La bajada de ratios dejará sin plaza a 3.500 niños de entre 0 y 3 años

Las asociaciones de centros infantiles de Canarias alertan de que la bajada de ratios dejará sin plaza alrededor de 3.500 niños de entre 0 y 3 años. Hace un mes, el Ministerio de Educación anunció una reducción histórica del número de alumnos por aula en todos los niveles educativos. En concreto, para el primer ciclo de Educación Infantil –el de 0 a 3 años–, el departamento nacional planteó reducir a menos de la mitad las ratios establecidas.

La medida llegó después de varias movilizaciones del sector en diferentes puntos de España, cuyas reivindicaciones se concentraban, precisamente, en esta premisa. Y fue celebrada por los sindicatos y las manifestantes. Sin embargo, ha preocupado a buena parte de los centros infantiles de Canarias, que han advertido de las consecuencias que podría tener la aplicación de la nueva norma, especialmente si se aplicara de forma asimétrica o sin un sistema adecuado de financiación pública.

Propuesta del Ministerio

La propuesta del Ministerio, de aplicación tanto en centros públicos como privados, plantea reducir las ratios a cuatro alumnos por docente en las aulas de 0 a 1 años, seis en las de 1 a 2 años y ocho en las de 2 a 3 años. De salir adelante, la medida comenzaría a implantarse en el curso 2027/2028 y se aplicaría de forma progresiva hasta el 2030/2031.

Entre las principales consecuencias, las organizaciones alertan de la limitación de plazas y del cierre de centros ante la incapacidad económica para adaptarse a una norma que, según advierten, obligaría a aumentar las plantillas docentes y, en algunos casos, a crear nuevas aulas. "Ahora mismo hay en torno a 7.000 menores escolarizados, pero la bajada de ratios podría provocar la desaparición de espacios autorizados , lo que dejará a 3.500 menores sin plaza", señala la presidenta de la Asociación de Escuelas Infantiles (AEI) de Canarias, María José González.

Las organizaciones alertan del posible cierre de centros ante la incapacidad de adaptarse

Los centros insisten en que las familias son las principales perjudicadas en esta situación. "Si no hay presupuesto público y se pretende que familias financien estos cambios podemos hablar de incrementos de hasta 900 euros por plaza, ¿qué familia canaria puede pagar eso?", subraya el presidente de la Asociación de Escuelas Infantiles de Las Palmas Educando, Gustavo Hernández. Y reclama buscar un sistema que permita financiar estas plazas y garantizar la viabilidad de la escolarización temprana.

Una red pública incapaz de satisfacer la demanda

Por otro lado, las organizaciones advierten de que la red pública no cuenta actualmente con capacidad suficiente para asumir la demanda que cubre el sector privado. "El gobierno de Canarias no tiene suficiente capacidad de plaza para afrontar la educación de 0 a 3 de forma pública, por eso cuenta con una red de escuelas privadas mediante el bono infantil, para favorecer esta escolarización que sabemos que es fundamental para el desarrollo futuro de los niños", señala González.

A su juicio, esta situación, junto a la ausencia de un sistema adecuado de financiación pública, podría provocar un colapso en el acceso a la escolarización de 0 a 3 años y afectar directamente a la conciliación laboral y familiar de miles de hogares.

Asimismo, los centros consideran que esta reducción no responde a una problemática específica de las Islas y cuestionan que se legisle sin tener en cuenta las particularidades de cada territorio.. Lo cierto es que esta etapa educativa mantiene una regulación descentralizada y cada comunidad autónoma es la encargada de establecer sus propias ratios.

Canarias tiene una ratio inferior al resto de comunidades

Según los datos de Eurydice España-REDIE —la red del Ministerio de Educación que recopila y analiza datos comparables sobre la educación en España y Europa—, la mayoría de las comunidades fija un máximo de ocho niños en las aulas de menores de un año. Entre los alumnos de 1 a 2 años, el número máximo oscila entre los 10 y los 14 por unidad, mientras que en las aulas de 2 a 3 años las ratios se sitúan entre los 16 y los 20 alumnos. "A nivel nacional ellos tienen las ratios más elevadas que nosotros, cosa que juega a favor del Gobierno de Canarias, que ya se había dado cuenta antes de que había necesidad de bajarlas", señala Saray García, presidenta de la Asociación de Centros Infantiles de Tenerife (Acinte).

Y es que la Consejería de Educación de Canarias se ha adelantado a los planes del Ministerio y lleva meses aplicando su propia reducción de ratios. De hecho, la normativa en las Islas ya obliga a que, en el primer ciclo de Educación Infantil el número máximo de alumnos sea de ocho para 0 a 1 años, trece para 1 a 2 años y 18 para 2 a 3 años –inferiores a las que se aplican en buena parte de las comunidades–.

Situación generalizada en toda España

Pero las asociaciones de Canarias no son las únicas que han advertido de esta situación. Ya la Federación Nacional de Centros de Educación Infantil (Fenacein) alertó hace unas semanas de que la modificación de estas condiciones podría provocar el cierre de más de 5.000 centros privados, la pérdida de alrededor de 60.000 puestos de trabajo y dejar sin plaza a cerca de 224.0000 alumnos.

Asimismo, considera imprescindible que cualquier reforma estructural del sistema educativo se aborde desde el diálogo con todos los agentes implicados. En este sentido, consideran fundamental que las organizaciones empresariales y sindicales, como representantes legítimos de los titulares de los centros educativos y sus trabajadores, participen desde el inicio en los procesos de negociación.

En definitiva, las asociaciones de centros infantiles del Archipiélago afirman no estar en contra de la bajada de ratios, sino de la gestión de la misma.