económicos y sociales.

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