Un empresario de la construcción grancanario ha sido detenido por un fraude a la Seguridad Social superior a los 300.000 euros, además de otras dos personas vinculadas a otras empresas en Tenerife. La Policía Nacional asegura que en los últimos meses se ha arrestado a 19 personas y se ha imputado a otras cinco, vinculadas todas ellas a 23 sociedades mercantiles de diversos sectores que fueron investigadas por usar firmas ficticias y testaferros para tratar de evitar pagos en Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Zaragoza, Navarra, Toledo, Almería, Asturias y Madrid.
La policía da un fuerte golpe contra el fraude en las cotizaciones. Las campañas llevadas a cabo en siete comunidades autónomas han permitido sacar a la luz el impago de casi 9,17 millones de euros en cotizaciones a través del uso de compañías ficticias y testaferros. El resultado es la detención de 19 personas, además de imputarse a otras cinco.
El modus operandi utilizado por los defraudadores consistía en provocar la descapitalización de las empresas deudoras, trasladando los elementos de producción, ya fueran trabajadores o maquinaria, a otras sociedades, utilizando a terceras personas y empresas interpuestas, o bien, simplemente dejando de atender las obligaciones económicas con el Estado. En algunos ejercicios fiscales los impagos habían sobrepasado los 120.000 euros anuales, según la misma fuente.
Como resultado de la investi-gación han sido detenidas un total de 19 personas, de las cuales una fue en Las Palmas de Gran Canaria, dos en Santa Cruz de Tenerife y el mismo número en Zaragoza, cinco en Asturias, cuatro en Madrid, dos en Toledo y uno en Navarra, así como dos imputados en Asturias y los otros tres en Madrid.
En el caso de Gran Canaria, la persona implicada es un empresario de la construcción, que pudo haber defraudado más de 300.000 euros. El detenido pasó a disposición del juzgado de guardia en las últimas semanas, siendo esta operación una de las más recientes llevadas a cabo por este dispositivo.
Hay un total de 23 entidades mercantiles investigadas perte-necientes a diversos sectores económicos en Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Zaragoza, Na-varra, Toledo, Almería, Asturias y Madrid.
Las investigaciones comenzaron hace varios meses al ser detectadas por parte de los organismos competentes un gran número de empresas pertenecientes a distintos ámbitos de negocio. Entre ellas, siete en Zaragoza, seis en Tenerife, tres en Toledo y la misma cantidad en Almería, una en Las Palmas de Gran Canaria, y las comunidades de Navarra, Asturias, y Madrid que estarían defraudando a las arcas públicas.
La investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Consejo General del Poder Judicial, las Jefaturas Superiores de Policía de Canarias, Zaragoza, Toledo, Andalucía Oriental, Madrid, Asturias y Navarra.
