El magistrado del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Arcadio Díaz Tejera, emitió ayer un auto en el que ordenaba el desalojo del Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco después de que se confirmara que al menos dos de los internos habían dado positivo en coronavirus y que las instalaciones no garantizan el aislamiento de quienes tienen los síntomas de la enfermedad debido al hacinamiento. Los migrantes son trasladados a otros centros para así preservar su salud y la de los trabajadores.

Un correo del Jefe de Sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, Amós José García, en el que advertía la presencia de dos positivos entre las personas que se encuentran en la antigua cárcel, motivó la decisión judicial. En el correo remitido ayer, el médico apuntó que, si bien los internos, por sus edades -la mayoría son jóvenes-, deberían tener en líneas generales síntomas leves e incluso asintomáticos, "es razonable entender que dadas las vías de transmisión de ese microorganismo, el hacinamiento constituye un factor favorable para la expansión de la infección entre las personas hacinadas, por lo que lo ideal es disponer de espacios que eviten esa situación".

La decisión del juez en funciones de guardia, que además es el encargado de controlar el CIE, se basa, por un lado, en que "existe un progresivo empeoramiento de los servidores públicos que han estado o están prestando servicios"; y, por el otro, en que las instalaciones carecen de "condiciones adecuadas para garantizar el debido aislamiento de los internos con síntomas o que han dado positivo por contagio del Covid-19". A esto añade: "La decisión adoptada en el presente auto se basa en estrictas razones de salud y orden público, dada la imposible expulsión del territorio nacional por causa de fuerza mayor, y por estrictas razones de humanidad, velando por el derecho a la salud tanto de los agentes como de los migrantes que se encuentran en el CIE".

La urgencia de la medida obliga a las administraciones a realojar a los migrantes en distintos centros de la Isla que garanticen el derecho a la salud tanto de los servidores públicos que los custodian como de los internos. En este sentido, Díaz Tejera solicitó en el auto que el ritmo de remisión "debe ser el mas ágil posible debido al progresivo contagio que se está produciendo en el centro por el hacinamiento en que se encuentran los internos y por la inexistencia de las condiciones adecuadas para garantizar el debido aislamiento de los internos con síntomas o que han dado positivo por contagio del Covid-19", según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El magistrado también hizo referencia a los vuelos de expulsión que se están realizando en los últimos meses, ya que estos internos son susceptibles de ser extraditados a los países de donde partieron como Mauritania, donde a su vez los trasladan a Mali y Senegal, de donde procede la mayoría. En este sentido, el magistrado señaló que estos vuelos se encuentran suspendido debido al estado de alarma decretado por el Gobierno.

A falta de confirmación de las cifras por parte de la Delegación del Gobierno, las estimaciones que maneja la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) de Canarias indican que en Barranco Seco había en este momento medio centenar de internos, según informó Efe.