La Fiscalía de Las Palmas ha solicitado el internamiento en régimen cerrado de un enfermo mental que puso en riesgo la vida de varios vecinos al prenderle fuego a su vivienda y motivar el desalojo de un edificio con siete plantas de apartamentos en Las Canteras.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 27 de mayo de 2012. Santiago G. S. negó en el juicio celebrado ayer en la Audiencia de Las Palmas que quemara su piso de manera intencionada. Atribuye el incendio a un cigarrillo que se le cayó sobre un sillón, pero la Policía Científica descarta la colilla como causa del fuego y apunta a una actuación intencionada, pues se encontraron dos focos como origen de las llamas y no existieron fallos en el cuadro eléctrico de la vivienda, según las declaraciones prestadas por los dos agentes que analizaron el inmueble. La casa quedó totalmente destruida y el fuego afectó a las zonas comunes del edificio, incluso al interior de otra vivienda.

El acusado sufre esquizofrenia paranoide desde joven y es tratado en régimen abierto en el centro sociosanitario El Pino. Su psiquiatra asegura que está estable desde 2014, cuando empezó a tratarlo de manera periódica en el centro, y abogaba por mantener esa pauta al constatar una mejoría y rechazar que Santiago G. S. sea peligroso para los demás. La fiscal Monserrat García no lo ve así.

El riesgo de los porros

La representante del ministerio público se apoya en los informes de los médicos forenses para reclamar 15 años de internamiento en un centro de régimen cerrado. García destacó en la vista oral que el acusado es consumidor habitual de cannabis y ese hábito podría derivar en nuevos brotes que lo transformen en alguien peligroso. Su psiquiatra, en cambio, sostiene que el consumo de su paciente es esporádico y en pequeñas cantidades, cuando sale del centro, y que existen mecanismos para vigilar esa dependencia y detectar cambios de humor que hagan preciso una intervención más severa, como el ingreso puntual en una unidad cerrada si deja de tomarse la medicación o sufre algún tipo de alteración en su comportamiento.

La médico entiende que su paciente es consciente de que el cannabis le sienta mal y eso, añade, es un indicio claro de su buena evolución desde que sufrió el brote en 2012. El abogado de la defensa, Roberto Orive, apeló a la declaración de la especialista para solicitar la absolución del delito de incendio y la continuidad de Santiago G. S. en El Pino.

Si prospera la tesis de la Fiscalía, sin embargo, tendrá que ingresar en el centro especializado de Alicante. Esto último es lo que reclama el letrado de la aseguradora del edificio, Iván Ventura. El abogado se adhiere a la petición del ministerio público y solicita en nombre de Catalana Occidente una indemnización de 14.356 euros por los daños causados.