La Guardia Civil ha trasladado al juzgado de guardia de San Bartolomé de Tirajana la investigación realizada a un hombre de 33 años, vecino del municipio de Mogán, por pasear con un tiburón angelote arponeado a la espalda en el muelle pesquero de esa localidad de Gran Canaria.
El pasado 27 de enero la página de Facebook Especies de Canarias daba cuenta del incidente en el que un submarinista había pescado con arpón una especie protegida de angelote de tiburón y después se paseaba con su cadáver.
Fue ese mismo día, según una nota de la Benemérita, cuando la Guardia Civil del Puesto Principal de Puerto Rico tuvo conocimiento a través de la colaboración ciudadana de una posible captura de una especie no autorizada para la pesca, logrando posteriormente los agentes del citado Puesto la identificación del presunto autor de los hechos.
En base a dicha identificación y la obtención de varias imágenes facilitadas por diferentes ciudadanos donde se veían una serie de indicios que demostraban que el tiburón acababa de ser capturado, la patrulla del SEPRONA procedió a la investigación del presunto autor de la pesca ilegal, concretamente por un delito contra la flora y la fauna al capturar una especie no autorizada para la pesca.
El Código Penal establece en su artículo 335 que quien cace o pesque especies no autorizadas para la pesca, cuando esté expresamente prohibido por las normas específicas, será castigado con la pena de multa de ocho a doce meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar o pescar por tiempo de dos a cinco años.
Especie marina con protección especial
Esta especie marina, denominada Squatina squatina está incluida en el Listado de Especies Silvestres de Protección Especial (LESPE), regulado por el Real Decreto 139/2011 para el desarrollo del Catálogo Español de Especies Amenazadas que lo integran aquellas especies y poblaciones que sean merecedoras de unas protección y atención particular en función de su valor científico, ecológico, cultural por su singularidad, rareza o grado de amenaza, así como aquellas que figuren como protegidas en los anexos de las directivas y los convenios internacionales ratificados por España.
