El intermediario de la compra del Granca sale en libertad investigado por estafa

José Lucas Cruz ratificó en la mañana de ayer en el juzgado las declaraciones que ya había realizado el viernes en la comisaría de Las Palmas de Gran Canaria, tras su detención en relación con el desvío de unos 800.000 euros de subvenciones de la Diputación de Ourense, destinada a colegios profesionales , a una cuenta bancaria relacionada con Jameos & Members S.L., de la que es administrador único. Según la investigación, que ha sido negada también por el intermediario, las transferencias eran alteradas por un delincuente informático (hácker).

El inversor defendió que la subvención pública en investigación se encontraba en una cuenta Sepa a su nombre, que hace referencia a la zona única de pagos en euros, que garantiza su seguridad, transparencia y es muy respetable para hacer negocios.

Vigilancia de Europa

El supuesto fraude, tal y como publicó este periódico, se cometió durante los últimos días. La Diputación de Ourense efectuó las transferencias a las entidades beneficiarias, entre ellas dos operaciones con cargo a los presupuestos de este año, a colegios profesionales. Estas últimas se desviaron primero a una cuenta de Madrid, después a otra de Las Palmas y finalmente a una en el extranjero, que supuestamente es de la sociedad Jameo & Members SL., de Las Palmas de Gran Canaria , y cuyo fin es la asesoría a empresas.

Cuando uno de los perceptores de las ayudas orensana se dio cuenta de que el dinero no llegaba, la Diputación hizo sus comprobaciones y se percató de que no se trataba de un error, sino que habían sido víctimas de un hackeo. La administración provincial presentó una denuncia, que salpicó a Cruz Barrera.

El intermediario negó que pueda haber usado a un delincuente informático para lograrlo, por la dificultad que eso entraña. No en vano, alega, la denominada 'Single Euro Payment Area', es la zona dentro de Europa en la que los ciudadanos, las empresas y otros agentes económicos gestionan y reciben pagos en euros, con igualdad de condiciones, derechos y obligaciones, todo ello con independencia de su ubicación y de que implique a distintos países.

En segundo lugar, el abogado insistió en que también existe un segundo control del propio banco, ya que el destino del dinero es rastreable, pudiendo ser bloqueado.

Al inversor se le reclama una partida de 89.000 euros y otra de 80.000, de su labor de intermediación. Y, según el abogado, prácticamente todo se recuperará. Faltan ahora unos 20.000 euros que están en trámite, y solo sería irrecuperable en primera instancia entre 5.000 y 7.000 euros, que estaría dispuesto también a liquidar. En este dinero se incluyen monedas virtuales Bitcoins, que están bloqueadas en un fondo, y que también será aportado. En este caso, se trata de unos 17.000 euros.

"Todo se ha sacado de quicio". Juan Sánchez Limiñana señala que la detención se podía haber evitado, porque todo tiene su explicación, como a su juicio se ha demostrado con su colaboración. Y echa la mirada a algún funcionario de la Diputación de Ourense, quien a su entender, debió cambiar la cuenta bancaria.

Además, le pareció del todo inverosímil que se hable de un pirata informático para desviar ese dinero. Y que los policías de delitos cibernéticos hayan aceptado esta tesis.

El abogado lamentó que se haya criminalizado a su defendido, y que su imagen está sufriendo un gran daño, sin que se trate de grandes operaciones. "No es delito ni malo ser intermediario, no se le puede demonizar, sobre todo cuando atrae a empresas potentes que quieren invertir aquí".