Cuando la formación no llega a quien la pide: priorizar la demanda

En Canarias se da una paradoja difícil de explicar

Miles de personas desempleadas quieren formarse… pero no pueden. Al mismo tiempo, existen cursos que se repiten año tras año sin lograr cubrir sus plazas. Resolver esta paradoja no es inevitable: el modelo puede mejorarse y hacerlo no solo es posible sino necesario.

Esta paradoja no es menor. Afecta directamente a la empleabilidad, al aprovechamiento de los recursos públicos y, sobre todo, a las oportunidades de quienes buscan mejorar su futuro profesional.

No es una cuestión de falta de recursos ni de ausencia de centros de formación. Tampoco de falta de interés por parte de la población. Los datos apuntan a otra dirección: un desajuste entre lo que se ofrece y lo que realmente se demanda.

El análisis de la última convocatoria de formación para el empleo evidencia que determinados criterios de asignación están generando efectos no previstos. En concreto, la aplicación de un sistema de puntuación favorece a ciertas especialidades concentrando recursos de forma reiterada alterando el equilibrio de la oferta formativa.

El resultado es claro: algunas áreas concentran gran parte de los recursos, mientras otras, igualmente necesarias para la economía canaria, quedan relegadas. Y esto ocurre pese a que muchas de estas especialidades presentan una alta demanda por parte de personas desempleadas, buenas perspectivas de inserción laboral y una valoración positiva por parte del tejido empresarial.

En Canarias las personas desempleadas quieren formarse, para mejorar su futuro, acceder a un empleo y reinventarse profesionalmente. Sin embargo muchas de ellas no pueden hacerlo no porque no existan centros de formación, no porque no haya profesionales preparados, no porque falten ganas. Sino porque el sistema, tal como está diseñado, no siempre responde a la realidad.

Mientras tanto, otras acciones formativas —beneficiadas por ese sistema de priorización— no logran completar sus plazas, generando una situación de ineficiencia difícil de justificar desde el punto de vista del interés público.

Consecuencias evidentes sobre el sistema de formación

Este desajuste no es menor. Tiene consecuencias profundas sobre el sistema de formación en su conjunto. Entre los efectos más evidentes se encuentran la concentración excesiva de recursos en un número limitado de especialidades, la reducción de la diversidad de la oferta formativa y una disminución significativa del número de certificados profesionales ofertados (estimada en torno al 30%).

Por un lado se afirma que el objetivo prioritario de la es mejorar la empleabilidad y acercar la formación a las necesidades reales del mercado laboral y por otro se mantiene un mecanismo que concentra los recursos en determinadas especialidades y limita el acceso de otras con alta demanda real: el problema ya no es solo técnico, es un problema de equidad.

A ello se suma la repetición de determinados cursos durante años, la desaparición progresiva de especialidades necesarias para el tejido productivo y, en definitiva, un empobrecimiento del sistema formativo. Pero quizás la consecuencia más preocupante es otra: el progresivo alejamiento de las personas desempleadas de la oferta formativa gratuita.

Formación para el empleo: cuando el sistema no responde a quienes quieren mejorar su futuro o reinventarse profesionalmente

Porque cuando alguien solicita formarse y no obtiene respuesta, el sistema deja de cumplir su función principal y deja un mensaje claro: el sistema no está diseñado para él.

Este desequilibrio afecta especialmente a sectores clave para la economía canaria como: el turismo y la gestión de alojamientos, el comercio y el marketing, la administración y la gestión empresarial, la atención sociosanitaria, la actividad física y el socorrismo, la informática y la digitalización, entre otros, presentan una fuerte demanda tanto por parte de las empresas como de las personas que buscan empleo o mejorar su cualificación.

En este contexto, en los últimos meses se han planteado distintas medidas desde la Administración para abordar el problema de los cursos que no logran cubrir su matrícula. Entre ellas, la posibilidad de sancionar a las personas desempleadas que rechacen acciones formativas o no las finalicen, una iniciativa que ya ha sido objeto de debate público y que incluso ha aparecido en titulares de la prensa regional.

Las medidas coercitivas, de obligar y sancionar, pueden tener sentido en determinados contextos, especialmente cuando existen prestaciones asociadas. Pero difícilmente pueden ser la primera respuesta a un problema que, en esencia, parece estar relacionado con la planificación de la oferta. Antes de obligar, quizá convendría escuchar. Escuchar a quienes solicitan formación y no la obtienen.

Escuchar al mercado laboral y a los sectores que demandan profesionales.

Escuchar, en definitiva, los datos y ajustar la oferta a la demanda real permitiría: mejorar la eficiencia del sistema, ampliar oportunidades y responder mejor al mercado laboral.

No parece razonable construir un sistema basado en la obligación cuando todavía existe una parte importante de la demanda voluntaria que no está siendo atendida.

Alinear la oferta con la realidad

Ajustar mejor la formación a la demanda real permitiría no solo mejorar la eficiencia del gasto público, sino también aumentar las oportunidades de inserción laboral y responder de forma más eficaz a las necesidades de la economía canaria.

Y, como ocurre en muchos casos, la solución puede ser más sencilla de lo que parece: alinear la oferta con la realidad. Porque incluso con una mejor planificación, el volumen de demanda existente pone de manifiesto otra realidad “ El interés por formarse supera claramente la capacidad del sistema”.

Si miles de personas solicitan formación y no acceden, no solo estamos ante un problema de distribución, sino también de alcance.

Sin necesidad de convertirlo en el eje central del debate, diversos analistas coinciden en que avanzar hacía una mayor cobertura, requeriría, progresivamente, reforzar recursos destinados a la formación.

Si financian especialidades con menos demanda y se deja sin atender formación altamente solicitada

Un esfuerzo que aunque complejo desde el punto de vista presupuestario, tendría un retorno evidente en términos de empleabilidad, cualificación y cohesión social.

En cualquier caso, el orden de prioridades parece claro: primero escuchar la demanda y ajustar el sistema; después ampliar su capacidad para llegar a más personas.

Si el objetivo es mejorar la empleabilidad, los criterios para la asignación deberían responder a datos reales como demanda efectiva, inserción contrastable, necesidades empresariales y sectores estratégicos para Canarias.

Lo preocupante es que esta dinámica no solo afecta a los centros de formación. Afecta, sobre todo, a las personas desempleadas: a quienes buscan una oportunidad, a quienes intentan reinventarse profesionalmente, a quienes quieren acceder a sectores emergentes o con alta demanda laboral.

La planificación de la formación debe responder a la demanda real de los ciudadanos y del tejido productivo, no a criterios discriminatorios que generan desequilibrios.