Francisco Cacharro, uno de los pilares del PP de Galicia

El expresidente de la Diputación de Lugo Francisco Cacharro Pardo falleció el domingo día 8 a los 78 años. El político lucense, que dirigió el organismo provincial entre 1983 y 2007, arrastraba problemas de salud por los que permanecía ingresado en el Hospital Polusa de Lugo. Un cáncer fulminó su vida en los últimos meses.

Además de presidir la Diputación provincial, desempeñó otros cargos a nivel institucional, como el de senador por Lugo hasta 2004 o concejal de Educación de la ciudad de la muralla, así como otros dentro del partido.

Desde Diputación Provincial, la cual gobernó durante 24 años y que en la actualidad está en manos de socialistas y nacionalistas, se acordó despedirlo con todos los honores: cediendo el palacio provincial para su capilla ardiente y decretando tres días de luto oficial.

La decisión la tomó el presidente, el también secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, para irritación de sus socios del BNG, que hicieron pública una nota criticando el homenaje oficial a un político sin ninguna simpatía en la izquierda.

La alianza entre Besteiro y el BNG fue precisamente la que acabó en 2007 con el casi legendario poder de Francisco Cacharro, que se hizo fuerte en la presidencia de la Diputación desde 1983 tras una etapa como conselleiro de Educación de la Xunta.

Perdido el poder, Cacharro se sintió también abandonado por su partido, a cuya dirección criticó con dureza en varias ocasiones durante los últimos años.

Cacharro Pardo había abandonado la primera línea política después de ser uno de los grandes barones del Partido Popular gallego, junto a Manuel Baltar, durante la época de Manuel Fraga en la presidencia de la Xunta.

De aquel triunvirato invencible sin el que el fraguismo probablemente no sería nunca lo que fue en Galicia, el que formaban Xosé Cuiña, Francisco Cacharro Pardo y José Luis Baltar, ya sólo queda este último, jubilado e inhabilitado por los tribunales.

En los últimos años la trayectoria de Francisco Cacharro estuvo marcada por su imputación en la Operación Muralla, que motivó que el fiscal pidiese una pena de tres años de cárcel para el político y su inhabilitación para ejercer cargo público durante diez años por un delito continuado de prevaricación. Con todo, cuatro meses después de ser imputado, el ministerio público le dejaría libre al decretar el sobreseimiento de las actuaciones.