Los 10 agentes autonómicos investigados por cobros abusivos

Los diez agentes de la Policía Canaria que fueron detenidos y luego puestos en libertad con cargos por una supuesta detención ilegal ocurrida el pasado día 10 de enero de 2013, están siendo investigados por la presunta irregularidad de cobrar más de forma desmedida a los afectados por sus intervenciones policiales, según señalaron responsables conocedores de la investigación.

Se trata de una nueva línea de investigación en este caso judicial que arrancó de la denuncia de una veintena de agentes contra un subinspector de la Policía Canaria en el juzgado de Instrucción número tres de Las Palmas de Gran Canaria. El caso se incluye dentro de la operación de la Guardia Civil denominada Ladrillo, que se encuentra bajo secreto de sumario. Los denunciantes policiales, así como los investigadores, temen que se hayan "reforzado" las actuaciones de la policía autonómica canaria para recaudar más, indicaron los mismos responsables oficiales.

Durante el desarrollo de las investigaciones, el juez dictó la intervención de los teléfonos de varios miembros de la Policía Autonómica. También la autoridad judicial solicitó el estudio de todas las diligencias instruidas por el Cuerpo General de la Policía Canaria donde cualquiera de los agentes intervinientes en la detención de una persona la noche del día 9 al 10 de febrero del presente año que resultó con lesiones

La detención, y la posterior puesta en libertad, de los diez policías autonómicos ocurrió el 10 de marzo. Ese mismo día se tomó de declaración como testigos a diecisiete policías y a un vigilante de seguridad que prestaba servicio en la base de la Policía Canaria.

El inicio de la investigación surgió después de que agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria detuvieran a Miguel Ángel S. M. S. en el parque de Santa Catalina por una supuesta posesión de cocaína. Sin embargo, se demostró después que la sustancia encontrada no era el producto psicotrópico y se produjeron faltas de consideración en la citada detención.

Según la versión de los propios agentes que practicaron la detención, estos le habían comunicado en las dependencias policiales al subinspector de la Policía Canaria, C. M. S. D., que era ilegal la intervención que estaban realizando. Al parecer, el cargo de la policía, al ver que éstos no acceden a su petición de que ellos mismos se lesionaran para justificar la detención, él provocó lesiones en una de las manos a uno de los policías que intervinieron en el arresto. Según los denunciantes, el subinspector actúa y ordena, con dudosa legalidad, con el mero objetivo de conseguir resultados en la plaza que ocupa de manera provisional.

Ante este hecho una veintena de miembros del cuerpo policial interpusieron una denuncia contra el citado subinspector ante el mencionado juzgado de Instrucción número tres de Las Palmas de Gran Canaria.

Ahora se suma el supuesto cobro abusivo de las multas. El Gobierno de Canarias solicitó en mayo de 2012 a la Delegación del Gobierno tramitar el cobro de las multas, actividad que realiza desde entonces la consejería de Economía y Hacienda del Ejecutivo autonómico canario.