La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: prohibido poner un toldo o aire acondicionado en una vivienda sin el permiso de la comunidad

Se acerca el buen tiempo y son muchos los hogares que comienzan a pensar en hacer frente a las altas temperaturas con la instalación de sistemas de aire acondicionado o toldos para mantener el calor fuera de casa y disfrutar de un ambiente fresco en el interior durante el verano. En ambos casos, conviene consultar la normativa vigente y los estatutos de la comunidad para saber si llevar a cabo la instalación es posible y en qué condiciones, para evitar posibles conflictos vecinales.

El uso de aire acondicionado está cada vez más extendido en España, donde un 41% de los hogares cuenta con estos sistemas de refrigeración según datos del portal Idealista correspondientes al año 2024. No obstante, aunque su instalación es de lo más habitual, en algunas comunidades de vecinos pueden surgir problemas, sobre todo a la hora de colocar la unidad exterior necesario para el intercambio de aire de la vivienda.

La normativa municipal suele ser muy restrictiva e impide colocar estas máquinas en fachadas. Lo más habitual es instalarlas en patios interiores u en zonas de la vivienda como terrazas o balcones. En cualquier caso, es importante informar a la comunidad y solicitar autorización cuando sea necesario.

Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal

La instalación de aire acondicionado en fachadas o patios interiores, al tratarse de elementos comunes, está regulado por la Ley de Propiedad Horizontal (LPH). Por lo general, este tipo de actuaciones requiere de la aprobación de la junta de propietarios por una mayoría de tres quintas partes (3/5), ya que puede afectar a la estética y la estructura del edificio. Por ello es crucial consultar tanto las ordenanzas municipales como los estatutos de la comunidad antes de iniciar cualquier tipo de obra.

Algo parecido ocurre en el caso de los toldos o pérgolas que se instalan en terrazas y balcones para impedir la incidencia directa de los rayos del sol sobre las ventanas de la vivienda. Este sistema tradicional permite reducir la temperatura en el interior del hogar, bajando el toldo durante el día para frenar el calor y subiéndolo durante la noche, para que el aire circule y se pueda ventilar la vivienda durante las horas más frescas.

La comunidad también puede poner condiciones

Tanto en el caso del aire acondicionado como en el de los toldos, la comunidad puede ampararse en el artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal, según el cual el propietario de un piso o local puede modificar determinados elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de su inmueble siempre que no menoscabe ni altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, ni perjudique los derechos de otros propietarios.

Es decir, también hay que tener en cuenta si la instalación de estos dispositivos puede ocasionar molestias a otros vecinos, ya sea por ruidos, filtraciones o problemas de seguridad. Por eso, es imprescindible comunicar previamente a la comunidad la intención de realizar estas obras.

La redacción del artículo no deja lugar a dudas. Es posible modificar algunos elementos, siempre que no se altere la configuración o estado exterior del edificio. En este sentido, también conviene tener en cuenta que, en el caso de los toldos, la comunidad puede imponer determinadas características estéticas. Por ejemplo, si el resto de propietarios tiene instalados toldos de un color en concreto, será necesario mantener esa uniformidad y elegir una tonalidad similar o idéntica a la del resto de las viviendas.

Normalmente, es la propia comunidad, en la junta de propietarios, la que acuerde si se permite la instalación de aires acondicionados, toldos o pérgolas en balcones y terrazas y, en este último caso, también el color o diseño que deben tener. Comunicar la intención de acometer cualquiera de estas obras es fundamental para evitar problemas vecinales. De no respetarse las normas, la comunidad podría prohibir la instalación o incluso exigir la retirada, con el consiguiente perjuicio económico para el propietario.

Fuente: El Periódico de Aragón