La Asociación Oportunidades de Vida ejecuta despidos tras perder el 90% de su actividad

La Asociación Social Oportunidades de Vida ha comenzado a comunicar despidos dentro de un procedimiento colectivo por causas económicas y organizativas, después de la suspensión de la actividad del centro Demena Tagoror, que, según la información trasladada a trabajadores afectados, representaba más del 90% de la actividad y de los ingresos de la entidad.

Las comunicaciones sitúan la fecha de efectos del despido en el 7 de mayo y vinculan la decisión a la suspensión del centro acordada en agosto de 2024 por la Consejería de Infancia del Gobierno de Canarias. En ese recurso residían más de un centenar de menores no acompañados, una actividad que constituía la principal fuente de financiación de la asociación.

La entidad sostiene que, tras la suspensión, se quedó sin su mayor ingreso mensual y que no ha podido reactivar la actividad ni recolocar al personal afectado en otros puestos dentro de su actual estructura. También argumenta que intentó acogerse a un ERTE de fuerza mayor, que fue denegado, y que posteriormente tramitó otro expediente por causas económicas, técnicas y organizativas.

Según la misma comunicación, la asociación declara pérdidas económicas de 315.502,88 euros en 2025 y advierte de que la situación se ha agravado durante 2026, con pérdidas superiores a 90.000 euros hasta el 31 de marzo. La entidad asegura además que atraviesa una situación de falta de liquidez, con saldos insuficientes, deudas y cotizaciones sociales aplazadas.

La asociación reconoce a los trabajadores afectados una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, con el límite de 12 mensualidades. Sin embargo, afirma que no puede abonarla en este momento por la situación económica que atraviesa, comprometiéndose a hacerlo cuando su liquidez lo permita.

También reconoce cantidades pendientes de liquidación, aunque sostiene que tampoco puede pagarlas de forma inmediata por insuficiencia de tesorería.

La decisión puede ser impugnada por los trabajadores ante la jurisdicción social en un plazo de 20 días hábiles desde la fecha de efectos del despido.