La Guardia Civil ha desmantelado en el sur de Gran Canaria dos puntos de venta de droga en Mogán con la detención de cuatro personas que atraía a sus clientes en las inmediaciones de un centro comercial de Puerto Rico. El juez los ha enviado a prisión por supuestos delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

En dos registros de viviendas realizados el pasado lunes, los agentes hallaron útiles para la manipulación y adulteración de drogas y se incautaron de 54.845 euros en efectivo, 10,230 kilos de hachís, 420,8 gramos de marihuana picada, 61,3 gramos de cocaína, 20,26 gramos de metanfetamina, fármacos ansiolíticos y estimulantes, dos balanzas de precisión, dos espadas tipo katana y 1 GPS, además de un vehículo.

La operación denominada Bicigula se inició en mayo de 2019, cuando la Guardia Civil recibió diferentes quejas por parte de la administración de un centro comercial de Puerto Rico, en las que se alertaba del aumento de la inseguridad por el menudeo de drogas que llevaban a cabo personas de origen magrebí.

Las pesquisas desarrolladas por agentes del área de Investigación del puesto de Puerto Rico-Mogán determinó que había dos vías de delictivas de actuación: una referente a la venta de drogas y otra al blanqueo de dinero. Los investigados recibían en sus domicilios una afluencia continua de personas, muchas de ellas turistas, que iban a adquirir sustancias estupefacientes. Además, los agentes comprobaron que captaban a sus clientes en las inmediaciones o dentro del centro comercial, donde facilitaban a sus potenciales compradores un número de teléfono al que debían llamar para recibir instrucciones y la dirección de los apartamentos donde se completaba la venta. Esta práctica habitual y reiterada durante años causó en determinados momentos sensación de impunidad a los integrantes de la organización, generando al mismo tiempo una sensación de alarma social en la zona turística, destaca la nota.

La investigación patrimonial, por su parte, evidenció pruebas del envío de partidas de dinero a través de empresas de remesadoras. La Guardia Civil pudo acreditar el envío de unos 50.000 euros en efectivo y en pequeñas cantidades, para no ser detectados, a terceras personas residentes en Marruecos. Esta práctica evidenció las ilícitas actividades de este grupo, ya que se pudo demostrar que ninguno de sus miembros ejercía ningún tipo de actividad profesional ni percibía ningún tipo de prestación económica.