El representante legal de José Lucas Cruz quiso también aclarar la información publicada ayer por este periódico en relación a la condena al pago de 148.591 euros a una de las empresas en la que José Lucas Cruz es su apoderado. Juan Sánchez Limiñana detalló que el hostal se vendió a una persona, pero que la compradora nunca llegó a pagar, haciéndose cargo el empresario posteriormente de los trámites para entrar en concurso de acreedores. Y espera que todo el dinero pueda ser recuperado. "Ella reconocíó que no pagó un duro", explicó el letrado, razón por la cual se llegó a la concursal y no se liquidó al arrendador.

El contrato de renta del edificio se firmó el 1 de abril de 2017. El propietario lo hizo entonces con Pan African Trading, sociedad de la que Cruz es apoderado y que pasó a denominarse Jameo Hotels & Resorts, S. L., para arrendar durante cinco año el inmueble de la calle Luis Antúnez de Alcaravaneras, con una renta mensual de 14.000 euros y un aval por importe de 12 mensualidades. Jameo Hotels & Resorts dejó de pagar la renta en octubre de 2017, cuando adeudó 7.480 euros. A este impago se añadieron otros nueve más, entre enero y septiembre de 2018, por cuantía de 14.000 euros cada uno hasta que finalmente esta empresa entró en procedimiento concursal el 9 de octubre de ese año, tal y como publicó LA PROVINCIA.

Deudas

A las deudas por la renta se unieron las derivadas por el consumo de agua y electricidad, que hasta abril de 2018 ascendían a 5.103,11 y 1.958,46 euros, respectivamente. Jameo Hotels & Resorts, cuyo administrador único es Orlando S. Bonilla Alonso, reconoció en uno de los escritos remitidos al Juzgado que los impagos se produjeron al no lograr "los niveles de ocupación necesarios para garantizar la viabilidad económica de la explotación", anteponiendo "los costes salariales" al pago de la renta.

El fallo del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, de 24 de julio, obliga a Jameo Hotel & Resorts, de la queJosé Lucas Cruz es apoderado, y a Interconfidi Europa SCPA, que avaló el alquiler por un año, al pago de 148.591 euros a la empresa Lord Comodoro SL "por falta de pago de rentas". El desahucio no ha sido ejecutado todavía.