Más del 90% los adultos apoyan fijar una edad mínima para acceder a las redes sociales

En pleno debate europeo sobre la prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años, un nuevo estudio ratifica que el asunto preocupa, y mucho, a pie de calle. Más del 90% de las personas adultas residentes en España considera que los menores están desprotegidos en internet y aprueban medidas como el control parental, la edad mínima obligatoria para el acceso a redes y la regulación de la publicidad. Además, siete de cada diez cree que la participación en internet debería estar ligada a la identificación obligatoria, frente a un 24% que defiende el anonimato. Una vez más, el reclamo fundamental de la ciudadanía es la alfabetización digital.

Estas son algunas conclusiones de la encuesta sobre percepción social de los derechos digitales en España, un proyecto elaborado por la Fundación la Caixa, Red.es y Fundación Hermes en colaboración con la Universitat de Barcelona y desarrollado en el marco del Observatorio de Derechos Digitales. El estudio -realizado con encuestas a 2.500 adultos- se ha presentado esta mañana en Barcelona, durante un encuentro internacional por los derechos digitales organizado por el Gobierno de España y Mobile World Capital Barcelona. El informe constata que casi siete de cada diez encuestados considera insuficiente la protección actual de los derechos digitales, especialmente los de la infancia.

La práctica totalidad de la ciudadanía considera que la privacidad y la protección ante situaciones de acoso, mensajes de odio y difamación deberían estar reguladas por ley

Precisamente, este martes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cargó contra el modelo de negocio de grandes plataformas que tratan a los menores como "mercancía" y volvió a defender que la UE tome medidas para retrasar el acceso de los niños y niñas a las redes sociales. En la misma línea, el Gobierno de Pedro Sánchez inició hace más de un año una cruzada contra el acceso a redes sociales a los menores de 16 años. Promovido por el Ministerio de Juventud e Infancia, el proyecto de ley de protección digital a los menores -una normativa para que los niños y las niñas no accedan a contenidos inapropiados, como la pornografía, y que obligará a los fabricantes a incluir en todos los dispositivos un sistema de control parental- fue aprobado en 2024 por el Consejo de Ministros y se está tramitando en el Congreso de los Diputados.

Además de esa norma, Sánchez anunció el pasado febrero que daría un paso más allá con la aprobación de un proyecto legal para que los directivos sean legalmente responsables de las infracciones que se comentan en las plataformas digitales. Con ello se pretende que los gigantes tecnológicos sean activos y diligentes en la retirada del contenido que atente contra la legalidad o contenga mensajes de odio.

Protegidos por ley

La encuesta de la Fundación la Caixa, Red.es y la Fundación revela que el 95% de la población considera que los menores están poco o nada seguros en el entorno digital, detectándose un amplio consenso sobre la necesidad de implementar medidas de protección. El control parental es apoyado por el 96% de los encuestados, la implantación de una edad mínima para el uso de smartphones y redes sociales por el 91% y la regulación de la publicidad dirigida a menores por el 96%.

La práctica totalidad de la ciudadanía considera que la privacidad y la protección de datos (96%), y la protección ante situaciones de acoso, mensajes de odio y difamación en plataformas digitales (94%) deberían estar regulados por ley. Igualmente, el 89% estima que el borrado de información online personal también debería estar cubierto por las normas. Otros derechos que, según la opinión mayoritaria, deben ser legalmente reconocidos son la libertad de expresión en plataformas digitales (76%), la existencia de algoritmos no discriminatorios (73%) y el derecho a la revisión humana de decisiones automatizadas (72%). Los encuestados señalan mayoritariamente a las administraciones públicas (45%) y a las empresas tecnológicas (39%) como las entidades responsables de garantizar los derechos digitales.

Respecto a los medios preferidos para informarse, hasta los 29 años las redes sociales son la primera opción (55%). A medida que aumenta la edad, los otros medios van ganando más peso en las preferencias.

Noticias falsas

En cuanto a las noticias falsas, la mayoría cita a las redes sociales (88%) como los entornos en los que más se difunden. Ante este escenario, el 78% afirma verificar habitualmente el contenido, ya sea consultando otras fuentes de internet (53%) o fuentes externas (25%). Un 18% admite no comprobar su veracidad. Sobre la difusión de los discursos de odio, de nuevo las redes sociales (86%) son percibidas como el medio en el que más a menudo o muy a menudo este tipo de mensajes se expanden.

Entre los principales riesgos del uso de internet, los encuestados mencionan la privacidad y el control de datos personales (48%); las estafas y los robos (48%), la suplantación de identidad (30%), el acceso a información falsa (25%) y el acoso, hostigamiento e insultos (19%). Uno de cada tres ciudadanos con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años afirma haber sido víctima de acoso en internet.

Inteligencia artificial

El 77% pide más regulación de la inteligencia artificial (IA) y más de la mitad prefiere que su desarrollo se ralentice. El 49%, mientras, cree que la IA tendrá efectos positivos.

El informe pone de manifiesto la importancia de la pedagogía y la alfabetización digital para aumentar el conocimiento sobre los “derechos digitales”, término que un 28% de los encuestados no sabe explicar.

Sobre a los trámites administrativos, entre el 70% y el 80% de la población entre 18 y 59 años afirma que la digitalización de las administraciones públicas les ha facilitado la vida, una cifra que desciende al 49% entre los mayores de 60. En esa franja de edad, un 40% señala que los trámites online con los servicios públicos les dificultan su vida.

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