La Fiscalía de Alcalá de Henares, con jurisdicción en los Juzgados de Torrejón de Ardoz, solicita una condena conjunta de 103 años de prisión para los 22 acusados por maltrato animal y organizar peleas de perros en Canarias, Madrid, Murcia, Almería, Alicante y Málaga. Ocho de los procesados fueron detenidos en Tenerife, donde la acusación popular personada en la macrocausa y que representa a Podemos reclama una condena muy superior para los implicados en la Isla, solicitando que se les imponga una pena de 104 años de prisión, así como una cuantiosa indemnización por los gastos asumidos por las protectoras de animales que se tuvieron que hacer cargo de los perros tras el desmantelamiento de la red.
En el escrito de calificación provisional del Ministerio Público se imputa a los 22 procesados de delitos de pertenencia a organización criminal, un delito continuado de maltrato animal -con aplicación en distintos grados, según la participación de cada uno de los acusados-, así como un cargo por omisión de la obligación de perseguir delitos por el que se investiga a F. C. G., policía local de Adeje y hombre de confianza del líder de la organización en la isla de Tenerife, E. P. C.
La diferencia entre las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal y la representación de la acusación popular estriba en que para la Fiscalía se ha producido un delito continuado de maltrato animal, mientras que para la letrada de la formación morada, los hechos que se van a enjuiciar constituyen delitos individuales de maltrato por cada uno de los animales torturados o muertos, según afirmó ayer la exconsejera de Podemos en el Cabildo de Tenerife, Mila Hormiga.
Hormiga destacó también que "dentro de los intereses que defendemos en esta causa, en la que nos personamos desde el minuto uno, están las indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil que deberán asumir los acusados en el caso de que sean finalmente condenados".
En este sentido, "deberán pagar los costes a los que hicieron frente las asociaciones que se hicieron cargo de los animales rescatados, especialmente Adepac y Fecapap, que son las protectoras canarias que han estado soportando los gastos de mantenimiento y cuidado de los animales requisados en Tenerife, y que aún siguen haciéndolo", incidió.
Dos veterinarias
La exconsejera insular de la formación morada destacó, a este respecto, que "por alguna razón la protectora Adepac no entró en el grupo de entidades receptoras a compensar como perjudicadas por la responsabilidad civil que reclama también el Ministerio Fiscal".
El operativo permitió rescatar a 226 perros, la mayoría en grave estado de salud y, de ellos, murieron 42. Entre los acusados figuran dos veterinarios y un policía local de Adeje. Y aunque el líder de la presunta organización criminal se circunscribía a la Comunidad de Madrid, la instrucción de la causa puso en evidencia el peso de la red en Canarias, con ocho investigados.
