La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Grupo Adscrito de Policía Judicial, ha imputado un delito de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y de estafa a un hombre que se apropió durante nueve meses de un coche de alquiler.
El día 1 de agosto del año 2019, A.J.B., de 44 años y natural de Las Palmas de Gran Canaria, debía entregar en una agencia de alquiler de coches el vehículo que había alquilado una semana antes. Sin embargo, la agencia de alquiler tuvo que denunciar la apropiación indebida tras haberse retrasado 10 días en la fecha de entrega.
Nueve meses después, y sin que el arrendatario hubiese hecho entrega del vehículo a la agencia de alquiler, el día 25 de abril de 2020 la Policía Local capitalina intervino por mal estacionamiento el vehículo, que fue trasladado al depósito. Sin embargo, el arrendatario se dirigió al depósito y, con un contrato de alquiler falsificado, retiró nuevamente el coche del depósito.
La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria inició entonces una investigación para localizar al individuo. Las pesquisas realizadas por el Grupo de Policía Judicial de la Policía Local, en colaboración con los patrullas de la Unidad de Distritos del Cuerpo de seguridad capitalino, sirvieron para que el pasado 14 de mayo se interceptara al vehículo circulando por la calle Barcelona de la capital Gran Canaria.
La Policía Local retiró entonces el vehículo al conductor y lo trasladó al depósito municipal, quedando este a disposición judicial para que no pueda ser retirado salvo orden expresa de un Juez.
Por su parte, al conductor se le imputaron tres delitos por apropiación indebida, falsificación de documento mercantil y estafa, quedando en calidad de investigado tras la remisión de las diligencias por la Policía Local al Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.
Además, los agentes comprobaron que desde que el vehículo fue alquilado por el conductor investigado en julio de 2019, le constan un total de cuatro denuncias de tráfico, entre ellas dos por exceso de velocidad, por las que deberá responder si resulta condenado por la autoridad judicial.
