La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Las Palmas de la Guardia Civil concluyó el 18 de octubre la 'Operación Timador', deteniendo a tres personas por varios delitos de estafa en un fraude generalizado en la que defraudaban a diferentes empresas relacionadas con la agricultura en Gran Canaria.

Los hechos se comenzaron a investigar tras la denuncia interpuesta por una de las empresas afectadas en Santa María de Guía en el mes de agosto, en la que exponía que dos personas dedicadas al sector de la horticultura de dos fincas ubicadas en los municipios de Arucas y Firgas, les habían estafado en la contratación de sus servicios con pagarés que no tenían fondos económicos.

En concreto, los presuntos estafadores primeramente habían solicitado presupuesto de riego y mejoras en las fincas mencionadas, indicando a las empresas que tenían subvenciones públicas, y una vez concedidos esos fondos de la administración procedían a la contratación de los trabajos y compra de los materiales, siendo conocedoras las empresas contratadas de las mencionadas subvenciones.

Así, los detenidos realizaban los primeros pagos, con lo que se ganaban la confianza de las entidades mercantiles y realizaban posteriormente inversiones "importantes" en las explotaciones agrícolas expidiendo varios pagarés sin fondos, por lo que era "imposible su cobro", según informó la Guardia Civil en nota de prensa.

Además estas personas cuando ya se habían ganado la confianza plena de personas vinculadas al sector agrícola, les ofertaban vehículos militares que había sido supuestamente subastados, solicitando cantidades adelantadas que oscilaban entre los 1.500 y 2.000 euros, pero después "no" recibían "ni el vehículo ni la devolución del dinero".

Los agentes descubrieron que los investigados solicitaban, previo arrendamiento de fincas agrícolas preparadas para su explotación, subvenciones del Gobierno de Canarias relacionadas con la agricultura y que conocían de antemano por publicarse dichas ayudas en boletines oficiales de la administración pública.

Tras conseguir las ayudas, los detenidos se presentaban en las empresas posteriormente afectadas, se ganaban su confianza haciéndose pasar por estos cargos y contrataban la compra, generalmente, de maquinaría de riego y similares, adelantando parte del dinero que habían obtenido de la administración pública. Si bien, cuando las empresas afectadas instalaban la maquinaría o los sistemas contratados, los estafadores aducían problemas puntuales y cambiaban el modo de pago a un sistema con pagarés, mientras los detenidos ya habían retirado el dinero de las subvenciones, se hacían con los sistemas o maquinaría instalados por las empresas en cuestión, comprobando éstas posteriormente que los pagarés citados no disponían de fondos algunos.

De este modo, atendiendo a la información y documentación de las víctimas, y a las correspondientes indagaciones del Área de Delincuencia Patrimonial y Económica de la UOPJ, se recopilaron los indicios policiales suficientes para relacionar a los detenidos con dichas estafas y otras cometidas este año en Gran Canaria, alcanzando una cantidad estimada de 52.000 euros.

Por último, se indicó que la detenida que responde a las iniciales de N.P.M.T., así como los investigados J.D.S.G. y D.J.D.G., que actualmente cumple condena por hechos similares, han quedado todos ellos a disposición del Juzgado de Instrucción Número Dos de Santa María de Guía.